Publicada originalmente el 19 de junio de 2026
Redacción Canal Abierto | “Le mostraron una virgen. Le dijeron: ‘Tal vez esta es la hija que te faltaba’. También le pidieron que ‘conectara’ con el embarazo”.
Así comienza el posteo de Amnistía Argentina que cuenta el caso de Ana, una mujer de 40 años, madre de tres hijos, que fue al hospital Materno Infantil de San Isidro con la decisión ya tomada de realizarse un interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y debió enfrentarse a múltiples obstáculos y hostigamientos.
“Le dijeron que, por ‘protocolo’, tenía que pasar por una nueva consejería, aunque ya había recibido información previa y tenía su decisión tomada”, denunciaron desde la ONG. Y explicaron: “Obligarla a reconfirmar su decisión no es acompañamiento: es una barrera para el acceso de un derecho”.
“Cuando llegué -relató Ana- me derivaron a un consultorio llamado ‘Maternidades Vulnerables’. Me mostraron un muñeco. Me hicieron llorar. No buscaban escucharme. No buscaban ayudarme. Fue una experiencia muy dolorosa”.
A pesar de los obstáculos, Ana pudo acceder al procedimiento. Pero incluso después de realizarse el aborto continuaron las llamadas y mensajes insistentes preguntando si se había hecho una ecografía.
“No lograron hacerme cambiar de idea, pero a la que viene atrás sí puede afectarle. A mí no porque tengo herramientas, pero no todas estamos en el mismo lugar. Es todo un engaño que me parece cruel”, expresó la mujer sobre los motivos por los que decidió brindar su testimonio a la organización de Derechos Humanos.
La obstrucción como política municipal
Amnistía Internacional, que realiza un trabajo de monitoreo constante sobre el acceso a derechos sexuales y reproductivos, y el impacto en la salud de mujeres y niñas, ya venía registrando casos de obstaculización en el Hospital Materno-Infantil de San Isidro desde 2024.
Desde 2023, el municipio es gobernado por Ramón Lanús, exfuncionario durante el macrismo de la Agencia de Bienes del Estado (ABBE), otrora cercano a Larreta y hoy alineado totalmente a Patricia Bullrich y a Javier Milei.
Tal como recapitulan en el informe “El costo de la retirada: barreras, endeudamiento y desigualdad en el aceso al aborto en Argentina”, en 2024, ante la recepción de diversas denuncias intervino la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva de la Provincia de Buenos Aires, que consiguió que -de forma transitoria- el consultorio de “Maternidades Vulnerables”, dejara de funcionar.
Sin embargo, en 2025, nuevamente reaparecieron los casos de obstaculización, y Amnistía incluso detectó nuevos mecanismos que se habían puesto en práctica. Entre ellos: “dilaciones, exigencias de una segunda instancia de reconfirmación del consentimiento; e intentos de condicionar el acceso a la práctica a la realización de consultas de psicología, requisitos que no se encuentran previstos en el marco normativo vigente ni en los estándares aplicables para la atención de la interrupción voluntaria y legal del embarazo”.
El panorama dio un nuevo giro cuando en abril de 2026, a partir del caso de Ana, una investigación periodística de la CNN y una demanda judicial de Amnistía confirmaron la existencia de un protocolo municipal de atención de solicitudes de aborto que incorpora requisitos, procedimientos y restricciones que la normativa nacional no prevé.
“Este hallazgo representa un salto cualitativo en la caracterización del problema”. Así, porque se pudo comprobar que no se trata de prácticas aisladas del personal de salud, sino que la barreras responden “a directivas institucionales impulsadas desde las propias autoridades sanitarias locales”.
La existencia del protocolo fue confirmada en el expediente judicial que lleva adelante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo n°2 de San Isidro.
“¿Querés abortar? Te Ayudamos”
Durante 2026, Amnistía Internacional, que continuó recibiendo nuevos testimonios de mujeres que enfrentaron barreras para acceder al aborto en el municipio, también pudo documentar un modus operandi ya conocido en Argentina: el de las ONG antiderechos que actúan dentro de los centros de salud de forma ilegal para obstruir el cumplimiento de la ley.
“Entre los patrones relevados –precisaron desde Amnistía- se destaca la presencia de personas sin vínculo formal acreditado con el sistema de salud en las inmediaciones del hospital. Quienes denunciaron obstáculos en el acceso relataron haber encontrado, a la salida del establecimiento, mujeres con pecheras identificatorias, una mesa y un cartel que decía: “¿Querés abortar? Te ayudamos”. Sin embargo, según los testimonios recibidos, esas intervenciones no estaban orientadas a brindar información objetiva sobre el acceso a una prestación legal de salud, sino a intentar modificar la decisión de quienes se acercaban a solicitar la práctica”.
“También existen indicios de que algunas de esas personas habrían ingresado al consultorio durante consultas médicas, lo que, de confirmarse, podría vulnerar el derecho a la privacidad de las pacientes y el deber de confidencialidad que rige toda atención sanitaria”. Todo esto, con la aparente “tolerancia o habilitación institucional” por parte del Municipio.
“Amnistía Internacional –concluyen en el apartado- solicitó información sobre el eventual vínculo laboral o institucional de estas personas, pero no recibió respuesta por parte del municipio”.
