Redacción Canal Abierto | La escena terminó como había empezado: con una mayoría de senadores dispuesta a avanzar en contra de los trabajadores aun cuando la discusión de fondo quedó abierta. Tras horas de exposiciones cruzadas, invocaciones constitucionales, referencias bíblicas, acusaciones de atropello reglamentario y advertencias sobre un aumento de la conflictividad judicial, la Reforma Laboral de Javier Milei obtuvo media sanción en el Senado con 42 votos afirmativos y 30 negativos. Ahora el proyecto pasa a la Cámara de Diputados.
La ley avanzó con el respaldo del oficialismo, bloques provinciales y un grupo de senadores justicialistas que rompieron la línea histórica del peronismo en materia de derechos laborales y votaron a favor de la iniciativa, habilitando el número necesario para su aprobación.
Entre los votos que resultaron decisivos se contaron los de legisladores del interbloque peronista que, bajo el argumento de introducir “mejoras” al texto o de responder a acuerdos con sus gobernadores, acompañaron artículos centrales del proyecto. El dato no es menor: sin esos votos justicialistas, el oficialismo no alcanzaba la mayoría.
Se trata de los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, ambos del Frente Renovador de la Concordia Social del gobernador Hugo Passalacqua; Julieta Corroza, de La Neuquinidad de Rolando Figueroa; Flavia Royón de Primero los Salteños, que responde a Gustavo Sáenz; Edith Terenzi de Despierta Chubut y la tucumana Beatriz Avila, de Independencia.
Uno de los discursos más contradictorios fue el de la exsecretaria de Energía de Sergio Massa primero y de Javier Milei después, Flavia Royón. “Este ley laboral claramente no va a crear empleo. Este es un proceso más complejo, donde tenemos que discutir la competitividad de nuestras economías y cómo Argentina se encamina al desarrollo”, dijo. A pesar de eso, acto seguido agregó: “Pero, sí considero que este proyecto da un marco, ordena y moderniza (…) Lo voy a acompañar”, remató.
En su alocución también había advertido sobre la gravedad de la creación de un Fondo de Cese Laboral, con dinero de los jubilados. “No me parece correcto que socialicemos el riesgo empresario. ¿Por qué nuestros jubilados tienen que pagar indemnizaciones del sector privado?”, se preguntó. Habría que responderle que, en buena parte, gracias a su voto.
También acompañaron el proyecto dos senadores del peronismo federal: el correntino Carlos Mauricio “Camau” Espínola y Alejandra Vigo, y diez senadores del radicalismo que, vale recordarles, también pertenecen a un partido de origen obrero.
Represión en las veredas
Mientras tanto, en las inmediaciones del Congreso, organizaciones sindicales, movimientos sociales y agrupaciones políticas se movilizaron en rechazo a la reforma. Alrededor de las 16, cuando las columnas de la CGT ya emprendían la retirada, y luego de que un pequeño grupo resistiera en las vayas policiales con piedras, proyecties improvisados y hasta cañitas voladoras, las fuerzas federales y la policía de la Ciudad dieron paso a una inusitada represión contra una manifestación multitudinaria y mayormente pacífica.
El saldo -según confirmó a Canal Abierto la Red Federal de Derechos Humanos– fueron al menos 23 detenidos convalidados (y otra cantidad de retenidos que no se pudo precisar). A esto se suman alrededor de 300 heridos y escenas de ilegalidad que rozaban el ridículo. Alrededor de las 21, el móvil de C5N mostró en vivo cómo un agente de la motorizada pasaba por al lado de un chico de poco más de 20 años que intentaba cruzar la calle y, de la nada, le empezaba a dar cachiporrazos en distintas partes del cuerpo.
Minutos después, un pequeño grupo que aplaudía pacíficamente sobre la vereda de la Plaza del Congreso fue atacado por un ejército de infantes en lo que parecía una escena de guerra. Pertrechados con escudos, cascos y armas, avanzaron sobre ellos, golpeándolos y deteniendo personas a su paso.
Por su parte, Nicolás Caropresi, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), relató cómo fue la emboscada en la que detuvieron a decenas de militantes de ese espacio político: “Nos venían tirando balazos de goma desde atrás. Cruzaron una moto adelante, nos hicieron un corralito y nos tiraron gas cuando estábamos en el piso”, contó.
Para las centrales obreras, la represión funcionó como una señal política: la reforma no sólo se impone con acuerdos parlamentarios sino también con control en la calle.
Dentro del recinto, el jefe del interbloque de Unión por la Patria, José Mayans sintetizó esa posición al afirmar que se trata de “una ley abiertamente inconstitucional” y que “viola el 14 bis y viola tratados internacionales y el pacto de San José de Costa Rica”. Más temprano, había advertido que el procedimiento legislativo presentaba “vicio de nulidad de origen” y que no puede construirse una norma de semejante alcance “basado en el atropello”.
En la misma línea, Mariano Recalde sostuvo que “lo que llaman modernización es, en realidad, retroceder décadas en materia de derechos”, y advirtió que el costo social de la flexibilización recaerá sobre los sectores más vulnerables del mercado laboral.
En esa línea, el contexto económico atravesó todo el debate. En ese sentido, ayer mismo se conocieron los datos de empleo. Como explicó Ismael Bermúdez en Clarín, la brutal pérdida de puestos de trabajo registrado en el sector privado es tal -300.000 en los dos años de Gobierno- que supera ampliamente a la sangría en el sector público, y tampoco se compensa con la creación de nuevos monotributistas. Así, con salarios que no paran de perder poder adquisitivo y una demanda interna en picada, la caída del consumo y la actividad industrial se superpuso a los “costos laborales”.
En su exposición, Sergio Uñac (Unión por la Patria) planteó que el problema central no es la “rigidez laboral” sino la recesión. Y señaló la contracción del mercado interno, la caída de la actividad industrial y el deterioro del poder adquisitivo como factores que explican la destrucción de empleo.
“Es hora de pasar por encima de los dirigentes traidores”
Finalmente, alrededor de las 4 de madrugada, entre gallos y medianoche, la Reforma Laboral recibió media sanción. Ahora, será el turno en Diputados. El oficialismo prevé que la votación sea en la última semana de febrero.
De cara a esa nueva batalla, el Frente de Unidad Sindical, integrado por las CTA y gremios de la CGT encabezados por la Unión Obrera Metalúrgica, prometió oponer resistencia. “Vamos a luchar contra esta reforma. Vamos a continuar este plan de lucha. A los gobernadores, al Presidente, y a los senadores y diputados les decimos: sepan que el Pueblo no les va a perdonar esta infame traición a la Patria que quieren firmar”, dijo Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma durante la manifestación de ayer.
Y agregó: “Si hay sindicalistas que creen que es más importante conservar sus sillones, le recordamos lo que decía Amado Olmos: sindicatos con honra, centales que no se rinden”.
En esa línea, Rubén “el Pollo” Sobrero de la Unión Ferroviaria adelantó: “Estamos hablando algunos gremios . Es hora de pasar por encima de los dirigentes traidores de la CGT, porque no nos van a llevar a la época de la esclavitud. Estamos tranquilos, voten lo que voten (los senadores), 44 tipos no van a decidir por millones de trabajadores. No es la primera vez que nos enfrentamos a una reforma laboral”, recordó.