Redacción Canal Abierto | La aprobación en Diputados de la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei volvió a dejar expuesta una fractura en el peronismo, pero también una polémica tradición parlamentaria: el uso de la caja del Estado nacional para chantajear a gobernadores y legisladores de la oposición.
El oficialismo consiguió quórum y luego mayoría para artículos centrales de la iniciativa -que amplía el período de prueba, debilita el esquema indemnizatorio y habilita nuevas modalidades de contratación con menor protección, entre otras medidas regresivas- gracias al acompañamiento de legisladores que integran formalmente bloques supuestamente opositores, pero responden a gobernadores con estrategia de “diálogo” con la Casa Rosada.
Los gobernadores y sus alfiles
Entre los mandatarios señalados por habilitar ese margen de acción destacan los peronistas Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta). En cada caso, diputados alineados con sus gestiones facilitaron el quórum o votaron afirmativamente artículos clave.
En el caso tucumano, los diputados Agustín Fernández, Elia Fernández y Gladys Medina —identificados con el espacio de Jaldo— acompañaron el avance del proyecto. En Salta, legisladores cercanos a Sáenz también fueron decisivos en la aritmética parlamentaria.
Los catamarqueños ayudaron para que el oficialismo consiga el quorum en el inicio de la sesión, aunque luego rechazaron el proyecto en la votación en general.
Al igual que Hugo Passalacqua (Misiones), el gobernador santacruceño Claudio Vidal olvidó su historia sindical y ordenó a José Garrido que ocupara su banca para abrir el debate.
Del interbloque cordobés que responde al gobernador Martín Llaryora, destacaron las ausencias de Juan Schiaretti, Ignacio García Aresca ni Alejandra Torres. Así, el peronismo mediterráneo -también conocido como “cordobesismo”- evitó efectivizar su rechazo al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), uno de los puntos más cuestionados del proyecto.
Discursos críticos, votos afirmativos
Lo que encendió aún más la polémica fue la contradicción entre los posicionamientos expresados en el recinto y el sentido final del voto. Algunos de estos diputados cuestionaron artículos puntuales, advirtieron sobre el impacto social de la precarización y reivindicaron la tradición protectoria del derecho laboral argentino. Sin embargo, al momento de la definición, habilitaron el quórum o votaron a favor en general.
En sus intervenciones, hubo referencias a la necesidad de “modernizar sin perder derechos” y de “introducir cambios responsables”. Pero la letra aprobada incluyó herramientas que los propios oradores habían señalado como problemáticas. Esa disonancia entre discurso y decisión política es la que detonó la acusación de “traición” en sectores sindicales y militantes.
El diputado y presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, advirtió que “el Gobierno armó packs para que los diputados puedan votar” a favor de la reforma laboral.
Negociación fiscal y pragmatismo territorial
Desde las provincias, la justificación giró en torno a la asfixia financiera: la administración de Milei mantiene un esquema de fuerte presión sobre las cuentas provinciales, con recorte de transferencias y negociación caso por caso.
A esta estrategia pragmática para hacerse de recursos, se suman otros pactos como el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, una ambición compartida por el lobby minero y los gobernadores de distritos que comparten la cordillera (Catamarca, San Juan, La Rioja, Santa Cruz, Rio Negro entre otras).
Una fractura que excede la ley
El episodio deja una pregunta de fondo: ¿puede el peronismo sostener un discurso de oposición frontal al programa libertario si parte de sus representantes viabiliza las reformas estructurales en el Congreso?
Más allá de la discusión técnica sobre la reforma laboral, la votación reconfigura el mapa interno del principal espacio opositor. Y exhibe, con crudeza, una tensión no resuelta entre identidad política y supervivencia fiscal en las provincias. Para el Gobierno, la señal es clara: la fragmentación opositora es un activo.
Para el peronismo, en cambio, la sesión dejó algo más que una ley aprobada: dejó una herida política abierta. Por abajo, quizás esta crisis resulte oportuna para la construcción de un nuevo espacio de representación, más coherente y fiel a un amplio sector de la oposición que se opone a las políticas de Milei.