Publicado 6/10/2026
Redacción Canal Abierto | Días atrás, en un evento para inversores en Francia, el Argentina Week, Luis “Toto” Caputo, anunció la inminente puesta en marcha del Programa de Ciudadanía por Inversión de Argentina. El régimen, creado mediante el decreto 366 aprobado el año pasado por Javier Milei, que introdujo además una reforma migratoria totalmente regresiva, habilita el otorgamiento de la ciudadanía argentina a extranjeros que paguen entre USD 350.000 y 800.000 en el país.
Según declaraciones del mismo Caputo, la idea surgió de pedidos de empresarios tecnológicos al Presidente Milei, en el viaje que realizó en julio de 2024 para participar de la conferencia anual exclusiva de Sun Valley en Idaho, organizada por el banco de inversión Allen & Company.
En este marco, al menos dos proyectos fueron presentados por diputados de Unión por la Patria para tramitar su derogación. Por un lado, el que lleva las firmas de Agustín Rossi y Kelly Olmos, y otro, enviado por Paula Penacca y Florencia Carignano.
El primero, un tanto más amplio, dispone una serie de medidas tendientes a inhabilitar los trámites de nacionalidad para “inversores” que ya se hayan otorgado o estén en proceso al momento de la aprobación de la ley propuesra.
Los legisladores también coinciden en una advertencia poco difundida: el riesgo de que la Unión Europea comience a aplicar visa a los ciudadanos argentinos.
“Este Programa no solo es anti soberano, sino que es un programa perjudicial para el país y para el conjunto de las argentinas y argentinos: contradice al GAFI y a la OCDE, que los señalan como vía de lavado de dinero y evasión; nos pone a contramano de un mundo en el que Chipre, Malta, Moldavia, Montenegro y Bulgaria ya los cerraron; expone a toda la ciudadanía a perder la entrada sin visa a Europa, ahora que la Unión Europea puede suspenderla por la sola existencia de estos programas”, precisa en los fundamentos el proyecto de Rossi y Olmos.
Desde la Comisión Argentina para las personas Refugiadas y Migrantes (CAREF), que asesora y asiste a esta población desde 1973, explicaron que una de las debilidades principales de este tipo de programas -que en el mundo existen desde hace unos 20 años- es que, justamente, contradicen los motivos que promociona Caputo: no promueven inversiones.
“No se trata tanto de una inversión en sentido clásico (que genere actividad productiva y puestos de trabajo) sino de un depósito bancario no reembolsable”, precisan. En esa línea, “queda claro cuál es el beneficio para el Tesoro Nacional, pero no tanto cuál es el beneficio para la sociedad en general. Pareciera que la ciudadanía por inversión no va a tener “efecto derrame”.
También se refieron a las “dudas respecto a la transparencia en el procedimiento, los mecanismos de evaluación y en los requisitos de aceptación” de este tipo de programas. “Las acusaciones de corrupción han sido frecuentes, al igual que sospechas respecto a circulación de información privilegiada o insider trading”, repusieron desde CAREF.
¿Apartheid migratorio?
Otra discusión más que relevante que dispara el tema de la ciudadanía para inversores es que el programa se introdujo como parte del decreto 366, publicado en mayo de 2025, y que como ya se señaló implicó un grave retroceso en materia de acceso a derechos para las personas migrantes, una población atravesada por la falta de acceso al trabajo registrado y la pobreza.
Al respecto, desde CAREF, que vienen siguiendo las consecuencias de la implementación de la reforma migratoria señalaron que, en Argentina, otro problema de estos regímenes es “la implementación de una doble vara para el acceso a la nacionalidad (cosa que también ocurrió en otros países)”.
Así, “a las personas “comunes” se les exige residencia regular en Argentina (en los términos que establece la ley migratoria) de por lo menos dos años, sin haber salido del país en ninguna ocasión en ese período. Además, deben demostrar una ocupación y medios de vida lícitos, y no tener antecedentes penales. Suele esperarse también que hablen el idioma nacional, o que conozcan la historia del país, así como el himno, etc. Y la nacionalidad no se hace extensiva a hijos/as o cónyuges”.
Mientras, “en el caso de la ciudadanía por inversión, no está claro que las personas deban estar físicamente en Argentina para iniciar el trámite, ni tienen obligación de residir en el país, o de cumplimentar previamente los requisitos de la ley migratoria. Y la nacionalidad obtenida a través de la inversión se hace extensiva –por una módica suma adicional– al cónyuge y a hijo/as mayores de edad (entre 28 y 25 años)”.
“Si las previsiones económicas son tan positivas como dice el gobierno –plantea CAREF- cabe preguntarse por qué sería necesario un programa de estas características, que inyecta directamente dinero en el ¿debilitado? Tesoro Nacional…”.
Ser argentino tiene precio
En los proyectos que van por la derogación, Olmos y Rossi también se refirieren a la discusión por la soberanía que en estos días se reactivó tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que habilitó la venta de tierras indiscriminada a extranjeros.
“Este gobierno está intentando, por todos los medios, eliminar los límites a la compra de tierras por parte de personas extranjeras. En este contexto, la opción de una ciudadanía “comprada” se presenta también como un atajo para sortear las restricciones que impone la Ley de Tierras”.
“Este Proyecto se concentra en una pregunta que este Congreso debe responder: ¿puede la condición de argentino tener precio?”, plantearon.
