Redacción Canal Abierto | En las últimas horas Coca-Cola FEMSA, principal embotelladora de la gaseosa en el país que emplea a 600 trabajadores, pidió a la Secretaría de Trabajo que habilitara un procedimiento preventivo de crisis. Según informó la empresa, estaría atravesando «una etapa compleja» por la caída de ventas.

Aunque la baja en el consumo es una realidad e incluso símbolo en tiempos macristas, esta mañana el periodista Pablo Anino publicaba datos que, por el contrario, dan cuenta de la salubre economía de la empresa: en septiembre de 2018 la casa central de Femsa declaró un avance de 6,1 % en la utilidad operativa consolidada.

Más allá del caso particular, resulta cada vez más recurrente la utilización patronal del procedimiento preventivo de crisis como herramienta de ajuste. De hecho, el promedio de empresas que se han presentado en procedimientos preventivos de crisis es de aproximadamente 60 por año, desde 2005 en adelante. Pero el 2018 marcó el pico con un total de 108 empresas.

“El incremento en el último tiempo sin lugar a dudas se puede explicar por un contexto de fuerte crisis económica, pero también porque el empresariado observa una mayor permisibilidad por parte de la actual Secretaría de Trabajo”, explicó a Canal Abierto el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte.

Por tomar un ejemplo reciente, la empresa Fate, principal productora de neumáticos del país, días atrás también presentó un proceso de este tipo ante la Secretaría de Trabajo. Según denunciaron en su momento los delegados la lista Gris del Sutna en FATE, la patronal evaluaba la posibilidad de despedir a más de 400 operarios, una cuarta parte del personal de convenio de su planta de San Fernando.

Los trabajadores fueron notificados a través de un “aviso al personal” y se les informó que el PPC se debe a “pérdidas millonarias” durante los últimos años y a “causas externas e internas” por las que se requiere la “adecuación de turnos”.

“Lo utilizan como variable de presión. Buscan poner a los trabajadores en la encrucijada de tener que perder derechos para no perder el empleo”, señaló Cremonte.

La presentación del PPC le impide, en principio, tomar medidas de fuerza al gremio. Se trata de una habitual maniobra empresarial para sembrar en los trabajadores las dudas y el temor a la pérdida de puestos de trabajo, minando el terreno en un contexto en el que se tiene que rediscutir la paritaria frente al desacople entre salarios e inflación.

¿Qué es un procedimiento preventivo de crisis de empresa?

Sancionada en el año 1991, la ley 24013 establece una serie de normativas vinculadas al mundo del trabajo, entre ellas el Procedimiento Preventivo de Crisis. Se trata de una herramienta por la cual una patronal primero debe acreditar ante el Estado –hoy la Secretaría de Trabajo, y antes el Ministerio- una situación crítica en sus finanza (con la presentación de balances, por ejemplo), y a su vez plantear un plan para salir de dicha supuesta crisis. Puede implicar medidas de distinta índole, pero generalmente consiste en despidos, suspensiones o modificación de la producción. El proceso también implica la participación del sindicato, que debe contestar a esa presentación y proponer acuerdos y desacuerdos.

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