Redacción Canal Abierto | “El cartucho de gas lacrimógeno que destrozó el cráneo del fotógrafo Pablo Grillo marcó un punto de inflexión en la libertad de prensa en Argentina”. Así lo advierten desde Periodistas Argentinas en Oíd Mortales: Cómo opera la máquina del silencio, el informe que dieron a conocer hoy, a un año del ataque contra el reportero gráfico y en vísperas del festival que se realizará esta tarde en Plaza de Mayo para exigir juicio y castigo a los responsables de la represión del 12 de marzo de 2025.
Ese ataque, “el más brutal” que soportaron hasta ahora las y los trabajadores de prensa en las coberturas de protesta social, no es aislado. Por el contrario, “para las fuerzas de seguridad somos un blanco”, denunciaron desde el colectivo en el reporte. Los números hablan solos: durante el año 2025, 184 periodistas y fotógrafo/as resultaron heridos mientras realizaban su trabajo, según la Comisión Provincial por la Memoria.
En este punto, el rol de la Justicia para garantizar la impunidad del Gobierno es clave. Ya el 19 de diciembre de 2023, Periodistas Argentinas había presentado un habeas corpus colectivo y preventivo para exigir que no se ataque a quienes se desempeñan en las calles. “A pesar de tratarse de una herramienta preventiva, que obliga al Poder Judicial a responder en 24 horas, el trámite demoró dos años en definir la competencia”. Al día de hoy, continúa sin respuesta.
A las agresiones en situaciones de coberturas informativas se suman el acoso judicial –ya son 44 las querellas contra periodistas iniciadas por el Estado argentino en los últimos tres años-, los ciberataques y las órdenes de censura. En total, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) contabiliza un total de 278 agresiones contra periodistas solo en 2025.
Para el colectivo de trabajadoras, “estos ataques a la prensa por parte del Estado argentino durante la gestión del presidente Javier Milei forman parte de un plan sistemático que tiene como objetivo silenciar, disciplinar y controlar la agenda pública con un objetivo: transformar la información en propaganda oficial”.
La reforma laboral impulsada por el Ejecutivo y sancionada el 27 de febrero de este año impacta de forma directa en las condiciones de trabajo del sector periodístico y contempla la derogación del Estatuto del Periodista Profesional, lo que constituye un golpe más al ejercicio de la libertad de prensa.
Estas agresiones tienen sus réplicas y particularidades en las provincias. En el informe, Periodistas Argentinas resalta un caso de censura previa de Tucumán: a partir de una petición realizada por Edmundo Jiménez, máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Tucumán, el juez Lucas Taboada dictó una resolución que prohíbe a los periodistas, productores y conductores del medio CCC “publicar críticas a fiscales, jueces o “al sistema de justicia provincial en su conjunto”, bajo apercibimiento de ser perseguidos penalmente por desobediencia judicial”.
Tortura, exilio y despidos
Además de presentar un panorama general sobre la grave situación que atraviesa al oficio periodístico, “Oíd Mortales” repasa cuatro casos paradigmáticos y extremos:
- El del joven fotógrafo, Pablo Grillo.
- El de la conductora de Futurock, Julia Mengolini, quien todavía enfrenta un proceso judicial luego de ser hostigada en redes por el propio Presidente de la Nación y padecer niveles de violencia digital que describió como “torturas”.
- El de Nancy Pazos, presidenta de Periodistas Argentinas, a quien le suspendieron el contrato en Telefé, el canal en el que trabajaba hace 8 años tras una denuncia que le hizo el entonces ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
- Y el menos difundido pero no menos grave, el de Manuela Calvo, la documentalista riojana que debió exiliarse temporalmente junto a su pareja e hijos, como consecuencia de la persecución judicial, el hostigamiento y las amenazas de muerte que recibió tras sus investigaciones sobre abuso infantil y corrupción en el Poder Judicial de esa provincia.
Calvo tomó notoriedad en 2021 tras realizar un documental sobre un caso de difusión de material íntimo, el primero en llegar a la Justicia y por el que se logró una condena de cinco años de prisión efectiva contra el responsable.
“En febrero de 2022, mientras se encontraba investigando y trabajando en su segundo documental, basado en el denominado ‘Caso Arcoíris’, la justicia de la provincia de La Rioja le impuso a Calvo una censura previa”, repusieron desde Periodistas Argentinas. “Debido a esta medida se le prohibió a Calvo publicar, divulgar, difundir cualquier información relacionada directa o indirectamente con el “Caso Arcoíris”, y se le instó a borrar todo aquel trabajo relacionado con esta causa”.
Las medidas siguieron: el domingo 5 de junio de 2022 fue allanado el domicilio de la periodista y se le sustrajeron todos sus elementos de trabajo, junto a los de su cónyuge, y le iniciaron una causa por desobediencia a la autoridad. Al cabo de siete días, el 12 de junio, la jueza de Instrucción María Eugenia Torres respondió a un habeas data presentado por el equipo legal de Calvo, ordenando fijar como punto de pericia de los dispositivos confiscados toda ‘información vinculada a la niña’ y por consiguiente realizar la devolución de los mismos. El 23 de junio el equipo legal de Calvo conoció una lista de allanamientos provistos para ese mismo mes, en el que se incluían a las mismas abogadas.
A pesar de los distintos reclamos presentados por un conjunto de diputados y diputadas nacionales, de distintos partidos, en octubre de 2022 la Justicia agregó una segunda imputación penal por el mismo caso con el delito de impedimento de contacto. La causa se inició por una denuncia del defensor Oficial de Niñas, Niños y Adolescentes e Incapaces, Pablo Ernesto Cubillo, en su poder de representación de la menor.
“Posteriormente, en 2023, distintas medidas judiciales le prohibieron la cobertura de otros casos similares en la provincia, como el llamado ‘Caso Cosquillitas’. En junio de 2023, la jueza provincial Ana Carla Menem impuso una medida de censura contra Calvo, quien se encontraba realizando una investigación en una causa donde se denunciaba a esa jueza”.
“Para el año 2024, Calvo había denunciado cuatro censuras previas, sin resolverse, y varias amenazas de muerte. En mayo de 2025 denunció un intento de detención ilegal de uno de sus hijos por parte de la policía de la provincia de La Rioja, hecho que llevó a la familia a exiliarse temporalmente fuera del país”.
