Publicado 7/10/2026
Por Nahuel Croza | La comunidad indígena lule de Finca Las Costas se manifestó este lunes en el puente de acceso a la localidad de San Lorenzo para denunciar los atropellos de la justicia y los gobiernos provincial y municipal.
Una jueza, a instancias de una denuncia de la Secretaría de Ambiente provincial, intimó a más de 20 familias a “paralizar la construcción y demoler las viviendas y sus accesorios o ampliaciones realizadas en un sector de la Reserva Natural de Uso Múltiple Finca Las Costas en un plazo perentorio de 25 días bajo apercibimiento” de hacer cumplir esta intimación “por la fuerza”. Con el argumento de que estas familias desobedecieron una medida judicial que prohibía ampliar casas, introducir animales y otras modificaciones, ordenó la demolición por su propia mano o, caso contrario, por la fuerza estatal.
“Es un atropello sistemático. La comunidad atraviesa varios procesos judiciales en contra. En este caso, hay un amparo ambiental que busca detectar el origen de la contaminación en la reserva natural (en los arroyos Arenales, San Lorenzo y Finca Las Costas) y que cargó la acusación sobre la comunidad. Nuestras familias están muy lejos de los ríos y de las tomas de agua. Lo que sí ocurre es que la municipalidad de San Lorenzo aprobó urbanizaciones sin la construcción de cloacas y la infraestructura necesaria”, explica David Torres, presidente de la comunidad lule y secretario de Pueblos Originarios de la CTA Autónoma Salta, en diálogo con Canal Abierto.
La orden se origina en un amparo ambiental colectivo iniciado por el gobierno provincial y presentado en el Juzgado de Primera Instancia de Décima Nominación, a cargo de la jueza Guadalupe Villagrán. El ultimátum judicial se produce a pesar de que el origen de la contaminación fue identificado y proviene de los barrios privados de San Lorenzo chico y camino a San Lorenzo.
Propiedad comunitaria indígena vs. propiedad privada
En 2014 el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas reconoció el territorio comunitario de la comunidad indígena Lule de Finca Las Costas. Se trata de 11.875 hectáreas en las que viven alrededor de 800 familias que por generaciones desarrollaron allí sus vidas.
“Desde ese momento hasta aquí el Estado viene demorado incluir la propiedad comunitaria en los registros de inmuebles de la provincia de Salta”, explica Torres. “Se produce un vacío legal terrible. En 2018 se modificó el Código Civil e incluyó la propiedad comunitaria dentro de los derechos reales. Toda la administración pública en Salta no se adecua el Código Civil, ni tampoco tiene ánimo de hacer operativos los derechos constitucionales indígenas. De allí se desprenden un montón de decisiones arbitrarias y atropellos a las comunidades”.
Torres enumera varios frentes de conflicto. Recientemente, una ley provincial autorizó al ejecutivo a dar en comodato 9 hectáreas de territorio ancestral al Tigre Rugby Club con 18 familias adentro. “Aún no fueron desalojados porque presentamos una acción de inconstitucionalidad”, explica.
“Hay intereses y grupos de presión que quieren que Las Costas sea deshabitada para organizar un plan de inversión y uso del territorio de acuerdo a sus intereses”, resume el referente lule. “Por otro lado, se está creando una mesa de trabajo, una mesa de manejo de Finca Las Costas donde se ha invitado a todos los empresarios de Salta para que hagan propuestas de explotación del área y no se le dio participación a la comunidad como el sujeto de derecho, como el sujeto a quien le pertenece la tierra”.
“Y, por último, tenemos la negación absoluta de los derechos indígenas de la comunidad y la total falta de imparcialidad de la justicia. Tratan a los miembros de la comunidad como si fuesen un vecino común, despojado de todo derecho comunitario sobre el territorio”, remarca David.
La fecha límite impuesta por la jueza es el 28 de octubre. De no mediar alguna marcha atrás de la magistrada, ese día las topadoras avanzarán sobre las casas que las familias levantaron con sus manos.
Otra complejidad que deviene de la falta de adecuación a la ley y de reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena es la situación frente a las tarifas de los servicios públicos. “Con estos tarifazos que está habiendo, al no estar incluidas las propiedades comunitarias en los formularios de subsidios, las comunidades no pueden acceder a estos. Cada vez son peores las multas por incumplimiento o por falta de pago”, concluye Torres.
Este domingo 11 de octubre, en que se conmemora el último día de libertad de los pueblos indoamericanos, la comunidad volverá a marchar en protesta por esta situación y solicitar a la justicia que detenga la orden de demolición.
Fotos: gentileza comunidad lule Finca Las Costas
