Publicado 1/10/2026
Redacción Canal Abierto | Tras la ola de rechazo social que recibió la Corte Suprema de Justicia de la Nación luego de conocerse la decisión de rechazar una cautelar presentada por los excombatientes de Malvinas que ponía un freno a la venta ilimitada de territorio argentino a capitales foráneos, este mediodía Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, publicaron un comunicado en el que intentan explicar por qué la medida no tiene implicancias políticas.
“En el caso sólo se decidió un aspecto procesal -aseguran-, que se refiere a la legitimación de una asociación para obtener una medida cautelar; y se ajusta estrictamente a todos los precedentes de esta Corte Suprema. La sentencia no afecta a otras medidas cautelares con el mismo objeto que están en trámite en distintos tribunales”.
Uno de los primeros que salió a poner en duda el intento de justificación de la Corte fue el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez. En relación a la explicación dada indicó: “Parecería que el tribunal no tiene muy claro que fue lo que resolvió”. Así, porque “sostienen que solo se decidió el alcance de la ‘legitimación de una asociación para obtener una medida cautelar’ cuando en realidad se revocó la sentencia de fondo dictada por la Sala III de la Cámara Federal de La Plata que declaró la inconstitucionalidad y nulidad del art. 154 del Decreto 70/2023”.
En el comunicado, los cortesanos dicen que la decisión “tampoco impide que toda persona que considere que el régimen legal de tierras es inconstitucional, peticione una medida cautelar, cuya procedencia decidirá un juez competente”.
Al respecto, aclara Gil Domínguez, “la CSJN definió -en el fallo CECIM- que la defensa de la integridad territorial no es un derecho colectivo indivisible en los términos previstos por el art. 43 de la Constitución argentina, con lo cual ninguna persona integrante de la esfera social que se sienta afectada, el Defensor del Pueblo, las asociaciones que propendan a la defensa de bienes colectivos y el Ministerio Público tiene legitimación procesal colectiva”.
En otro apartado, la Corte también se dirige a las organizaciones y autoconvocados que hace dos meses se movilizaron en todo el país y lograron que no se derogue ley de Tierras, y que hoy nuevamente se están organizando para rechazar su decisión. “Los grupos de interés que presionan sobre el tema también pueden recurrir al reclamo judicial, lo que, en una democracia, es más adecuado que la promoción de discursos de odio y descalificación en las redes sociales”, expresan.
Además, indica que su resolución no obstaculiza las funciones del Congreso y hasta se vanagloria de defender el ambiente. “La Corte Suprema ha ejercido un liderazgo en la a protección de los recursos naturales, el ambiente y los bienes colectivos durante muchos años, y no es conveniente intentar confundir a la población en este aspecto”, expresan los mismos cortesanos que -solo por nombrar un ejemplo- en octubre de 2024, dieron por finalizada la supervisión del cumplimiento de la sentencia que ordenaba a la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la recomposición ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo.
“En definitiva, no aclares que oscurece. Y no te preocupes, los trolls oficialistas, desde el cielo, te están defendiendo con todas sus fuerzas”, remata el constitucionalista.
Otros de los que puso en evidencia que pese a los intentos de explicación la decisión claramente había sido política fue el abogado de la CTA, Luis Campos.
“La Corte siempre elige los casos que quiere tratar, no los resuelve por orden de llegada. Toma una decisión política, busca el caso que mejor se ajusta a su estrategia, y recién ahí dicta una sentencia. Salir a explicar es ponerse a la defensiva”, afirmó en un posteo en X.
Convocatorias en rechazo
Por lo pronto, ya hay al menos cuatro movilizaciones convocadas en repudio a la decisión de la Corte. Una está prevista para este viernes 2 en Parque Lezama, otra para el lunes 5, con marcha de Congreso a Tribunales, y otra, convocada por las dos CTA para el martes 6 a las 15 horas frente la Corte.
Al listado hoy se sumó hoy una nueva convocatoria para el 15 de octubre a las 14, cuando Diputados revise el DNU 70, que ya rechazó el Senado. “Tenemos un cita con la Historia”, posteó Matías Oberlin, referente del Observatorio de Tierras.
