Redacción Canal Abierto | En Chile, a poco más de tres años de que la interrupción del embarazo en tres causales —peligro de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación— entre en vigencia, el proyecto presentado en 2018 iniciará su tratamiento.

La iniciativa se encuentra desde ese año en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara y fue firmada por las diputadas Karol Cariola, Camila Vallejo, Natalia Castillo, Daniella Cicardini, Cristina Girardi, Claudia Mix, Emilia Nuyado, Maite Orsini, Camila Rojas y Gael Yeomans.

“Este proyecto solo cambia un par de artículos del código penal donde saca al aborto de la categoría de delito. Lo único que podemos buscar por la Constitución con la que estamos es que se despenalice el aborto hasta las 14 semanas”, explicó Verónica Ávila, activista por el aborto en Chile, integrante de Asamblea Feminista Plurinacional y Coordinadora Feministas en Lucha a Canal Abierto.

La presentación ocurrió en pleno auge de la ola feminista, tanto en Chile como en América Latina. Fue en ese año que la Marea Verde de Argentina pudo introducir el debate por el aborto legal en el Congreso y luego del revés del Senado en ese entonces, en 2020 se logró la sanción de la ley.

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“Lo que pasa en Chile es muy distinto a lo que tienen en Argentina. Le pedimos a la presidencia de la Comisión de Géneros y Mujeres de la Cámara de Diputados que se repusiera la discusión de ese proyecto de ley para intentar llevarlo a sala. No quiero con esto restarle importancia porque para nosotras es muy importante que se saque al aborto de ser delito. Eso es lo que queremos que ocurra para empezar. Pero dista de ser una ley de aborto porque la Constitución del 80 no permite que el Congreso presente iniciativas de ley que lleven asociados recursos públicos, y este implicaría un desembolso del Estado por la prestación médica”, señaló Ávila.

Hasta antes de que entrara en vigencia la ley de aborto en tres causales, las interrupciones del embarazo estaban totalmente penalizadas en todos sus supuestos. Dado que hasta hace poco se trataba de un delito, no existían cifras sobre la cantidad de abortos que se producían en la clandestinidad, pero las y los expertos estimaban unos 70.000 abortos anuales.

Debido a que la mayoría de las clínicas privadas se declararon objetoras de conciencia, el aborto en tres causales se ejecuta en el sistema de salud pública, donde también más de la mitad de los profesionales se niegan a garantizar este derecho.

La esperanza puesta en la nueva Constitución

Para tener una ley de aborto necesitamos una nueva Constitución, que lleguen más feministas a la convención constitucional para que puedan disputar en ese espacio nuevo que los derechos sexuales y reproductivos sean garantizados dentro de esa nueva Constitución. Hay otras estrategias legales, como que se consagre el derecho de iniciativa popular de ley, o que Chile sea declarado un Estado social con artículos que cambien la prohibición de presentar estos proyectos de ley desde el Congreso”, sostuvo la militante chilena.

En octubre de 2020, con un 77% a favor de la opción Apruebo y un 79% a favor de la opción Convención Constitucional, las y los chilenos decidieron en las urnas que reemplazar por primera vez la Constitución escrita en 1980 durante la dictadura militar de Augusto Pinochet Ugarte, y será la misma ciudadanía quien redacte el documento mediante un órgano paritario y elegido por votación popular.

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“Tenemos mucha resistencia y hay mucho mundo conservador acá que ya se ha declarado en contra.  Pero estamos con mucha confianza y ganas de que lo que ocurra con la nueva Constitución nos permita que los derechos sexuales y reproductivos sean garantizados. Eso sería un gran logro”, finalizó Ávila.

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