Publicada originalmente el 22 de octubre de 2026
El Monitor de Respuestas Represivas Estatales y Paraestatales de la Protesta Social presenta su informe Argentina reprimida: detenciones y represiones en 1000 días del gobierno de Javier Milei. Sera hoy a las 15 en la sede de la CTA Autónoma (Bartolomé Mitre 748, CABA) el marco de una actividad realizada por la central obrera en coordinación con la Asociación Americana de Juristas y la Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia.
A pocos días de asumir, el gobierno de Javier Milei lanzó con bombos y platillos una de sus primeras medidas, antes incluso que las económicas: el protocolo antipiquetes. El informe que recorre estos 1000 días contabiliza 147 represiones en la protesta, con al menos 5141 personas heridas y 762 detenidas. En diálogo con Canal Abierto, Jimena Frankel, coordinadora del espacio, señala que “lo que estamos viendo es una presencia sistemática de la represión en las calles, con sujetos bastante claros: por ejemplo, los jubilados y las protestas contra las leyes que impulsa el gobierno en desfavor de las mayorías”, señala .
Las cifras más duras aparecen cuando el monitoreo se detiene en las represiones más grandes, medidas por cantidad de detenidos y de heridos. Frenkel destaca que allí se observa “una articulación muy fuerte en la Capital Federal entre las fuerzas federales y la policía porteña, donde el uso de las armas viola todos los protocolos internacionales”.
El saldo represivo incluye seis personas que perdieron un ojo por el uso de balas de goma, cinco de esos casos en la ciudad de Buenos Aires. El primero fue Matías Saufieri, durante el tratamiento de la ley ómnibus, a poco de asumir Milei; luego, un manifestante en la protesta del 9 de Julio de abril de 2024; después, un caso en la reforma laboral; y el 12 de marzo, Pablo Grillo.
“Se habilita el mal uso de esas armas, que pone en riesgo la vida de las y los manifestantes que están ejerciendo su legítimo derecho a manifestarse y a protestar en la calle, sobre todo cuando la manifestación se da contra la aprobación de leyes contrarias a los intereses de esa misma mayoría”, sostiene Frankel. El repertorio represivo se amplió: “Camiones hidrantes, balas de goma, gases lacrimógenos, gases pimienta, y la incorporación de nuevas armas de represión, como las pistolas byrnas y ese gas pimienta amarillo que es todavía más agresivo para los ojos y la piel”.
Un colectivo que condensó la represión de estos 1000 días es el de los jubilados: fueron reprimidos 35 veces en el marco de las protestas que sostienen todos los miércoles frente al Congreso de la Nación. “Los jubilados fueron reprimidos casi sistemáticamente durante estos 1000 días, hasta que en los últimos meses de este año el gobierno cambia de estrategia y lo que hace es acorralarlos e invisibilizarlos”, explica Frankel. El objetivo, dice, es ocultar “la persistencia de una resistencia que se da en la calle, donde hay presencia de sindicatos y distintas organizaciones que asisten y acompañan a los manifestantes, a las personas en situación de calle y a los jubilados con bolsones de comida, con ayudas, con cortes de pelo”.
Lo que se quiere invisibilizar “es tanto la protesta como la solidaridad y esos lazos que se van generando frente a una situación paupérrima”, con “una jubilación que no alcanza y un desfinanciamiento del PAMI”. A ese paquete suma a las personas con discapacidad, “a quienes se les va vaciando sus prestaciones”.
Un guión que se cumple a rajatabla
El monitoreo detecta un patrón que excede los contextos políticos. “El primer guión lo dio Patricia Bullrich a los pocos días de que asumiera el Gobierno al decir ‘el que corta no cobra’, está prohibido protestar. Y creo que el gobierno de Jorge Macri está en esa misma línea: ley y orden”, afirma Frankel. “Hay una necesidad de este gobierno de avanzar sobre esa manifestación callejera y evitar esas masividades; por eso muchas veces los momentos en los cuales arranca la represión son los momentos donde se podría esperar que haya una masividad mucho más contundente en las calles, cuando la gente sale de los trabajos”, expone Frankel.
