Redacción Canal Abierto | El juez Rodolfo Canicoba Corral dispuso el llamado a indagatoria para el exministro de Transporte Guillermo Dietrich; el exministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; el extitular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel; el exdirector de Jurídicos de esa dependencia, Ricardo Stoddart; el procurador del Tesoro y exabogado de la familia Macri, Bernardo Saravia Frías y el presidente del directorio de Autopistas del Sol SA, Andrés Alfonso Barberis Martín.
Los exfuncionarios y el empresario serán indagados por «maniobras defraudatorias», que, según el magistrado, resultaron «gravemente lesivas para las arcas del Estado». Es en este marco que el magistrado estableció, además, la prohibición de salida del país para todos ellos debido «al estado del proceso y la gravedad de las conductas que se investigan».
Canicoba investiga el rol de al menos cinco ex funcionarios en la renegociación de los contratos de Autopistas del Sol (AUSOL) y Grupo Concesionario Oeste, acusados de supuestamente haber favorecido a la empresa española Abertis, ex socia de la familia del ex presidente Mauricio Macri. “La maniobra fraudulenta es clara y quedó registrada”, señala en esta entrevista con Canal Abierto el secretario general del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional, Fabián Cattanzaro.
Apenas asumió, el gobierno de Macri -a través de Dietrich- le reconoció una deuda de 499 millones de dólares a las concesionarias por supuestas inversiones no realizadas por el Estado. El argumento para acceder al pago de la exhorbitante cifra fue que de esa manera la controlante de las firmas, la española Abertis, levantaría una demanda contra la Argentina que había iniciado ante el Ciadi, el tribunal del Banco Mundial, incluso antes de cualquier instancia judicial en territorio nacional.
“A partir de esta maniobra, la extensión de la concesión y el aumento de un 400% en el precio del peaje resuelto por el macrismo, las acciones de la empresa suben y en 2017 SOCMA (Sociedades Macri) vende su parte por más de 20 millones de dólares”, detalla Cattanzaro. Quien se quedó con el siete por ciento vendido por el entonces Presidente fue una empresa llamada Natal SA, sin antecedentes en el rubro y que pagó 19,7 millones de dólares, cuando facturaba sólo unos dos millones de pesos anuales. La sospecha es que pudo haber sido una venta simulada.
“Es un caso más de funcionarios a ambos lados del mostrador. El esquema es muy similar a los conflictos de intereses que se denunciaron en el sector energético: se priorizó favorecer los negociados privados por encima de controlar cómo era el servicio”, sentencia el representante gremial, y agrega: “Esta maniobra no fue gratuita: se llevó puesto un Procurador del Tesoro”. Entre los imputados figura Saravia Frías, histórico abogado de la familia Macri y nombrado como procurador del Tesoro tras el desplazamiento de Carlos Balbín, quien debió dejar su cargo luego de defender los intereses del Estado ante la demanda de las empresas de peajes en el Ciadi.
El cemento que no se comía… y que tampoco existió
Lejos quedó aquella frase “este cemento no es relato, es real” con que Mauricio Macri pretendió impulsar su candidatura en 2019. “Durante los cuatro años de la gestión de Macri se construyeron sólo 322 kilómetros de nuevas rutas y la estrategia de las PPP (contratos de Participación Público-Privada) dejó una situación desastrosa: se hicieron menos de un 2% de las obras y los contratos se están por vencer”, plantea Cattanzaro.
“En lo que respecta a las rutas nacionales, públicas -o sea, que no pagan peajes-, las obras están todas paradas. De hecho, dejaron de pagarles a las contratistas y dejaron deudas por 20 mil millones de pesos. Hoy tenemos un 65% de las rutas nacionales en mal estado. El índice que va de 1 a 7 y mide las condiciones de estas rutas daba en 2015 un 5. Hoy está en 3,5. Esto redunda en rutas menos seguras y peores condiciones en cuanto al transporte de mercaderías”.