Nuevos requisitos económicos empujan a la irregularidad a personas que ya vivían legalmente en el país. A estas exigencias imposibles de cumplir se suman shows de operativos, restricciones al acceso a la salud pública y nuevas causales de expulsión.
Publicado 27/10/2026
Por Gladys Stagno | Desde que comenzó el gobierno de Javier Milei, el dicho aquel que afirma que “el argentino nace donde quiere” ya no es tan cierto.
A contramano de la filosofía que predica la Constitución Nacional —de país grande, bastante vacío y de puertas abiertas “para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”—, hace un año la normativa migratoria restringió fuertemente su hospitalidad.
Con la firma del DNU 366, que se publicó el 28 de mayo de 2025, el Gobierno modificó la Ley de Migraciones. La medida se tradujo en trámites frenados, derechos que dejaron de poder ejercerse y la multiplicación de los migrantes sin papeles.
Ya nadie es bienvenido
Pese a que el artículo 4° de la Ley de Migraciones (25.871) sigue estableciendo que el derecho a migrar es esencial e inalienable, y que el Estado argentino lo garantiza sobre la base de los principios de igualdad y universalidad, “a un año del DNU 366/2025, las residencias permanentes otorgadas descendieron a la tercera parte, mientras que los rechazos de ingreso por la causal de ‘falso turista’ treparon del 8% al 41% entre 2023 y 2025”, explica la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF).
Los datos oficiales muestran una caída abrupta en el otorgamiento de residencias permanentes inmediatamente después de la aprobación del DNU 366/2025.
La cifra mensual venía en ascenso desde enero (alrededor de 3.650 residencias) hasta alcanzar un pico de aproximadamente 6.800 en mayo de 2025, el mismo mes de aprobación del decreto. A partir de ahí, la curva se desploma mes a mes: cerca de 4.550 en junio, 3.000 en julio, 2.900 en agosto, 2.250 en septiembre, hasta estabilizarse en valores mínimos de alrededor de 1.300 a 1.500 entre octubre y diciembre de 2025.
La serie anual 2020-2025 confirma la misma tendencia. Las residencias permanentes pasaron de unas 43.000 en 2020 a un pico de aproximadamente 145.000 en 2021, para luego descender de forma sostenida: cerca de 78.000 en 2022, 68.000 en 2023, 66.000 en 2024, hasta caer a unas 41.000 en 2025, el valor más bajo de toda la serie.
Los rechazos de ingreso al país también crecieron de forma sostenida en el período: de 2.200 rechazos totales en 2021 se pasó a 11.500 en 2022, 14.400 en 2023, 15.800 en 2024 y 16.700 en 2025. Lo más significativo es el cambio en su composición: los rechazos por “falso turista”, que eran apenas 46 en 2021 y representaban el 8% del total en 2023 (1.200 casos), treparon a 3.700 en 2024 y a 6.800 en 2025, llegando a representar el 41% de todos los rechazos de ese año.
Pobres no
Gracias a los datos obtenidos por la organización mediante un pedido de acceso a la información pública dirigido a la Dirección Nacional de Migraciones, CAREF pudo ponerle cifras a las historias que recopila diariamente: “personas que ya vivían de forma regular en Argentina, empujadas a la irregularidad por requisitos económicos que gran parte de la población, que trabaja en la informalidad o cuyos ingresos no alcanzan la línea de pobreza, no podrían cumplir”, señalan en un comunicado.
Según denuncia CAREF, desde la publicación del DNU 366, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) comenzó a exigir la acreditación de “solvencia económica” como requisito para pasar de una residencia temporaria a una residencia permanente.
Periódicamente, esas acreditaciones se fueron volviendo más exigentes y diversas y, para diciembre de 2025, la DNM ya pedía una declaración de quien se hace cargo de la manutención, junto con inscripción y facturación del monotributo de los últimos tres meses por un monto igual o superior a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
“En otro (caso), se pidieron los últimos tres recibos de sueldo, o constancia de inscripción y últimos tres pagos de monotributo, o certificación contable de ingresos de los últimos seis meses, además de especificar si la persona convive con un grupo familiar y de quién dependen los ingresos, con exigencia de legalización de la documentación emitida en el extranjero —detalla CAREF—. Ese mismo mes, otra notificación intimó a presentar en diez días los comprobantes digitalizados de los últimos tres meses de aportes y facturación del monotributo, bajo apercibimiento de resolver la causa con los elementos obrantes en el expediente”.
Así, la organización fue dando cuenta de numerosas notificaciones e intimaciones recibidas por personas migrantes en distintas delegaciones de la DNM de tenor variado pero similar. “Los requisitos exigidos por la DNM son de cumplimiento imposible para un porcentaje elevado de la población migrante que trabaja en el mercado informal o está en condición de pobreza”, plantea.
El show del control
Además, en este último año se multiplicaron los operativos de control de población, en formato de espectáculo televisivo y de criminalización de las personas migrantes, y se restringieron otros derechos.
“El Estado argentino avanzó con un paquete de medidas que profundiza un rumbo que venimos advirtiendo y redefine qué significa ser migrante en el país: se restringió el acceso gratuito a la salud pública, se creó un Programa de Seguridad Migratoria que equipara a las personas migrantes con una amenaza a la seguridad nacional, y un nuevo decreto habilita impedir el ingreso o la permanencia de extranjeros bajo causales tan amplias como difíciles de precisar, por ejemplo ‘incitar a la violencia’ o dirigir ‘mensajes de odio’ contra el país”, asegura Gabriela Liguori, directora Ejecutiva de CAREF.
El decreto al que refiere es el DNU 681/2026, publicado en el Boletín oficial el 29 de julio pasado, que vuelve a modificar la Ley de Migraciones y que establece que todas estas causales imprecisas pueden provocar “la cancelación de la residencia” y “conlleva la conminación a hacer abandono del país dentro del plazo que se fije o bien la expulsión del territorio nacional”.
“El discurso oficial que sostiene y justifica estas medidas replica, en gran medida,la narrativa antiinmigrante que circula en Estados Unidos durante la administración Trump: la asociación entre migración irregular y criminalidad, y la idea de que la irregularidad habilita mayores niveles de control, intimación y expulsión”, marca CAREF.
Con este marco, CAREF, la Red Nacional de Migrantes y Refugiados, el MTE/UTEP y el CELS expusieron en el 197° Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una audiencia sobre el impacto de las reformas en las políticas de regularización, acceso a la salud y control migratorio en la Argentina.
“Expusimos sobre las consecuencias de una serie de reformas que están desarticulando una política migratoria construida durante más de veinte años basada en el reconocimiento de la migración como un derecho humano”, plantearon.
Además, las asociaciones denunciaron que La Libertad Avanza implementó una política desigual: niega la residencia a quienes hace años viven en el país pero atraviesan dificultades económicas, y promueve la «compra» de la ciudadanía por US$ 350.000.
