Redacción Canal Abierto | La Mesa de Derechos Humanos de Mina Clavero y Traslasierra, junto a la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Traslasierra y la Mesa Provincial por los Derechos Humanos de Córdoba, con el acompañamiento del FIT, de referentes locales del Frente de Todos y de artesanos y artistas callejeros convocan a una serie de actividades que se realizaran este sábado 13 de febrero para escrachar al represor Enrique Armando Cicciari, cuyo juicio lleva cuatro años de demora.
El militar está procesado por crímenes cometidos en la Comisaría 8va de La Plata, acusado por cuatro homicidios agravados, 36 privaciones ilegítimas de libertad con violencia y 25 privaciones ilegítimas de libertad con violencias o amenazas por más de un mes, en el marco de la causa que se encuentra en el Tribunal Oral N° 1 de La Plata, a la espera de que se fije fecha de inicio para el juicio oral. Además, fue acusado por otros crímenes en el centro clandestino La Cacha, también de la capital bonaerense.
María Cecilia Mogilner Gavaldá, hija de desaparecidos e integrante de la Mesa de Derechos Humanos de Mina Clavero, explica a Canal Abierto que el objetivo es “reclamar que comience el juicio y visibilizar que esta acá, porque nosotros recibimos el dato hace dos años pero la gran mayoría de la gente en Mina Clavero y en Cura Brochero, la localidad que está al lado, no tenían ni idea que estaba viviendo un represor acá”.
Cicciari estuvo prófugo durante cuatro años, con pedido de captura por el Ministerio de Justicia de la Nación. Finalmente, fue encontrado y capturado en el 2016 en el domicilio donde actualmente reside.
“Mientras el ministerio había ofrecido una recompensa por información que permitiera ubicarlo, él hizo su vida normal, de hecho le hizo un juicio al Estado por sus haberes jubilatorios”, advierte Mogilner, y agrega: “Por lo que pudimos averiguar, hace al menos 10 años que esta acá”.
Un episodio de alto impacto mediático y repercusión internacional podría arrojar una idea de los años que lleva el represor en el turístico valle cordobés: su hijo Fernando Cicciari (30), y la novia, Gloria Pérez del Cerro, fallecieron en el difundidísimo accidente que protagonizó el conocido relacionista público “Gaby” Álvarez en Punta del Este, en 2008, y los medios provinciales anunciaron que el joven sería enterrado en Mina Clavero, ya que allí vivía su padre.
“Una de las personas que nos pasó el dato, que lo había visto muchas veces y lo registraba bien, lo vio en la terminal de ómnibus de Córdoba Capital, a 150 kilómetros, en el 2019, cuando ya estaba hacía rato con domiciliaria”, cuenta Mogilner. “Además, recorriendo los negocios estos días, en el primero que fuimos a llevar el afiche nos dijeron ´él ha venido a comprar acá´, y cuando vamos averiguando vemos que salía libremente. Ahora, desde que empezamos con esta movida, hace un mes y medio, no sale más”, agrega.
En 2017 los camaristas Juan Carlos Gemignani, Ángela Ledesma y Eduardo Riggi le concedieron a Cicciari el beneficio de prisión domiciliaria, aunque, según aseguran los querellantes, goza de un excelente estado de salud.
“Él trabajaba en Inteligencia, dentro de la delegación de la Comisaria 8va, y es una persona que ha sabido escabullirse, desde el 86. Declaró en el comienzo de lo que después se llamo Circuito Camps, pero solo como testigo y nunca fue imputado ni procesado. Después declaró en el 99 en los Juicios por la Verdad de La Plata, pero ahí dijo que como ya había hablado antes, no iba a volver a hablar. Se lo acusó por La Chacha en el 2010, pero se dictó falta de méritos y no lo juzgaron. Como muchos de los casos por los que está acusado en la Comisaria 8va se repiten de La Cacha, ahora sí se considera que hay suficiente documentación como para juzgarlo”, detalla la militante.
La jornada de mañana comenzará a las 17 con una radio abierta en la Plazoleta de Merlo, en el ingreso a Mina Clavero, transmitida por la FM comunitaria Radio Tinku. Luego, a partir de las 19 marcharan hasta la casa del represor Cicciari, a 12 cuadras de la plaza.
El comunicado de la convocatoria concluye: “Denunciamos la justicia cómplice que demora los juicios de lesa humanidad y que premia con domiciliaria a represores mientras las cárceles de la Argentina están históricamente llenas de personas que cometieron delitos menores: más de la mitad de la población carcelaria se encuentra con prisión preventiva, por delitos que, en gran parte, son excarcelables. Está claro que la justicia se apura en encerrar en condiciones inhumanas de hacinamiento, insalubridad y tortura a las personas pobres de nuestro país, pero se encarga de darles todos los privilegios posibles a los genocidas”.
“¡Exigimos la cárcel común y efectiva para Cicciari y para todos los represores! Que se avance sobre su proceso judicial para llegar a una sentencia justa. La única casa para un genocida es la cárcel”.
