Redacción Canal Abierto | Hace poco más de un mes, el pasado 14 de febrero, la Ley de Entidades Financieras cumplió 44 años. La fecha tiene importancia porque a partir de entonces se transformó para siempre la relación de la Argentina con el capital financiero internacional.

La norma sancionada durante la última dictadura cívico militar -con la anuencia de la Junta encabezada por Jorge Rafael Videla, aunque ideada por su ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz- cambió las reglas de juego y funcionó como complemento de las políticas de destrucción del aparato productivo y sobre endeudamiento estatal.

Casi cuatro décadas más tarde, la misma ley -aunque con pequeñas modificaciones- posibilitó que en las dos semanas posteriores a su asunción el gobierno de Mauricio Macri abriera las puertas a los capitales especulativos, posibilitara la fuga y emprendiera un endeudamiento vertiginoso y sin precedentes cuyos impagables vencimientos están en el centro de las preocupaciones nacionales.

“Los delitos de lesa humanidad estuvieron acompañados de delitos económicos en los que participó el sistema financiero argentino, es decir, Banco Central, Banco Nación, Comisión Nacional de Valores”, afirma a Canal Abierto el historiador especialista en materia económica y financiera, Bruno Nápoli. “La Carta abierta de un escritor a la Junta Militar (marzo de 1977) de Rodolfo Walsh habla fundamentalmente de esa ligazón entre política y economía que resulta clave para entender el terrorismo de Estado”.

En esta entrevista, Bruno Nápoli -docente, ensayista e investigador de historia reciente en delitos económicos- analiza la alianza entre la dictadura y las corporaciones en la desregularización de la economía, la destrucción del aparato productivo y la adquisición de deuda que luego fue estatizada gracias a la ley de entidades financieras, un lastre normativa todavía vigente.

Deuda

“Cuando la última dictadura inicia su proceso en 1976 la deuda pública externa era de 6 mil millones de dólares, cuando se van es de 45 mil millones de dólares. El robo fue absoluto”.

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Querella criminal

En la última apertura de sesiones del Congreso el Presidente anunció el inicio de una causa penal para identificar a los autores y partícipes del endeudamiento asumido durante el gobierno de Mauricio Macri con el FMI, por unos US$55.000 millones, al que calificó como “la mayor administración fraudulenta y la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra”.

“El andamiaje legal es complicado a la hora de investigar, pero el tema acá es abrirlos los archivos, así como hicimos con nuestra investigación sobre la Comisión Nacional de Valores. ¿Qué personas físicas y jurídicas dolarizaron activos justo cuando entraron todos los dólares de ese préstamo? ¿Qué funcionarios gestionaron el ingreso de ese dinero y por ende favorecieron a amigos? Levantando el secreto fiscal podemos encontrar muchas claves para investigar”.

Negociación con el FMI

“Está claro que se va a llegar a un acuerdo, pero no creo que resulte en una quita: el Fondo Monetario Internacional está conformado por 189 paises, cuándo le pedis dinero al FMI le debes casi a todo el planeta”.

Ley de entidades financieras

“No sólo es una normativa sancionada por un gobierno ilegal e ilegítimo, sino que conservó -incluso después de las 18 reformas que sufrió en todos estos años de democracia- un espíritu a favor de la concentración del capital en pocas manos. Hay un dato revelador al respecto: a fines de los 70´ había 63 bancos en Argentina, hoy tenes la misma cantidad con el doble de población y el triple de instrumentos financieros”.

La dictadura y los empresarios víctimas

El terrorismo de Estado que asoló a la Argentina entre 1976 y 1983, más allá de los crímenes de persecución ideológica y política que lo caracterizaron, era parte sustancial de un plan para la implementación de un modelo económico neoliberal que brindaba un sinnúmero de oportunidades para hacer nuevos negocios.

“La gran mayoría de los desaparecidos eran trabajadores, muchos delegados de fábrica, pero también hay mas de 100 empresarios, banqueros y financistas secuestrados para desapoderarlos de sus bienes”.

Semanas atrás comenzó el juicio oral por la causa Chavanne-Grassi, un caso emblemático sobre la persecución a grupos económicos durante la última dictadura bajo la figura de ‘subversión económica’. Se juzgarán los delitos cometidos contra 28 personas, entre directivos de ambas empresa, abogados y familiares.

En la causa están acusados dos civiles: el ex integrante de la Comisión Nacional de Valores (CNV) durante la última dictadura cívico militar, Juan Alfredo Etchebarne, y el ex miembro de la SIDE y agente parapolicial Raúl Guglielminetti, quien tiene condenas por crímenes cometidos en el centro clandestino de Automotores Orletti.

El origen de esta investigación se remonta a 2011, durante la gestión de Alejandro Vanoli en la CNV, cuando el abogado Pedro Biscay encontró actas en el organismo de la época de la dictadura en un CD, donde se daba cuenta de las actuaciones de la entidad en la operatoria del Banco Hurlingham.

Se conformó entonces un equipo de investigación interdisciplinario formado por Celeste Perosino, Walter Bosisio y Bruno Nápoli que culminó en el libro “La Dictadura del Capital Financiero”, en cual se documenta la trama bursátil que hubo tras el golpe del Estado del 24 de marzo de 1976.

“En su defensa, Etchebarne se muestra como Eichmann en Jerusalén (juicio que inspiró a la filósofa Hannah Arendt para su libro Un estudio sobre la banalidad del mal), un burócrata que cumplió con su rol y nada mas”.

 

Entrevistador: Diego Leonoff (@leonoffdiego)

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