Redacción Canal Abierto | En el marco del ajuste implacable que promueve el Gobierno nacional, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) hizo pública una denuncia por un «fraude colosal» contra el patrimonio estatal que involucra a la Dirección General de Administración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y al funcionario Daniel Neira.
Según detalló el gremio, este coordinó la rescisión de su contrato en el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) el pasado 31 de julio, logrando percibir una liquidación indemnizatoria que ascendió a la cifra de 109.781.999,73 pesos. Sin embargo, al día siguiente —1 de agosto— asumió como Gerente de Contabilidad en el INTA, con una remuneración mensual de 5 millones de pesos.
Una maniobra orquestada de antemano
La gravedad del hecho no radica únicamente en el monto cobrado, sino en la premeditación de la jugada. De acuerdo a la documentación expuesta por ATE, los trámites para la designación de Neira en el instituto agropecuario comenzaron el 1 de julio, es decir, 23 días antes de que el propio Enacom le notificara formalmente el cese de sus funciones el 24 de julio.
De este modo, el funcionario saltó de un organismo a otro sin discontinuidad laboral pero embolsando un cheque millonario en concepto de antigüedad, preaviso y vacaciones no gozadas. «La inmoralidad y la corrupción de los funcionarios del Gobierno no tienen límites. Estamos frente a un fraude sin precedentes en el Estado; esto no pasó nunca antes», aseveró el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.
Fraude al Estado y violaciones normativas
Desde la representación sindical remarcaron que el Estado funciona bajo el principio de empleador único, por lo que resulta jurídicamente inadmisible argumentar el desconocimiento de los antecedentes entre distintas dependencias gubernamentales.
Frente a este escenario, ATE elevó un reclamo al presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, exigiendo la convocatoria urgente a la comisión directiva para revocar el nombramiento.
La presentación sindical señala que esta maniobra configura una violación directa a La Ley de Empleo Público (Ley 25.164): Inobservancia de los artículos 4 y 8, al concretarse un ingreso en una categoría alta (Nivel 11 Categoría 27) sin concurso público de oposición ni mecanismos de transparencia; la Ley de Procedimiento Administrativo: Configuración de un acto simulado para obtener un beneficio patrimonial indebido; y el Código Penal ( Infracción al artículo 174, que tipifica y sanciona el delito de fraude contra la Administración Pública).
Doble rasero
Mientras el Poder Ejecutivo impulsa retiros voluntarios, despidos masivos y congelamientos salariales para la plantilla estatal —cuyos sueldos promedio en el INTA rondan entre los 800.000 y 1.500.000 pesos—, se apañan nombramientos discrecionales con partidas de privilegio.
Desde el gremio advirtieron que, de no aplicarse sanciones ejemplares y la exoneración del funcionario, impulsarán medidas de fuerza de alcance nacional para «frenar el saqueo de las arcas públicas».
