Redacción Canal Abierto | La Sala II de la Cámara Federal, que integran Eduardo Farah y Martín Irúrzun, confirmó la resolución que en noviembre de 2017 había tomado el juez Sebastián Casanello, de procesar por abuso de autoridad, embargar por cinco millones de pesos y prohibir la salida del país de los ex secretarios de Ambiente de la Nación Juan José Mussi, Omar Judis y Sergio Lorusso por incumplir con el control de la ley de glaciares. La misma suerte corrió el ex director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), Ricardo Villalba.
Esta confirmación llega como respuesta a una apelación de la defensa. Ante esto, los jueces de la Cámara Federal salieron a confirmar la existencia de elementos suficientes para que la causa avance y ratificar las medidas preventivas de los procesados.
“La Ley de Glaciares, en su artículo 2 dice que se deben inventariar todos los cuerpos de hielo, sin importar su forma ni tamaño. Desde el IANIGLA y la Secretaria de Medioambiente se elaboró un manual donde sólo se establecía que sólo debían inventariarse cuerpos de hielo mayores a una hectárea. Con este concepto, dejaban afuera a la mayor parte de los glaciares de la zona de los andes centrales porque miden menos de una hectárea, además de la región periglacial”, explicó Saúl Zeballos, de la Asamblea Jáchal no se Toca, colectivo querellante en la causa.
A su vez, el referente de los ambientalistas sostuvo: “si desde un primer momento se hubiese cumplido con la ley, hubiera habido auditorias donde se estaban afectando glaciares. Eso no se hizo, y de esa manera se favoreció directamente a la Barrick”.
La causa que llevó al procesamiento de los funcionarios incluye denuncias por el lobby empresarial y de representantes gubernamentales a favor de los intereses privados: “Villalba nos reconoció en una reunión que, así como nosotros íbamos a pedir que se incorporen glaciares al relevamiento, también se acercaban para pedir lo contrario funcionarios, gobernadores y las empresas mineras”.
En su fallo, Casanello indicó el hecho de que se había retenido información para demorar la publicación del Inventario Nacional de Glaciares, como así también la postergación de los trabajos que debían efectuarse en la zona, la cual era “prioritaria” conforme la ley debido a la existencia de la mina.
En esas condiciones, concluyó que los incumplimientos vulneraron al menos dos derechos humanos fundamentales: el derecho al ambiente sano y el derecho al agua, y por lo tanto toda la comunidad fue perjudicada.
“Al menos 44 proyectos mineros violan la Ley de Glaciares”
El abogado ambientalista y miembro de la asamblea que en Jáchal, Enrique Viale pasó por los estudios de Canal Abierto y dio detalles sobre cómo y por qué hay glaciares en peligro, los proyectos mineros que violan la ley, los intereses económicos y políticos, y la historia de un pueblo pequeño que visibiliza que el problema del agua contaminada.
Según denuncian los activistas, un documento interno del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, hoy a cargo de Sergio Bergmann, habla de que hay al menos 44 proyectos mineros -entre los construidos y a construir- que violarían la Ley de Glaciares.
Foto: Greenpeace Argentina