Redacción Canal Abierto | Ambas resoluciones judiciales fueron interpretadas como históricas por parte de las organizaciones medioambientales, y suceden en el marco de un intento oficialista de modificar la actual ley de Glaciares, hecho que denuncian podría beneficiar a las empresas mineras.

Por un lado, el juez Sebastián Casanello, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, procesó por abuso de autoridad, embargó por cinco millones de pesos y prohibió salir del país a los ex secretarios Juan José Mussi, Omar Judis y Sergio Lorusso por incumplir con el control de la ley de glaciares. También, en los mismos términos, procesó al ex director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), Ricardo Villalba.

El juez sostuvo que crearon un documento (“Cronograma y Fundamentos de Ejecución”) en clara contradicción con la ley nacional 26.639, el cual impidió que fueran inventariados, conocidos, y por lo tanto protegidos, muchos cuerpos de hielo existentes en la zona Lama-Veladero donde se asienta la mina “Barrick Gold”, zona que por su extrema aridez hacía aún más necesaria la preservación del agua.

“La Ley de Glaciares, en su artículo 2 dice que se deben inventariar todos los cuerpos de hielo, sin importar su forma ni tamaño. Desde el IANIGLA y la Secretaria de Medioambiente se elaboró un manual donde sólo se establecía que sólo debían inventariarse cuerpos de hielo mayores a una hectárea. Con este concepto, dejaban afuera a la mayor parte de los glaciares de la zona de los andes centrales porque miden menos de una hectárea, además de la región periglacial”, explicó Saúl Zeballos, de la Asamblea Jáchal no se Toca, colectivo querellante en la causa.

A su vez, el referente de los ambientalistas sostuvo: “si desde un primer momento se hubiese cumplido con la ley, hubiera habido auditorias donde se estaban afectando glaciares. Eso no se hizo, y de esa manera se favoreció directamente a la Barrick”.

La causa que llevó al procesamiento de los funcionarios incluye denuncias por el lobby empresarial y de representantes gubernamentales a favor de los intereses privados: “Villalba nos reconoció en una reunión que, así como nosotros íbamos a pedir que se incorporen glaciares al relevamiento, también se acercaban para pedir lo contrario funcionarios, gobernadores y las empresas mineras”.

En su fallo, Casanello indicó el hecho de que se había retenido información para demorar la publicación del Inventario Nacional de Glaciares, como así también la postergación de los trabajos que debían efectuarse en la zona, la cual era “prioritaria” conforme la ley debido a la existencia de la mina.

En esas condiciones, concluyó que los incumplimientos vulneraron al menos dos derechos humanos fundamentales: el derecho al ambiente sano y el derecho al agua, y por lo tanto toda la comunidad fue perjudicada.

La otra novedad judicial trascendente de las últimas semanas fue la confirmación del procesamiento del CEO y representante de Glencore, la empresa encargada de operar la minera Alumbrera, por contaminar con metales pesados provenientes de la industria minera.

También se decidió revocar el sobreseimiento al CEO anterior, Julián Patricio Rooney y  ratificar el llamado a indagatoria de Michael Harvy y Lou Holemes, denunciados como operadores de la empresa en el territorio.

“Es una causa que se inicia en 1999 pero estuvo paralizada mucho tiempo, hasta que el año pasado logramos reactivar el proceso para que la justicia avanza en medidas de prueba”, señaló Freddy Carbonel, referente de la Asociación Civil Pro-Eco Grupo Ecologista.

“La actividad en la Alumbrera, al igual que con otros emprendimientos mineros de estas características, no sólo contamina, sino que también genera corrupción en distintos estratos de los gobiernos provinciales y el nacional. Hay mucho dinero en el medio, e intereses muy poderosos”, aseguró Carbonel sobre lo que dan en llamar “contaminación social”. “No es casual que ahora Glencore esté tan involucrada en el escándalo de los Paradise Papers”.

A principios de noviembre una masiva filtración destapó un nuevo entramado de evasión y fuga de capitales a nivel global. En su capítulo argentino no sólo se vieron envueltos políticos, como fue el caso de los ministros Luis Caputo y José Aranguren, sino también la multinacional Glencore, poseedora en Argentina de proyectos mineros como Alumbrera (Catamarca) y El Pachón (San Juan), además de emprendimientos de tipo agro exportador como la planta de oleaginosa Grupo Moreno en Bahía Blanca y Molinos Libres en corrientes. Se trata ni más ni menos que de la primera comercializadora de materias primas a nivel global y de la cuarta empresa minera más grande del mundo. Con presencia en mas de 50 países, en Latinoamérica Glencore lleva operaciones en nuestro país, Bolivia, Chile, Colombia y Perú.

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