Redacción Canal Abierto | A partir de la denuncia realizada por una joven, Margarita Meira, fundadora de la asociación Madres Víctimas de Trata (MVT) y cuya hija fue obligada a prostituirse y luego fue asesinada, se presentó ayer ante el Juzgado Federal Nº 1 junto con Marta Ramallo (mamá de la joven desaparecida desde julio de 2017) para radicarla formalmente. Esto devendría en un tardío allanamiento en la Unidad Penal Nº 34 de Melchor Romero.
La denuncia se formuló a partir del testimonio de una joven que llegó a la MVT y que dice haber estado secuestrada y haber visto a Johana Ramallo junto con otras diez chicas en un sótano: “me cuenta que estuvo en otro penal, que la tienen secuestrada y que la sacan para prostituirse. Ahí logra escapar”, expone Margarita en diálogo con Canal Abierto y agrega: “llamó al 145 (teléfono del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata) y dice que la misma policía hizo que las trasladaran a Melchor Romero”.
Margarita se acercó hasta el Juzgado pero allí pasó varias horas: “Nosotros decidimos que un grupo de compañeros se instale en las esquinas del penal y en ese momento ir a hacer la denuncia y llamar a los medios. Mientras mis compañeros estaban allá, yo estaba en el juzgado con Marta (Ramallo) haciendo la denuncia, pero desde las 10 de la mañana nos tuvieron hasta las 14. La secretaria del juez me pidió que le adelante la denuncia y me dijo que iba a llamar al penal. Me demoraron un montón”, declara Meira.
Cerca de las 17 del lunes, y ordenado por el juez federal platense Ernesto Kreplakde, se hizo presente en la Unidad Nº 34 un equipo de peritos, acompañados por agentes de la Policía Federal, que realizaron una requisa por las distintas dependencias del penal, en busca de elementos que confirmaran la veracidad de la denuncia. Los datos del allanamiento, como eran de esperar, arrojaron que eran negativos.
Hasta el momento no existe en nuestro país ningún sistema de información que pueda dar cuenta con precisión del total de causas existentes en el país por trata de personas con fines de explotación sexual.
Foto: Diario El Día