Redacción Canal Abierto | Una denuncia anónima radicada en la secretaría 22 del juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 11 y también en la Oficina Anticorrupción apunta contra Mario Gutiérrez, gerente de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).
Según la presentación, el funcionario del gobierno libertariano habría incurrido en los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad ideológica de la creación jurada, aumentando casi 30 veces su patrimonio en dos años.
La denuncia también establece que Gutiérrez figura como deudor tipo 1 en el Banco Central y no puede justificar gastos de tarjeta de crédito por 60 millones de pesos.
Esta situación se suma a una constante amenaza de despidos y vaciamiento de la SSS y a la aplicación de sanciones de manera arbitraria, evitando multar a las grandes empresas de medicina prepaga y actuando con dureza contra las obras sociales más chicas, según denuncias hechas por ATE.
El mismo sindicato organizó en las últimas semanas “paros a la japonesa” que consistieron en redoblar el esfuerzo de los trabajadores para acelerar la resolución de reclamos, buscando mostrar el papel central que cumple el personal del organismo en la defensa del derecho a la salud.
El sindicato estatal también manifestó que la gestión actual del organismo promueve un sistema de mediación prejudicial no obligatoria denominado PROMESA, que trasladará los costos al beneficiario y fomentará la judicialización de los conflictos.
Esta situación se suma al reclamo por la obra social Unión Personal, la cual aplica coseguros diferenciados a trabajadores estatales que no estén afiliados a UPCN, una práctica que tachan de discriminatoria e ilegal, como así también coseguros para las intervenciones quirúrgicas, los cuales violan el Plan Médico Obligatorio.
Y este mediodía, el gremio movilizó a la sede del organismo, donde la junta interna acompañada por el Secretario General Rodolfo Aguiar realizaron una conferencia de prensa.
“Las autoridades de este organismo están desplegando conductas delictivas. No sólo intentan paralizar todas las tramitaciones para vaciar esta institución y evitar de esta manera controlar a las prepagas, favoreciendo negocios multimillonarios a cambio de la muerte de numerosos pacientes, sino que ahora también surgen graves irregularidades en sus patrimonios y gastos. Los delitos que se están cometiendo comprometen la transparencia de la institución y deterioran la confianza pública”, indicó Aguiar.
Y explicó que “existe un desmanejo grave en el organismo que pone en riesgo todas las prestaciones. Cajonean expedientes con reclamos, establecen sanciones sólo para las obras sociales más chicas y miran para otro lado frente a los incumplimientos groseros de las empresas de medicina prepaga, permiten el cobro de plus, coseguros y aranceles diferenciados que son ilegales. Están jugando con la salud y la gente se está muriendo. Tienen que terminar presos”.
“La Superintendencia ha funcionado durante décadas gracias a la exclusiva responsabilidad, esfuerzo, sacrificio, vocación de servicio y profesionalidad de sus trabajadores. No vamos a permitir que la destruyan. Los funcionarios actúan de manera dolosa porque le quieren favorecer los multimillonarios negocios a las empresas de medicina privada. Vinieron a saquear y destruir el sistema nacional de obras sociales y no vamos a permitir que lo hagan”, concluyó el dirigente estatal.
