Redacción Canal Abierto | La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro concedió un recurso de casación con efecto suspensivo y frenó así la orden de desalojo de la planta de FATE, en San Fernando. El caso pasó al Tribunal de Casación en lo Penal de la Provincia de Buenos Aires, que deberá definir la situación.
Esto significa que los trabajadores que ocupan la fábrica desde hace más de siete meses pueden permanecer en el predio hasta que se resuelva la instancia judicial. El conflicto se originó cuando FATE, propiedad de Javier Madanes Quintanilla, anunció el cierre de la planta y el despido de 920 empleados.
En diálogo con Canal Abierto, Alejandro Crespo, secretario general del SUTNA, planteó que la suspensión del desalojo representa un alivio ante una amenaza que el gremio considera injusta: “La suspensión de la orden de desalojo mediante la aceptación de la Cámara de Apelaciones de elevar a casación el recurso presentado por el sindicato genera una situación de alivio momentáneo ante una amenaza totalmente injusta dado que se pretendía terminar un conflicto laboral mediante la intervención de lo que es la justicia penal en forma violenta con un desalojo sobre trabajadores que están reclamando ante un lockout patronal con despidos totalmente ilegales”.
La suspensión del desalojo no resuelve el problema de fondo: los salarios adeudados. Según el gremio, la empresa debe entre seis y nueve quincenas a los trabajadores. Este miércoles, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) se movilizó hacia el Juzgado Nacional del Trabajo Nº 17, en el centro porteño, para exigir que se liberen los fondos retenidos.
Sobre este punto, Crespo fue preciso: «Estamos reclamando la paga de salarios porque es otra de las patas del conflicto, se deben nueve y seis quincenas respectivamente a los trabajadores, con esa cantidad de quincenas pagas que ya está ordenado el dicho pago y que falta que el juzgado 17 lo pase a la práctica, es una excepción anímica y económica que generaría claramente este camino para ir en busca de la reapertura con todas las fuerzas y es lo que están tratando de evitar con esta demora».
Una delegación sindical fue recibida por la jueza Liliana Rodríguez Fernández.
Para el SUTNA, el cierre de FATE no responde a una crisis económica sino a una decisión política de la empresa. Según Crespo, Madanes tiene condiciones para producir: “Con la materia prima lista para más de un año de producción comprada el mes anterior al cartel de cierre, el mantenimiento realizado de las máquinas y una situación donde cada uno de las licencias que tienen las cubiertas fueron renovadas posteriormente a lo que es esta el 18 de febrero, claramente esto es un lockout que se denomina lockout ofensivo y por lo tanto es ilegal y los despidos deberían decretarse ilegales, continuar la paga de sueldos en forma indefinida y generar las multas”.
El dirigente también vinculó el conflicto con otras disputas de la empresa con el Gobierno nacional: “La empresa tiene todas las condiciones para arrancar y funcionar y simplemente ha tomado una decisión de tipo político de presión primero sobre el Gobierno Nacional por los diferentes problemas que tiene con los aranceles que le han quitado al aluminio chino al quitar el antidumping y la concesión de Futaleufú, la represa que alimenta a Aluar hace 30 años en manos de la familia Madanes y que ahora se interrumpiría y pasaría a manos de otros adjudicatarios”.
FATE es la única fábrica de neumáticos para camiones y colectivos del país. En febrero, la empresa anunció el cierre durante el período de vacaciones de los trabajadores y despidió a toda la plantilla. Desde entonces, los empleados mantienen la ocupación de la planta. La empresa califica la situación como una “ocupación ilegal”, mientras que el gremio la enmarca dentro de un conflicto laboral.
En marzo, el mismo tribunal había revocado una orden de desalojo por considerar que se trataba de un conflicto de naturaleza laboral. El 17 de septiembre volvió a ordenar el desalojo, argumentando que la ocupación excedía ese marco. El fallo de esta semana responde al recurso presentado contra esa decisión.
Para el gremio, la intervención de la justicia penal en un conflicto laboral es un exceso: “En este contexto que intervenga la justicia penal cuando hay un claro desarrollo tanto en el ámbito de la justicia laboral como en la cartera administrativa sería algo aberrante porque generaría un daño irreparable sobre trabajadores que están reclamando y claramente con todas las posibilidades de poder probar que tienen razón”.
El SUTNA impulsa además un proyecto de ley de “expropiación temporaria” en la Legislatura bonaerense, que permitiría a la provincia tomar el control de la fábrica y retomar la producción por un año, prorrogable a dos, invocando el interés público previsto en la ley nacional de expropiación.
Crespo también apuntó contra el gobernador Axel Kicillof por su silencio frente al conflicto: “Esa invitación a la oposición a contestar sobre FATE también llama mucho la atención que no sea respondida por Axel Kicillof, gobernador de la provincia, que tiene las fábricas de neumáticos en su territorio, que FATE claramente abarca un número enorme de trabajadores, miles de trabajadores en forma directa e indirecta, y que provocó su lockout el cierre de fábricas como Cabot, la fabricante de negro de humo, y la parte de Pampa Energía que se dedicaba a la fabricación de caucho sintético”.
El dirigente sindical enmarcó el conflicto en una dimensión más amplia: “Todo esto marca un camino de sacrificio de mucho esfuerzo, de situaciones de ahogamiento económico, de presiones jurídicas que han soportado los trabajadores que están cuidando no solo su puesto de trabajo, sino también la soberanía del país y la producción estratégica de fábricas que hacen que se mueva el transporte en Argentina y que coloquen tantos puestos de trabajo en juego”.
Por ahora, la definición sobre el desalojo quedó en manos de la Casación provincial, mientras la discusión por los salarios adeudados sigue trabada en el fuero laboral. Para las familias que dependen de la planta, el avance procesal y el cobro concreto de las quincenas siguen siendo dos cosas distintas.
