Redacción Canal Abierto | En un hecho inusitado, la Justicia ordenó el embargo de casi $3.000 millones sobre las cuentas de FATE por el incumplimiento de los fallos de Cámara. La medida, aprobada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°17, implica un sacudón a favor de los trabajadores en el conflicto que mantiene paralizada la planta de San Fernando desde febrero debido al lockout del grupo empresario de Javier Madanes Quintanilla.
La orden de ejecución logró trabar el embargo sobre las cuentas bancarias sin notificar al demandado para evitar cualquier movimiento de fondos que impidiera el cobro de los salarios adeudados.
El fallo entiende que la empresa incumplió la orden de la Sala II del 6 de abril pasado que ordenaba el pago de salarios adeudados tanto a los 256 que continúan en planta y a los 644 que fueron desvinculados.
Por ello, a primera hora del día de ayer, los bancos recibieron la orden de inmovilizar los fondos de las cuentas vinculadas a la empresa para garantizar pago de $2.600 millones correspondientes a salarios netos de febrero y marzo, más otros $300 millones estimados en intereses y costas judiciales.
Además, el fallo le exige a la empresa que cumpla con la conciliación obligatoria y garantice los puestos de trabajo hasta julio de este año.
El conflicto estalló en febrero pasado, cuando la empresa anunció el cierre definitivo de su planta en San Fernando y el despido de sus 920 trabajadores. Tras décadas de operación, la compañía argumentó que la decisión se debió a la caída de las ventas, la apertura de las importaciones y la alta conflictividad gremial.
Ante esta situación, los gobiernos nacional y de la provincia de Buenos Aires dictaron una conciliación obligatoria por 15 días para frenar los despidos y promover el diálogo. Sin embargo, la medida no logró destrabar el conflicto, y la empresa continuó sin pagar los salarios, lo que derivó en nuevas medidas gremiales y denuncias judiciales, que devinieron en este fallo.
El conflicto trascendió lo laboral y se convirtió en una disputa política, con cruces entre el presidente Javier Milei y el gobernador Axel Kicillof por la responsabilidad en la crisis. Al día de hoy, la fábrica continúa cerrada, los trabajadores mantienen su reclamo y la pulseada judicial sigue abierta.
