Redacción Canal Abierto | Argentina registra un aumento sostenido de los diagnósticos de Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). En 2025, según el Boletín Epidemiológico de VIH e ITS del Ministerio de Salud de la Nación, se contabilizaron alrededor de 6.900 nuevos casos de esta infección. Esto implica que diariamente 19 personas adquirieron el virus.
En el bienio 2023-2024, la tasa nacional fue de 14,2 casos cada 100.000 habitantes, que asciende a 23,4 cada 100.000 en algunas provincias del NOA. El mismo boletín estima que 140.000 personas viven con VIH en el país.
Además del aumento sistemático de nuevos casos, hay que destacar que el 48,1% de estos diagnósticos se realizan de forma tardía, en una etapa avanzada de la infección, lo que incrementa la mortalidad, los costos sanitarios y la posibilidad de transmisión a otras personas.
Frente a este escenario de una enfermedad en constante crecimiento la respuesta del Gobierno es el desfinanciamiento de políticas públicas esenciales, el desabastecimiento de insumos críticos como los preservativos —en el marco del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, la distribución real cayó un 45,5 % entre 2023 y 2024 (de 4,4 millones a 2,4 millones), y solo se entregó el 9,1% de lo planificado para 2024 (26,1 millones de preservativos)—, y la parálisis de los mecanismos institucionales previstos por la Ley 27.675 -de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y Tuberculosis (TBC).
A esta epidemia en desarrollo hay que sumarle la cantidad histórica de casos de sífilis: en 2025, la enfermedad se incrementó un 71% respecto al período 2020-2024.
Ante la falta de respuesta del Poder Ejecutivo, con la crisis epidemiológica detallada y en ocasión del Día Internacional del Preservativo, coincidente con el inicio del Carnaval, el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, Hepatitis y Tuberculosis, conformado por más de 30 organizaciones de todo el territorio argentino, envío al Congreso de la Nación un petitorio para que declare por ley la Emergencia Nacional de Salud Sexual.
La epidemia es política
El Programa 22 (de respuesta al VIH, ITS, Hepatitis y Tuberculosis) sufrirá una reducción del 38% en dólares entre 2024 y 2026. Pasó de una inversión de US$ 70,8 millones en 2024 a un presupuesto de US$ 43,6 millones para 2026. El programa pasará a representar sólo 2% del presupuesto del Ministerio de Salud; en 2023 representaba 4,8%. Las metas físicas del Presupuesto 2026 prevén atender a 71.500 personas con VIH, cuando en 2024 se atendieron 79.170.
No se prevén en el presupuesto las compras de tratamientos preventivos con PrEP (profilaxis preexposición) y PEP (profilaxis postexposición), dejando sin cobertura más de 11.000 personas que las utilizaron en años previos. Son tratamientos antirretrovirales altamente efectivos para prevenir el VIH: la PrEP, para personas en alto riesgo de exposición; y la PEP se aplica en caso de una posible exposición, dentro de las 72 horas.
Durante 2025, el Estado Nacional no realizó compras de preservativos. El desabastecimiento generó faltantes críticos en todo el país. Mientras, en 2023 se distribuyeron 30 millones de unidades a través del Programa 22, y 25,3 millones mediante el Programa 25; en 2025, al tercer trimestre, se habían distribuido apenas 832 preservativos.
En 2025, la motosierra también avanzó contra la Dirección Nacional de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis, más de la mitad de su personal fue despedida. Y en 2026, aún no se han renovado los contratos del equipo restante. A su vez, las coordinaciones de los programas específicos de Hepatitis Virales y de Tuberculosis han sido cerrados y desmantelados.
Este vaciamiento institucional afecta la capacidad operativa del Estado nacional, interrumpe líneas de trabajo estratégicas y debilita los mecanismos de articulación con las provincias y la sociedad civil.
Sífilis
Además del incremento de diagnósticos de VIH, en 2025 se relevaron 55.183 casos de sífilis, el número más alto del que se tenga registro en nuestro país. Esto representa un aumento del 20% respecto del año anterior y del 71% respecto de la media 2020-2024.
El 76 % de los casos se concentra en personas de 15 a 39 años, con picos en los grupos de 20 – 24 y 25 – 29 años. En mujeres y personas gestantes, los casos aumentaron un 10% este último año.
Para dimensionar la gravedad de la situación, podemos comparar datos epidemiológicos: Entre 1990 y 2005, no se llegaban a los 10 mil casos anuales, el año pasado se superaron los 50 mil.
El petitorio
Las organizaciones solicitan que la declaración de emergencia incluya:
1) Asignación extraordinaria de presupuesto para restituir y ampliar las partidas destinadas a salud sexual, VIH, ITS, hepatitis virales y tuberculosis, y asegurar su ejecución prioritaria en el Presupuesto 2026.
2) Compra y distribución urgente de insumos esenciales: preservativos, test rápidos, tratamientos antirretrovirales, PrEP y PEP, tratamientos para otras infecciones de transmisión sexual e infecciones oportunistas, reactivos para el seguimiento de la carga viral y las defensas, con distribución federal, continua y sin barreras.
3) Reactivación inmediata de los órganos creados por la Ley 27.675, como la Comisión Nacional y el Observatorio de Estigma y Discriminación, garantizando su funcionamiento regular, con participación efectiva de la sociedad civil.
4) Reincorporación del personal técnico despedido en la Dirección Nacional de Respuesta al VIH, ITS y Hepatitis, y reconstrucción de sus programas específicos, incluyendo Hepatitis y Tuberculosis.
5) Financiamiento directo, sostenido y transparente a las organizaciones de la sociedad civil, conforme a lo establecido en los Art. 1 y Art. 21 inc. h de la Ley 27.678, y a los objetivos de ONUSIDA sobre el rol central de las comunidades en la respuesta al VIH. Esto debe incluir fondos concursables, líneas específicas para OSC y mecanismos ágiles de transferencia y transparencia.
6) Diseño e implementación de campañas públicas de prevención y educación sexual integral, con enfoque de género, diversidad, interculturalidad, juventud y federalismo, dirigidas especialmente a poblaciones clave y personas en situación de vulnerabilidad.
7) Garantía de cumplimiento obligatorio por parte de obras sociales y prepagas, con mecanismos rápidos de reclamo y sanción ante el incumplimiento de prestaciones establecidas en la Ley 27.675 (artículo 3).
8) Fortalecimiento del poder de vigilancia, control y sanción del Ministerio de Salud y la Superintendencia de Servicios de Salud ante los incumplimientos por parte de obras sociales, prepagas o sistemas provinciales.9) Garantía del acceso efectivo a derechos sexuales y reproductivos más allá de las ITS, a partir de la Implementación plena de la Ley de Educación Sexual Integral en todo el país, con aumento del presupuesto en la Secretaría de Educación; provisión sostenida y gratuita de tratamientos hormonales para personas trans conforme a la Ley de Identidad de Género; y garantía del acceso universal al aborto legal, seguro y gratuito, con insumos disponibles, equipos capacitados y sin barreras institucionales, en cumplimiento de la ley vigente.