Redacción Canal Abierto | Si no alcanzaba con ser instrumentos de precaroización laboral y autoexplotación, las plataformas también se han convertido en una herramienta de endeudamiento. Según el último informe del Banco Central sobre Proveedores No Financieros de Crédito, la cantidad de deudores vinculados a plataformas de la denominada economía gig creció un 177% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, y volvió a aumentar otro 122% durante 2025.
Cada vez más repartidores y comercios recurren a las aplicaciones para obtener financiamiento, en un contexto de retracción del crédito bancario tradicional y pérdida del poder adquisitivo. Pero el costo de esa liquidez inmediata es alto, y sus consecuencias se sienten en la calidad de vida de quienes la toman. El fenómeno genera un circuito cerrado en el que la deuda y el empleo se retroalimentan.
El saldo promedio de deuda de los monotributistas que trabajan mediante aplicaciones se ubicó en alrededor de $900.000 al cierre de 2025. Para un repartidor promedio, que gana entre $1.500 y $3.000 por entrega, esa cifra representa varios meses de ingresos completos. En el caso de los comercios asociados, el monto promedio es hasta siete veces mayor, lo que evidencia que el endeudamiento no es un problema exclusivo de los trabajadores individuales, sino que atraviesa a todo el ecosistema de la economía de plataformas.
Los monotributistas representan el 54% de quienes acceden a estos préstamos y concentran más del 62% del saldo total financiado. Esto significa que el grueso del endeudamiento recae sobre quienes ya parten de una situación de mayor vulnerabilidad: sin obra social, sin estabilidad laboral y con ingresos que fluctúan según la demanda del día a día. Lejos de ser una herramienta de ascenso económico, el crédito se convierte en un ancla que profundiza la precarización.
Si en el sistema bancario tradicional el acceso al crédito se define por el historial crediticio, los ingresos formales y la capacidad de ofrecer garantías patrimoniales, en las plataformas el algoritmo de cada aplicación analiza variables como la antigüedad del repartidor, la cantidad de pedidos aceptados, la calificación de los clientes y la frecuencia de uso. De esta manera, la reputación digital se convierte en un activo financiero tangible en el que cada pulgar arriba o estrella deviene en un aval crediticio.
Las empresas que lideran el mercado han profundizado esta estrategia. Pedidos Ya, que comenzó a ofrecer créditos para comercios en 2022 y extendió el programa a repartidores en 2024, informó que ya otorgó 57.000 préstamos por un total de 84 millones de dólares. Los créditos para repartidores tienen un plazo máximo de seis meses y no pueden superar el 30% de los ingresos generados dentro de la plataforma.
En paralelo, Banco Galicia anunció una alianza con Rappi para brindar herramientas de financiamiento, iniciativas que las compañías presentan como mecanismos de inclusión financiera. Cabe destacar que se trata del único banco que ofrece seguro para autos utilizados en plataformas como Uber.
Pero detrás de ese discurso de inclusión se esconde una relación profundamente asimétrica. Las cuotas se descuentan automáticamente de las ganancias obtenidas por cada entrega, reduciendo el ingreso disponible del trabajador en el corto plazo. Para financiar la compra de una moto, por ejemplo, se exige una cuota de $70.000 semanales. Al anualizar ese esquema de pagos, la tasa de interés alcanza el 700% anual, según denuncias sindicales. Otras fuentes indican que la tasa puede ascender al 260% anual. En cualquier caso, son cifras que exceden ampliamente cualquier parámetro bancario y que revelan el carácter extractivo de este modelo.
El informe del Banco Central sobre Proveedores No Financieros de Crédito aporta claves para entender este fenómeno desde una mirada más estructural. Allí se define a la economía gig como “el ecosistema de plataformas digitales que conectan a trabajadores autónomos con clientes para servicios de corto plazo” y se señala que “resaltan como aspectos centrales el trabajo independiente y la autonomía, revalorizando la flexibilidad por encima de las formas tradicionales de empleo”.
Un punto llamativo del informe de la entidad monetaria es el que dice que “la base de un colateral digital que transforma la conducta laboral y la confianza del cliente en un activo financiero tangible permite a los trabajadores de la economía gig acceder a capital que pueden invertirlo en sus propias herramientas de trabajo”.
Esta definición pone en palabras una realidad inquietante: la conducta dentro de la plataforma —la constancia, la velocidad, la aceptación de pedidos— se convierte en un activo que puede ser monetizado. Pero también se reconoce que el crédito que toman estos trabajadores precarizados no deviene en crecimiento en materia de vivienda o de transporte personal, sino de las propias vehículos que utilizan para autoexplotación. A lo sumo, podría pensarse como expresión de progreso aquel repartidor que se endeuda con la propia empresa que lo precariza para pasar de una bicicleta a una moto.
Entonces, la promesa de la inclusión financiera pierde sentido cuando el crédito deja de ampliar oportunidades y comienza a convertirse en una condición necesaria para seguir trabajando. Si quien organiza el empleo también fija el ingreso, presta el dinero y cobra la deuda, la tecnología deja de ser una herramienta de inclusión para transformarse en un mecanismo de dependencia. En tiempos de Milei, donde el Estado se retira de toda injerencia y el mercado es quien regula, los augurios para los trabajadores no son auspiciosos.
