Publicada el 14 de agosto de 2026
Redacción Canal Abierto | Organizaciones de la sociedad civil, redes de derechos humanos y colectivos feministas y LGBTIQA+ nucleados en el Frente Orgullo y Lucha, junto con ILGA LAC (Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe), expresaron su “preocupación y repudio” por la adhesión del Estado argentino a la Declaración de Consenso de Ginebra.
La Argentina presentó el 13 de agosto su Nota de Adhesión a este instrumento político internacional impulsado por un bloque de países liderado por Estados Unidos. Según las organizaciones, el Consenso de Ginebra fue concebido para presionar contra los avances en materia de salud sexual y reproductiva alcanzados en distintos países y sostiene una posición que niega la existencia de instrumentos de derecho internacional que reconozcan el derecho al aborto legal y seguro.
La medida fue anunciada por el canciller Pablo Quirno.
Para el Frente Orgullo y Lucha e ILGA LAC, la decisión representa un alineamiento político con sectores conservadores internacionales y plantea un conflicto con el marco normativo vigente en Argentina.
“Constituye un grave alineamiento político con las agendas conservadoras y antifeministas que avanzan en nuestra región y pretenden limitar la autonomía de las mujeres y de todas las personas con capacidad de gestar”, sostuvo Florencia Platri, cosecretaria regional de ILGA LAC.
Las organizaciones consideran que la adhesión ubica a la Argentina junto a un bloque de países que impulsa el retroceso de derechos conquistados y advierten que ese posicionamiento puede habilitar intentos de reinterpretar, vaciar de contenido o debilitar en la práctica el acceso a derechos actualmente garantizados por las leyes nacionales.
Qué derechos están vigentes en Argentina
Frente a ese escenario, el comunicado pone el foco en el marco legal que continúa vigente en el país.
La Ley 27.610, sancionada en diciembre de 2020, garantiza el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo dentro del sistema de salud, de manera legal, segura y gratuita. A ella se suma la Ley 27.611, conocida como “Ley de los 1000 Días”, que establece un sistema de atención y cuidado integral durante el embarazo y la primera infancia.
Las organizaciones también señalan las obligaciones derivadas de los tratados internacionales de derechos humanos incorporados con jerarquía constitucional por el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional. Entre ellos mencionan la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que establecen obligaciones estatales vinculadas con la salud, la igualdad y la no discriminación de mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes.
El comunicado suma otros compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino, entre ellos la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer —Convención de Belém do Pará— y el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo.
En ese marco, las organizaciones sostienen que la adhesión al Consenso de Ginebra no puede traducirse en un desconocimiento de las normas nacionales vigentes ni de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado.
“La Ley del Aborto es el resultado de un largo y difícil recorrido de lucha de las militancias feministas, transfeministas y populares argentinas. Fue conquistada en las calles y sancionada democráticamente por el Congreso de la Nación”, sostuvo Andrea Rivas, presidenta de AFDA (Familias Diversas Asociación Civil).
“Ningún capricho ideológico del gobierno de turno puede borrar esa historia colectiva ni desconocer un derecho que hoy forma parte del marco legal vigente”, agregó.
“Soberanía sobre nuestros cuerpos”
Las organizaciones también advierten que la discusión sobre el aborto involucra al conjunto de los derechos sexuales y reproductivos y alcanza específicamente a las personas LGBTIQA+.
Para María Laura Olivera, secretaria de la Comunidad Homosexual Argentina, el Consenso de Ginebra “es un documento promovido por sectores conservadores internacionales que busca limitar el reconocimiento del aborto como un derecho de salud integral y restringir la noción de familia a esquemas excluyentes”.
“Negar los derechos reproductivos y el acceso a la salud sexual afecta directamente la soberanía sobre nuestros cuerpos, no solo de las mujeres, sino también de hombres trans, personas no binarias y de toda la comunidad LGBTIQ+”, advirtió.
En la misma línea, Laura Cardozo, secretaria de 100% Diversidad y Derechos, cuestionó el posicionamiento adoptado por el Estado argentino.
“Es preocupante que Argentina adhiera al Consenso de Ginebra y se alinee con agendas que buscan limitar los derechos sexuales y reproductivos. No podemos permitir que esta decisión implique retrocesos en derechos que tanto nos costó conquistar”, sostuvo.
Reclamo por el cumplimiento de la Ley 27.610
Frente a la adhesión, el Frente Orgullo y Lucha e ILGA LAC reafirmaron su compromiso con la plena vigencia de la Ley 27.610 y con el acceso legal, seguro y gratuito a la interrupción del embarazo y a la salud sexual y reproductiva en todo el territorio nacional.
Las organizaciones calificaron de inaceptable el uso de instrumentos de política exterior para otorgar legitimidad internacional a agendas que, según advierten, buscan retroceder sobre derechos conquistados. También reclamaron que el Estado argentino cumpla las leyes nacionales vigentes y los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional que suscribió.
En particular, llamaron al Estado argentino a garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley 27.610 en todo el territorio nacional, “sin ambigüedades ni retrocesos de hecho”.
Finalmente, convocaron a organizaciones de la sociedad civil, redes de derechos humanos, colectivos feministas, organizaciones LGBTIQA+ y espacios académicos a defender el derecho al aborto seguro, legal y gratuito y el conjunto de los derechos sexuales y reproductivos establecidos en el marco normativo argentino.
