Redacción Canal Abierto | La reforma a la Ley de Glaciares, aprobada en el Senado en febrero de 2026, no sólo modifica criterios ambientales: redefine un mapa de intereses económicos de escala global.
Según el informe Los ganadores del deshielo, elaborado por José Maldonado, la iniciativa abre paso a un conjunto de proyectos mineros que hasta ahora estaban limitados por la normativa vigente y consolida un entramado de beneficiarios que va desde multinacionales extractivas hasta grandes fondos financieros.
El cambio central es jurídico, pero con consecuencias materiales inmediatas. La ley original establecía una protección amplia sobre glaciares y ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua. La reforma introduce un criterio restrictivo: sólo quedarán protegidos aquellos cuerpos de hielo que demuestren una “función hídrica efectiva”, delegando además en las provincias la potestad de definirlo. En los hechos, se invierte la carga de la prueba y se fragmenta el sistema de protección ambiental.
El informe advierte que este giro normativo no es abstracto. Tiene destinatarios concretos. El 75% de los proyectos cupríferos del país requerían modificar la ley para avanzar, según reconoció la propia Cámara Argentina de Industrias Mineras. Entre ellos se destacan emprendimientos como Vicuña Corp —una alianza entre BHP y Lundin Mining—, los proyectos El Pachón y MARA de Glencore, y Los Azules de McEwen Cooper. Todos comparten una característica: se ubican en zonas con presencia de glaciares o ambiente periglacial inventariado por el Estado.
En paralelo, la reforma también beneficia a operaciones ya en marcha que habían sido cuestionadas judicialmente. El caso paradigmático es Veladero, explotado por Barrick, que registra antecedentes de derrames contaminantes en áreas protegidas. La nueva normativa funcionaría como una cobertura legal para actividades previamente objetadas.
Detrás de estas empresas aparece otro nivel de concentración: los grandes fondos de inversión globales. BlackRock y Vanguard, que administran activos por decenas de billones de dólares, tienen participación accionaria significativa en la mayoría de las compañías involucradas. Según el informe, esta estructura permite que el mismo capital que se fuga del país retorne bajo la forma de inversión extractiva, ahora con beneficios fiscales y regulatorios reforzados.
La reforma no actúa en soledad
Se articula con un paquete normativo más amplio que incluye el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la reducción de cargas impositivas y la flexibilización del ingreso y egreso de divisas. En conjunto, estas medidas reducen la presión fiscal sobre la gran minería y garantizan estabilidad jurídica por décadas. En ese esquema, la modificación de la Ley de Glaciares aparece como la pieza que faltaba: remover el obstáculo ambiental.
El andamiaje político que hizo posible la reforma también es parte de la trama. Lejos de tratarse de una iniciativa aislada del gobierno nacional, el informe señala el rol clave de las provincias mineras agrupadas en la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre, que impulsaron durante años cambios en la normativa. La votación en el Senado reflejó esa lógica territorial: legisladores de provincias con intereses extractivos acompañaron la reforma más allá de su pertenencia partidaria.
En ese cruce entre recursos naturales, capital financiero y decisiones políticas se define el alcance real de la reforma. Lo que está en disputa no es sólo un marco regulatorio, sino el control sobre bienes estratégicos como el agua en un contexto de crisis climática y escasez creciente.
El “deshielo” al que alude el informe no es únicamente ambiental. Es también normativo: el retroceso de las protecciones que hasta ahora limitaban el avance de actividades extractivas en zonas sensibles. Y, como muestra el relevamiento, tiene ganadores claros.
