Redacción Canal Abierto | El 31 de marzo vencen 70 mil contratos de trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Nacional. Ese día se espera que el Gobierno efectivice una segunda ola de despidos en el sector público.
En ese marco, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a una reunión del Consejo Directivo Nacional este jueves por la mañana del que participarán las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo es profundizar su plan de lucha y definir medidas de fuerza para “evitar un escenario de cesantías masivas a fin de mes”, sostiene el comunicado.
“Es inminente el despido de miles de trabajadores en la Administración Pública Nacional”, manifestó su secretario General, Rodolfo Aguiar.
Es inminente el despido de miles de trabajadores en la Administración Pública Nacional. Los tiempos se aceleran y no podemos esperar hasta abril para realizar un nuevo paro general.”.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
Los puestos que corren peligro son, en realidad, de trabajadores precarizados que en su mayoría trabajan desde hace años en el Estado, pero cuya modalidad fue la de una contratación “temporal” renovada anualmente. La última prórroga se firmó el 31 de diciembre, y fue por tres meses.
Manual de despidos
La reunión se realiza en el marco de un “manual de despidos” que se conoció en los últimos días, proveniente del los altos mandos gubernamentales, donde se detalla cómo comunicar e instrumentar las desvinculaciones de empleados de todos los organismos y dependencias estatales. Allí se indica que las primeras comunicaciones serían verbales y se iniciarían el 26 de marzo.
“Los tiempos se aceleran y no podemos esperar hasta abril para realizar un nuevo paro general. Se están erradicando derechos, destruyendo puestos de empleo y demoliendo los ingresos de los trabajadores, jubilados y sectores populares. Las centrales obreras deberían evaluar anticipar su llamado a una nueva huelga nacional”, agregó el dirigente.
La primera ola de despidos fue a pocos días de asumido el gobierno de Javier Milei y se efectivizaron el 2 de enero. En esa ocasión 1.500 trabajadores se enteraron cuando llegaron a su lugar de trabajo que ya no lo tenían. A ellos le siguieron varios más en diversas dependencias (PAMI, la Agencia Nacional de Discapacidad, Inadi, Télam, Conicet, Instituto de Agricultura Familiar, etc.)
Según los registros del sindicato, el 31 de marzo vencen 65 mil vínculos laborales de los denominados “artículo 9 de la Administración Pública Nacional”, y otros 6 mil de los conocidos como “1.109”.