La represión también alcanzó a la prensa. “Hay una práctica sistemática de avanzar sobre fotoperiodistas y periodistas que cubren estas manifestaciones”, denuncia Frankel. En la última represión, el SiPreBA informó al menos siete periodistas heridos con balas de goma y un total aproximado de 30 periodistas en toda la gestión. El informe contabiliza además 5141 causas contra las fuerzas federales, el 95% en la Capital Federal. “Son esas fuerzas federales comandadas por Patricia Bullrich, hoy por Monteoliva, que cuando hay protestas en la Casa Rosada o en el Congreso avanzan reprimiendo, porque pareciera que le están cuidando la guarida al perro”, señala Frankel.
Sobre la articulación entre jurisdicciones, Frankel advierte una suerte de competencia: “No hay mucha diferencia en cómo reprimen unas y otras en términos de lo sangriento y de lo habilitadas que están para avanzar sobre la manifestación. Diría que hay una competencia entre las fuerzas federales y la policía macrista para ver quién avanza más, quién es más cruel”.
La especialista menciona un episodio que lo grafica: “En las últimas dos represiones los camiones hidrantes de la policía de la ciudad avanzaron en contramano sobre Avenida de Mayo. Esto puso en riesgo la vida ya no solamente de quienes protestaban, sino incluso de los automovilistas y de las personas que estaban caminando por la 9 de Julio”.
La mayoría de las personas detenidas en el marco de las protestas recupera la libertad a las 24 horas, pero hay excepciones que el Monitor sigue de cerca. Frankel recuerda que tras la represión que siguió a las movilizaciones que manifestaben contra la ley Bases durante su tratamiento en el Congreso, “hubo compañeros y compañeras que estuvieron hasta 84 días detenidos”. “Y el caso más reciente, que nos preocupa a todas y a todos: el caso de Milton y Eneas Gallo, que están detenidos hace 7 meses por haber protestado contra la reforma laboral”, relata Frankel. Y advierte que “la preocupación se agrava porque básicamente la ministra de Seguridad, Monteoliva, los trata de terroristas; terroristas a quienes solamente ejercían su derecho de protesta”.
La especialista advierte que el costo no termina con la liberación porque “te queda un prontuario abierto hasta que la causa no termine cerrada”. En el caso de los Gallo, la detención ocurrió “a posteriori de las protestas”, tras “todo un despliegue mediático que hizo Monteoliva, mostrando la cara de supuestos manifestantes y los terminan agarrando mientras ellos estaban desarrollando su vida cotidiana”. Para Frankel, “es todo un gesto político hacia aquellas personas que nos oponemos a este gobierno. Este tipo de cuestiones en general lo que busca es desalentar la protesta”.
La calle no se abandona
Aun así, la protesta persiste. “Tuvimos huelgas, tuvimos masivos 24 de marzo, masivos 8 de marzo, se sostienen los encuentros plurinacionales de mujeres y diversidades. La calle está”, afirma Frankel. Y aparecen nuevas formas de autocuidado y respuesta: “Postas de salud, asesoramiento jurídico crítico desde la Red Federal, encapsular los gases lacrimógenos, o incluso respuestas con fuegos artificiales. Empieza a haber alguna forma de rebelión respecto a las fuerzas de seguridad, o quizás de quitarnos un poco el temor”. En la última movilización universitaria y contra el DNU 70/23, “se desarrolló un acto mientras las fuerzas de seguridad no paraban de tirar gases lacrimógenos. Sostener ese acto es una forma de rebelión, es una forma de desacato que nos merecemos”.
El desafío, plantea la coordinadora del Monitor, es transformar esa resistencia en algo más contundente. “Cómo hacemos para que realmente el descontento y el repudio frente a la violencia y el ajusta que ejerce este gobierno tenga una respuesta cada vez más contundente, que vaya por el camino de que esto no vuelva a ocurrir ni mañana ni tampoco con gestiones futuras de gobierno. Esto tiene que ser un no”, plantea Frankel. Y concluye: “Cada una de estas víctimas, frente al avance de las fuerzas provinciales y nacionales, son nuestras víctimas. Es nuestro campo popular”.
