Redacción Canal Abierto | El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) presentaron este martes una acción judicial ante el Juzgado Federal de Río Grande para frenar el proyecto hidrocarburífero “León Marino” (Sea Lion), que las empresas Rockhopper Exploration (Reino Unido) y Navitas Petroleum (Israel) planean desarrollar a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, sobre la plataforma continental argentina.
El expediente, caratulado “Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y otro c/ Rockhopper Exploration y otro s/ Civil y Comercial – Varios”, quedó a cargo de la jueza Mariel Borruto. La acción busca paralizar las obras, perforaciones y el flujo financiero del megaproyecto, que prevé la extracción de más de 120.000 barriles diarios de petróleo mediante una unidad flotante y 23 pozos submarinos. Los demandantes califican el emprendimiento como una “Vaca Muerta 2”. El detalle es que este mega emprendimiento se hace en un territorio usurpado.
El doble daño: ambiental y soberano
El corazón de la presentación es un concepto novedoso: la “tutela ambiental soberana”. La demanda sostiene que, sobre el mismo espacio físico, en este caso la plataforma continental argentina, recaen dos bienes colectivos que no pueden separarse: el ambiente y la soberanía. Por eso, el daño que generaría el proyecto es doble: afecta los ecosistemas marinos y vulnera al mismo tiempo los derechos soberanos que la Constitución Nacional reivindica sobre Malvinas.
“La soberanía deja de ser una consigna y adquiere una función jurídica concreta. Permite sostener que esas empresas no están desarrollando una actividad extranjera en territorio ajeno, sino una actividad no autorizada en territorio argentino, sujeta a normas argentinas de orden público”, explica el escrito.
Las empresas operan sin haber iniciado el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental ante el estado argentino, ni contar con el Certificado de Aptitud Ambiental exigido por la ley. Ambas ya fueron sancionadas por la Secretaría de Energía de la Nación: Rockhopper fue declarada clandestina en 2012 e inhabilitada por 20 años en 2013; Navitas recibió la misma sanción en 2022. Pese a ello, el proyecto avanza con autorizaciones del gobierno ilegítimo de las Islas Malvinas, al margen de la legislación nacional.
La cancillería argentina ya había rechazado la inversión en diciembre pasado, advirtiendo que cualquier participación en el proyecto constituye “un acto ilícito” y que quienes participen o faciliten esas actividades estarán sujetos a medidas administrativas, legales y judiciales.
Según la documentación presentada, el proyecto extractivista generaría alrededor de 9 millones de toneladas de CO₂ durante su desarrollo y más de 100 millones de toneladas por la quema del petróleo extraído. También implica riesgos de derrames, ruido submarino, colisiones con ballenas —incluida la ballena franca austral, monumento natural nacional—, enredos de mamíferos marinos y la introducción de especies invasoras.
Los demandantes acompañaron estudios científicos publicados en revistas especializadas que acreditan que la plataforma patagónica y las aguas circundantes a Malvinas constituyen un hábitat crítico de importancia internacional para la conservación de la biodiversidad marina.
Además, advierten que la Corriente de Malvinas corre predominantemente hacia el norte, por lo que un derrame relevante podría proyectar contaminantes hacia otros sectores productivos y ambientalmente sensibles del Mar Argentino.
Seguir el dinero: una estrategia clave
La acción no solo pide frenar las obras, sino también desarticular el entramado financiero del proyecto. Los demandantes solicitaron que se ordene a las empresas abstenerse de celebrar nuevos contratos de financiación o transferir fondos vinculados al proyecto, y que se comunique la existencia del proceso a las bolsas de Londres, Tel Aviv y Nueva York, así como a las autoridades financieras del Reino Unido e Israel.
“Una cautelar ambiental y soberana efectiva no puede mirar solamente la perforadora. También debe mirar el flujo financiero que la mantiene funcionando”, sostiene la presentación.
En diálogo con Canal Abierto, Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del CECIM La Plata y excombatiente de Malvinas, puso el foco en la ausencia del Estado nacional. “Frente al silencio estruendoso que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei, hemos presentado un amparo preventivo por un posible daño ambiental, pero también con un argumento soberanista”, afirmó.
Alonso fue contundente al calificar la política oficial: “Hemos calificado a este gobierno como que está implementando un plan sistemático de entrega por los distintos silencios de tremendo que viene realizando respecto a las distintas acciones que Gran Bretaña a partir de su enclave neocolonial militar en la fortaleza Malvinas está llevando adelante”.
El veterano recordó que el propio gobierno intentó derogar la Ley de Tierras mediante el DNU 70/2023 —medida que fue declarada inconstitucional por la Cámara Federal de La Plata— y mencionó declaraciones del canciller Gerardo Werthein, quien sugirió que los extranjeros podrían comprar provincias o municipios. “De eso se trata y eso es un poco lo que estamos contraponiendo a un Estado en proceso de extinción por una decisión política del propio presidente”, señaló.
Una audiencia clave en Río Grande
Tras la presentación del amparo, las organizaciones mantuvieron hoy una intensa agenda en Río Grande. Por un lado, se reunieron con el intendente Martín Perez, concejales, la presidenta del Concejo Deliberante y el legislador Juan matías Lapadula, en un encuentro que Alonso calificó como “positivo”.
Por otro lado, hubo movimiento en el expediente judicial: “hubo un movimiento del despacho muy rápido de la jueza dándole vista a la fiscalía”, explicó el excombatiente. En la fiscalía, estuvieron con las fiscales adjuntas y también en Zoom con la fiscal general de Comodoro Rivadavia, donde se definió que avanzarán los plazos para analizar el expediente. “Esperando que haya una resolución en los próximos días”, agregó Alonso.
Además, adelantó que impulsarán una campaña de concientización a nivel nacional junto a la Asociación de Usuarios Ambientalistas sobre las implicancias de un eventual derrame. “De una afectación directa en las costas del área continental de nuestro país”, advirtió el referente del CECIM.
Preocupación por la cadena nacional de Milei y las declaraciones de Trump
El anuncio de que Javier Milei dará una cadena nacional este jueves para referirse a las declaraciones de Donald Trump sobre una supuesta revisión de la posición de neutralidad de Estados Unidos en el conflicto de Malvinas generó inquietud en las organizaciones. “Esa posición de neutralidad nunca existió, sino que hay una posición que se inclina siempre la balanza hacia el lado de la defensa de los intereses británicos”, dijo Alonso.
El excombatiente vinculó el discurso trumpista con el avance del proyecto petrolero. “Este presidente puede llegar a firmar cualquier cosa. Esto lo referimos a lo que está sucediendo con el anuncio de estas empresas ilegales que a partir de 2028 podrían estar en condiciones de extraer petróleo. Estamos hablando de una cuenca de clase mundial, de un área que puede ser una Vaca Muerta 2”, advirtió.
Además, Alonso relacionó el proyecto con la exigencia de Trump de instalar una base militar del Comando Sur en Ushuaia, y con la intervención del puerto de esa ciudad por parte del gobierno nacional, que la semana pasada recibió un buque petrolero con bandera británica del cual no se conoce su trazabilidad. “Estamos observando un retroceso en términos de políticas soberanas nunca visto desde la recuperación de la democracia, con una planificación directa de entrega total de bienes naturales y un desmembramiento de la República Argentina como tal”, sostuvo.
