Redacción Canal Abierto | Columnas del Frente Sindical de Unidad, de organizaciones sociales y agrupaciones políticas confluyeron este viernes frente al Congreso de la Nación para expresar su rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei.
Desde temprano, las inmediaciones del Parlamento amanecieron valladas y con un fuerte operativo de seguridad. De todos modos, los manifestantes lograron concentrarse sobre Avenida Rivadavia y Entre Ríos, donde se montó un escenario donde referentes sindicales y sociales cuestionaron con dureza el contenido del proyecto oficial.
¿“Modernización” o más flexibilización?
El Ejecutivo presenta la reforma como un paquete de medidas orientadas a “destrabar la generación de empleo” y reducir la litigiosidad laboral. Entre los puntos más cuestionados figuran la ampliación del período de prueba, la creación de fondos de cese laboral en reemplazo de indemnizaciones, la promoción de esquemas de contratación más flexibles y cambios en el régimen de multas por empleo no registrado, además del cercenamiento del derecho a huelga y asamblea.
Para los gremios, se trata de un esquema de flexibilización que consolida la precarización. “Quieren trabajadores sin estabilidad, sin indemnización y con menos capacidad de organización sindical”, señalaron desde el palco los representantes de las dos CTA, sectores de la CGT, movimientos populares y partidos de izquierda.
Un Congreso blindado, un debate en curso y sospechas de pactos
Mientras en las calles se desarrollaba la movilización, en el interior del Congreso continuaban las negociaciones parlamentarias. El oficialismo da por descontada su aprobación gracias al apoyo de bloques aliados.
La protesta se desarrolló de manera pacífica, pese a los habituales embates policiales hacia el final de la jornada.
Un conflicto que recién empieza
La jornada dejó una señal política: el rechazo a la reforma laboral no se limita a un sector específico del sindicalismo, sino que articula a distintos espacios del movimiento obrero y popular. Varios dirigentes adelantaron que, de avanzar el proyecto en el recinto, evaluarán nuevas medidas de fuerza, incluyendo paros y movilizaciones federales.
“El Gobierno quiere imponer un cambio estructural en el mundo del trabajo sin diálogo social real. Si insisten, va a haber más conflicto”, advirtieron desde el escenario.
Por lo pronto, abogados y especialistas ya evalúan varios puntos de la norma, que podría ser declarada inconstitucional incluso antes de su aplicación.
Como advirtieron varios manifestantes a lo largo del día, “esto recién empieza”.
