Redacción Canal Abierto | El proceso legal por los secuestros, tormentos y homicidios que sucedieron en los centros clandestinos que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería de la Policía bonaerense, que funcionaron en un mismo espacio en las grandes instalaciones ubicadas en la intersección de las calles 1 y 60 de la capital provincial y en las comisarías 8va y 2da de esa ciudad, entra en su etapa final.
Luego de los alegatos sólo restará la etapa del veredicto y la sentencia del tribunal que juzga a los ex miembros de la plana mayor del Regimiento de Infantería 7 Rubén Vicente Sánchez, Enrique Armando Cicciari, Ismael Ramón Verón, Enrique Francisco Welsh y Alberto Jorge Crinigan, Lucas Marcelo Castro, los ex oficiales del Destacamento 101 de Inteligencia Carlos María Romero Pavón, Roberto Armando Balmaceda y Jorge Héctor Di Pasquale; Tomás D’ Ottavio, Raúl Ricardo Monzón, Claudio Rubén Mejías, del Cuerpo de Infantería Motorizada de la Policía Bonaerense; Carlos Ernesto Castillo (alias «El Indio») integró el grupo de tareas parapolicial conocido como CNU,(Concentración Nacional Universitaria), y el civil Jaime Lamont Smart, quien fue ministro de Gobierno de la provincia durante la dictadura.
La delegación de la CTA estuvo encabezada por el secretario General a nivel nacional Hugo “Cachorro” Godoy, quién valoró que “se siguen llevando adelante los juicios de lesa humanidad contra los genocidas” y consideró que “es un logro del pueblo argentino que fue capaz de derogar y anular las leyes de Obediencia Debida que hubieran permitido la impunidad”.
En línea con el planteo de la abogada representante de la CTA y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Josefina Rodrigo, Godoy indicó que “el 70% de los desaparecidos y desaparecidas fueron trabajadores, ya que constituían el blanco principal de la dictadura cívico militar, no sólo en la intención de destruir la organización sindical y social de los trabajadores que habían alcanzado un alto grado de protagonismo en la vida social, política y económica en los años 70’, sino también, que el objetivo de destruir la estructura industrial que había jugado un tan importante rol en le crecimiento de la clase trabajadora organizada en el país”.
En ese sentido, Godoy recalcó que “a 50 años de los crímenes, cuando el gobierno de Milei intenta reivindicar esa dictadura, negar la existencia de los 30 mil, y un Gobierno que hasta se está planteando la posibilidad del indulto, celebramos la continuidad de estos juicios. Por eso, es importante el respaldo y acompañamiento a quienes testifican haciendo esfuerzos de memoria para revivir momentos de tanta crueldad y angustia. Quienes están testificando se saben protagonistas de la historia, lo fueron en su momento y lo siguen siendo hoy. Por eso, desde la CTA en cada día de este 2026, vamos a estar reivindicando nuestra lucha por la memoria, la verdad y la justicia”.
A su turno, Rosario Hasperué, secretaria de Derechos Humanos de la CTA Autónoma bonaerense, explicó que “el enfoque de nuestros argumentos apuntar a pedir condenas por genocidio y cadena perpetua y cárcel efectiva para los criminales”. En ese marco, “la perspectiva de la querella de CTA y la APDH esgrimida para pedir las condenas, se basa en los testimonios que dan cuenta que entre las principales víctimas del accionar militar se encontraban los y las trabajadoras”.
Seguido, Hasperué recordó el testimonio de una trabajadora y delegada gremial en una fábrica, que fue secuestrada en el propio lugar de trabajo, y en presencia de los directivos de la fábrica, por hacer reclamos que tenían que ver con mejoras salariales, condiciones de trabajo o pedido de guarderías para hijas e hijos de los trabajadoras y trabajadoras”.
También estuvo el secretario General de la Regional La Plata, Emiliano Hueravilo, integrante de HIJOS nacido en la ESMA.
La causa
El juicio inició el 18 de mayo de 2023. Se juzga a 18 civiles, exmilitares y expolicías por delitos contra 294 víctimas en tres dependencias policiales que funcionaron como centros clandestinos en los cuerpos de Infantería y Caballería -que se ubicaban en el mismo espacio en las instalaciones de la intersección de las calles 1 y 60 de la capital provincial-, y en las comisarías 2da y 8va de la Bonaerense.
La fiscalía reveló que 141 víctimas eran únicamente trabajadoras; 36, estudiantes universitarias o secundarias; 31 eran profesionales y 22 estudiantes y trabajadores a la vez.
Más de la mitad de las víctimas trabajadoras tenían un empleo en fábricas y la mayoría de ellas se desempeñaban en el cordón industrial de La Plata, particularmente en el Astillero Río Santiago, en Propulsora Siderúrgica y en Sociedad Industrial Aparatos de Precisión (SIAP).
