Por Gladys Stagno | Desentonando con el clima de época, un proyecto de ley pretende sumar derechos laborales a los trabajadores y trabajadoras de plataformas digitales.
Presentada en la Cámara baja por un grupo de diputados de Unión por la Patria, la iniciativa plantea un reconocimiento a la relación de dependencia —que existe de hecho pero no en los papeles— entre las empresas y los trabajadores.
El asunto no es menor si tenemos en cuenta el contexto: con una informalidad que alcanza al 43% de la población económicamente activa, ya son más de 1 millón de personas las que trabajan como repartidores o conductores de aplicaciones en la Argentina.
El número es aproximado porque faltan cifras oficiales, se trata de estimaciones del Sindicato de Base de Trabajadores por Aplicación (SiTraRepA) que aún no tiene personería jurídica y que desde hace tiempo viene reclamando muchas de las reivindicaciones que establece el proyecto de ley: el derecho a una remuneración mínima y a la desconexión, límites a la jornada laboral, y obligaciones por parte de las empresas, como la entrega de equipos de trabajo y protección, la transparencia algorítmica y estaciones sanitarias gratuitas.
Un problema mundial
El texto del proyecto nacional fue craneado por el diputado Hugo Moyano (hijo), quien asesora en su calidad de letrado a varios gremios, y apoyado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof.
También cuenta a su favor con un precedente jurídico. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires acaba de emitir una sentencia donde consideró a los repartidores de PedidosYa y Rappi como trabajadores en relación de dependencia, y multó a esta última con $16 millones por incumplimientos de registración laboral y normas de seguridad e higiene.
Y, si bien marcha a contramano de la reforma laboral anarcocapitalista aprobada por el Congreso en febrero, está en línea con las recomendaciones surgidas de la 113ª Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que más tarde que temprano reconoció que la regulación del trabajo de plataformas es una necesidad creciente en todo mundo.
En la orden del día de esa reunión, que se celebró en junio de 2025, se incluyó un punto normativo titulado “Realización del trabajo decente en la economía de plataformas”, en el que se activó el proceso para discutir, y eventualmente adoptar, un nuevo instrumento internacional sobre el trabajo en plataformas digitales.
Para sorpresa de muchos, la idea también es acompañada mayoritariamente por quienes trabajan en el sector, que tienen un promedio etario de 34 años. Al menos así lo revela un relevamiento reciente titulado Radiografía del trabajo mediado por plataformas en Argentina, que indagó por primera vez en lo que piensan estos trabajadores de nuevo tipo.
El trabajo –publicado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Córdoba pero realizado por un amplio equipo de investigación de distintas casas de estudio de todo el país, como parte del proyecto PICTO REDES– arroja algunos datos interesantes.
Qué dicen los trabajadores
En principio, que —pese a que la retórica de las empresas insiste en caracterizar su rol como “intermediarias” entre quien necesita un servicio y quien puede prestarlo— la idea no prende. A la pregunta sobre cómo se definen a sí mismos, sólo 1 de cada 10 trabajadores respondió con una categoría ligada a la idea del “emprendedurismo” (empresario, jefe, colaborador). Por el contrario, 4 de cada 10 se reconoció en el marco de un vínculo de subordinación con las empresas: 3 de cada 10 se definieron como trabajadores/as y 1 de cada 10 se consideró empleado/a.
En el mismo sentido, consultados sobre los distintos aspectos de su labor, el grado de insatisfacción más elevado se concentró en la falta de derechos laborales (vacaciones, aguinaldo, licencias, estabilidad), seguridad social (jubilación, obra social) y cobertura frente a riesgos del trabajo (accidentes). Y cuando los investigadores preguntaron sobre el nivel de acuerdo con la existencia de una organización sindical que los representara, solo un 18,3 % se manifestó en desacuerdo, en tanto que la mitad (49,4 %) se declaró parcial o totalmente de acuerdo.
El reclamo por mejoras y una organización que los respalde se explica por la realidad del sector. Según explicó Leila Argüello, dirigente del SiTraRepA, en diálogo con Canal Abierto, un repartidor necesita hacer entre 460 y 800 pedidos mensuales para alcanzar la canasta básica, que en marzo fue de $1.434.463,81 para una familia tipo. Lo que implica trabajar 10, 12 o 14 horas por día, los siete días de la semana, para poder cubrir además los gastos de combustible, monotributo, seguro y datos móviles.
Coincide con su cálculo el Índice APP de la Fundación Encuentro, el que establece que un delivery cobró en promedio $2.554 por pedido en septiembre de 2025, lo que lo obliga a realizar un promedio de 461 pedidos.
Por su parte, el estudio de PICTO REDES, desarrollado en 2024, afirma que la mayoría de los trabajadores de plataformas tiene bajos ingresos. Sólo el 30% supera la mitad de una canasta básica total (actualmente, alrededor de los $700.000), un tercio trabaja más de 40 horas semanales, y 3 de cada 4 combinan su trabajo de plataformas con otra actividad (changas o empleos formales).
Más oferta, menos demanda
Para agravar la situación, el contexto de deterioro del consumo y los ingresos y la caída del empleo formal está generando un cuello de botella: cada vez hay más trabajadores de plataformas (oferta) y menos pedidos (demanda).
Según un informe de la consultora Focus Market, en el último año la capacidad de compra medida en pedidos cayó un 12% interanual, explicada en parte por el aumento de los costos del delivery. Las aplicaciones, sin ningún control ni regulación estatal, cobran a los comercios comisiones que oscilan entre el 25% y el 35%, valores que duplican los costos de, por ejemplo, Mercado Libre. Los consumidores, por su parte, deben pagar el costo del envío y una “tarifa de servicio” de entre 1,5% y 2%, que ya fue cuestionada judicialmente por el gobierno bonaerense por considerarla una práctica abusiva.
Tomando como ejemplo la pizza, uno de los pedidos más habituales de plataformas como Rappi y PedidosYA, ésta pasó de $17.700 a costar unos $25.000. Como consecuencia, un trabajador promedio puede comprar 69 pizzas al mes, cuando un año antes podía comprar 79. Esta pérdida de poder adquisitivo redujo la frecuencia de los pedidos y afecta a quienes trabajan repartiéndolos.
A juzgar por los números actuales, la regulación se impone: si el deterioro se profundiza, no habrá pedaleo que garantice la supervivencia.
