Por Elisa Corzo | A casi diez días del comienzo de los traslados de presos de la cárcel de Devoto al nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz, que el Gobierno promociona como “exitoso”, la situación de grave vulneración a los derechos de los detenidos continúa siendo la misma.
La novedad es que, luego de negarles el ingreso, finalmente ayer la Justicia habilitó la entrada al penal de la Procuración Penitenciaria y del Comité de Prevención contra la Tortura para que puedan constatar lo ocurrido.
Así lo confirmó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), uno de los organismos de Derechos Humanos que viene monitoreando el proceso y que desde el primer momento denunció las múltiples irregularidades y hechos de violencia ocurridos. A la falta de colchones y frazadas, la deficiente alimentación, el acceso restringido al agua potable para el consumo y al agua caliente para la higiene, se suman situaciones de extrema gravedad como la interrupción de tratamientos médicos y las golpizas.
En diálogo con Canal Abierto, María Hereñú, investigadora del equipo de Política Criminal y Violencia en el Encierro del CELS, señaló: “Tuvimos el testimonio de un detenido que necesitaba un puff porque tiene un problema respiratorio y que cuando lo reclamó lo reprimieron con gas pimienta. Y de otros detenidos que son insulinodependientes y que tuvieron que compartir jeringas porque no había suficientes para todos”.
Luego agregó: “Lo que también supimos por los testimonios de los familiares o de los detenidos que se pudieron comunicar es que antes de salir de Devoto los habían golpeado y que también los habían golpeado cuando llegaron a Marcos Paz”.
Por otro lado, hasta el día de hoy muchos de los detenidos tampoco pudieron recuperar sus pertenencias. “Armaron sus bolsas cuando salieron de Devoto y todavía no los recibieron, y eso implica que están sin sus elementos personales y sin los elementos de higiene”, detalló Hereñú.
El traslado de los presos de Devoto a Marcos Paz está a cargo de un Comando Unificado coordinado conjuntamente por el Ministerio de Seguridad de la Nación —liderado por Alejandra Monteoliva— y el Servicio Penitenciario Federal, junto a la participación de fuerzas de seguridad federales, de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires.
En este contexto, el pasado fin de semana, desde la Coordinadora por la libertad de los Presos Políticos denunciaron que Eneas Gallo, uno de los militantes que aún permanece detenido por protestar contra la Ley de Reforma laboral, fue reprimido junto a otra decena de presos del sector A3 del Instituto 4 de dicho complejo por reclamar por “las condiciones de vida inhumanas a las que están siendo sometidos”.
Irregularidades
La semana pasada distintas organizaciones de la sociedad civil y de familiares y los organismos de control ya habían denunciado que los traslados se habían llevado adelante sin dar un aviso previo a los detenidos, a sus defensores, familiares ni a los jueces, e incumpliendo el propio Protocolo de Traslado del Servicio Penitenciario Federal.
En este marco, tampoco se cumplió con un acuerdo previo para que los estudiantes del Centro Universitario de Devoto (CUD) sean los últimos en salir y sean trasladados a Ezeiza para poder garantizar su continuidad educativa en el Centro Universitario de Ezeiza. El jueves 15, el Servicio Penitenciario le comunicó a la UBA que a partir del 1 de noviembre aquellos detenidos estudiantes que ya fueron trasladados a Marcos Paz serán trasladados a Ezeiza para que puedan continuar con sus estudios. Mientras tanto, los detenidos pierden clase y podrían perder el cuatrimestre.
En relación a la cuestión de fondo, Hereñú explica que la posición de las organizaciones era que el traslado de Devoto a Marco Paz, donde se debían habilitar un total de 2200 plazas, tenía que significar “una mejora en las condiciones de los presos”. Así, “porque se construyeron nuevos pabellones que tenían unas plazas provisorias para poder recibir a estos detenidos”. Sin embargo, “la obra era deficiente y no estaba lista para recibir a los detenidos”.
Además, “todo esto se hizo con un apuro que tiene detrás el negocio inmobiliario para poder entregar el predio de Devoto”. “Desde las organizaciones lo que pedíamos era un cronograma y conocer los planos de la construcción y cómo se iban a distribuir los detenidos, algo que no se terminó logrando porque el traslado se hizo de un momento para el otro sin dar aviso”, recordó la integrante del CELS.
Otra cuestión relevante es que, al priorizar el traslado de Devoto nuevamente se postergó la situación de las personas detenidas de forma ilegal en las comisarías porteñas. “Hay alrededor de 2200 personas detenidas en comisarías en la Ciudad de Buenos Aires y esas personas podrían haber sido trasladadas antes que los detenidos de Devoto. Las condiciones en las comisarías son completamente inhumanas y está establecido que no pueden estar por tiempo prolongado en las comisarías”, afirma Hereñú.
