Redacción Canal Abierto | Un nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad comenzó el martes en Neuquén y vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento del circuito represivo que operó en el Alto Valle durante la última dictadura. El Tribunal Oral Federal juzga a ocho exintegrantes de fuerzas militares y de seguridad acusados de participar en secuestros, privaciones ilegales de la libertad y tormentos contra 16 víctimas en distintas localidades de Neuquén y Río Negro.
El proceso es el noveno de la serie conocida como “La Escuelita”, en referencia al centro clandestino de detención que funcionó en el predio del Batallón de Ingenieros de Construcciones 181, en la ciudad de Neuquén, uno de los principales nodos del aparato represivo en la región.
En la primera audiencia del juicio, tras escuchar la acusación formulada por la fiscalía, los ocho imputados fueron indagados y varios anticiparon que responderán en etapas posteriores del debate. Algunos manifestaron su desacuerdo con los cargos y uno de los exmilitares incluso descalificó a la fiscalía durante su intervención. La jornada se desarrolló con la sala colmada de público —al punto de que debieron agregarse sillas— y estuvo atravesada por homenajes a referentes de derechos humanos fallecidas en los últimos años, como la dirigente de la APDH neuquina Noemí Labrune y las Madres de Plaza de Mayo de la provincia. Tras las indagatorias, el tribunal dispuso que la etapa testimonial comience la semana próxima con la declaración de tres mujeres.
Entre los acusados hay exintegrantes de áreas de inteligencia del Ejército y funcionarios vinculados a la estructura militar de la época. Cinco de ellos llegan por primera vez a juicio, mientras que otros ya fueron condenados en causas anteriores por delitos de lesa humanidad.
Según la acusación, el grupo de tareas actuaba en diversas ciudades del Alto Valle —como Neuquén, Cipolletti, Catriel, San Martín de los Andes, Bariloche y J.J. Gómez— donde realizaba operativos de secuestro y sometía a las víctimas a interrogatorios bajo tortura. Los hechos investigados corresponden a 16 casos de detenciones ilegales y tormentos.
Cuatro de las víctimas continúan desaparecidas: Leticia Veraldi, Juan Raúl Pichulmán, Carmen Delard Cabezas y José Luis Appel de la Cruz. Sus casos forman parte central del debate judicial que buscará reconstruir qué ocurrió tras sus secuestros durante el terrorismo de Estado.
Uno de los ejes del debate será determinar cómo el circuito represivo de Neuquén y el Alto Valle se articuló con el Plan Cóndor, la red de coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur. En ese marco se investigan casos que podrían evidenciar la persecución de militantes extranjeros o de personas que habían cruzado fronteras para refugiarse, así como el intercambio de información entre los servicios de inteligencia de distintos países. El juicio buscará establecer si en la región se aplicaron mecanismos propios de ese dispositivo transnacional, que permitió la captura, traslado ilegal y desaparición de opositores políticos en varios países de América del Sur durante los años setenta.
La apertura del debate oral tuvo una fuerte presencia de organismos de derechos humanos y público en la sala, en un contexto atravesado por la ausencia de históricas referentes neuquinas que fallecieron en los últimos años, entre ellas integrantes de Madres de Plaza de Mayo y la dirigente de la APDH Noemí Labrune, impulsora de los juicios en la región.
El proceso se suma a una larga serie de causas judiciales que investigan el accionar del terrorismo de Estado en la zona del Alto Valle, donde ya hubo varias condenas contra exmilitares, policías y agentes de inteligencia por los crímenes cometidos durante la dictadura.
Acusados
En el banquillo de los acusados están exintegrantes del Ejército y de áreas de inteligencia que actuaron en el circuito represivo de la región. Entre ellos se encuentran los exmilitares Oscar Lorenzo Reinhold, quien fue jefe de Inteligencia del Comando de la Brigada de Infantería de Montaña VI; Luis Alberto Farías Barrera, Enrique Braulio Olea y Eduardo Rodolfo Corradi, todos vinculados al Batallón de Ingenieros de Construcciones 181 de Neuquén; además del exagente de inteligencia Raúl Antonio Guglielminetti, que actuó en tareas represivas durante la dictadura. También llegan a juicio otros exintegrantes de fuerzas de seguridad que formaron parte del aparato represivo en la región y que están acusados de participar en operativos de secuestro, detenciones ilegales y tormentos contra las víctimas investigadas en esta causa.
