Redacción Canal Abierto | El Ministerio de Capital Humano difundió un comunicado en el que exige a las universidades nacionales “asegurar el normal dictado de clases”, en medio de un conflicto creciente por el recorte presupuestario y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La intimación oficial se da mientras el Ejecutivo sostiene una política de ajuste que vuelve inviable el funcionamiento cotidiano de las instituciones.
El texto oficial, sin embargo, evita cualquier referencia al deterioro salarial de docentes y no docentes, a la paralización de programas de investigación y extensión, y al atraso en la actualización de partidas para gastos de funcionamiento, todos factores que explican la conflictividad actual.
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) vienen advirtiendo que el presupuesto vigente quedó rápidamente desfasado frente a la inflación, lo que obliga a las universidades a operar con recursos reales muy por debajo de los necesarios.
A esto se suma la decisión del Gobierno de no cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, que establece mecanismos de actualización y previsibilidad presupuestaria.
En ese marco, la intimación del Ministerio es leída por distintos sectores como un intento de trasladar la responsabilidad del conflicto a las propias universidades. “Nos piden que sostengamos el sistema con recursos que no están”, sintetizan desde rectorados y gremios, donde señalan que garantizar clases sin financiamiento adecuado implica profundizar la precarización laboral y el deterioro de la calidad educativa.
El frente sindical universitario ya desplegó medidas de fuerza en las últimas semanas, con paros y movilizaciones masivas en todo el país. La consigna central apunta al aumento de salarios y al cumplimiento de la ley de financiamiento, en un escenario donde el poder adquisitivo de los trabajadores del sector sufrió una caída abrupta desde la asunción de Javier Milei.
«La variable de ajuste no pueden ser los docentes sosteniendo las aulas abiertas a costa de su salario. Mientras no paramos y la trayectoria académica de los alumnos no se afectó y a nadie le importo nada los docentes estemos bajo la línea de pobreza», lanzaron Docentes Autoconvocados UNSAM. El mensaje es el mismo en cada uno de los gremios.
Por su parte, el Gobierno sostiene su narrativa de “ordenamiento del gasto” y cuestiona lo que define como “privilegios” dentro del sistema universitario. Sin embargo, evita abrir instancias de negociación paritaria que permitan recomponer salarios y actualizar partidas, lo que agrava la tensión.
El conflicto universitario se inscribe en una política más amplia de ajuste del gasto público, con impacto directo en áreas sensibles como educación, salud y ciencia. En ese contexto, la exigencia de garantizar clases sin asegurar condiciones materiales mínimas aparece como un gesto más de disciplinamiento antes que como una solución de fondo.
Mientras tanto, en las aulas y pasillos, la incertidumbre crece, al punto que ya hay convocada una nueva marcha federal para el próximo 12 de mayo. Las anteriores resultaron unánimes, quizás de las más masivas de las últimas décadas.
