Redacción Canal Abierto | Continúan las denuncias en relación a los aportantes falsos de la campaña del oficialismo en Buenos Aires. En las últimas horas, incluso candidatos propios denunciaron públicamente que no habían realizado aportes de ningún tipo. Entre ellos, el intendente marplatense de Cambiemos, Carlos Arroyo, negó haber colaborado económicamente en la campaña de 2015.
Históricamente, el financiamiento partidario ha estado en el ojo de la tormenta. Sin ir más lejos, en 2007, el caso de las valijas de Antonini Wilson coincidió con la campaña de Crisitina Fernández de Kirchner y llevó a que se cuestionara duramente la campaña electoral.
En este sentido, los datos públicos que aparecen en la Cámara Nacional Electoral, dan cuenta de que durante las elecciones generales de 2017 Cambiemos recibió un total de $41.710.550,00, de los cuales en la provincia de Buenos Aires $33.835.650,00 correspondieron a dinero en efectivo. Se trata de un 81% en cash, y del cual se desconoce la procedencia.
El modo en que se financia la política en nuestro país no sólo es cuestionado por el periodismo y la sociedad. Transparency International, ONG encargada de dar a luz casos de corrupción y cuya sede en nuestro país es Poder Ciudadano, también puso en evidencia el sistema.
“La investigación sobre los aportes de campaña truchos abre la posibilidad de discutir en serio la reforma del sistema de financiamiento político a nivel nacional y provincial. Es hora de que la clase política legisle en serio el tema, sin vacios legales convenientes para los partidos”, señala Poder Ciudadano.
El escándalo salió a la luz tras una investigación del sitio web El Destape. El trabajo periodístico confirmó que, entre decenas de casos, figuraba como aportante Fernando Gastón Fa Acuña, un narco que puso dinero para la campaña de Esteban Bullrich y Graciela Ocaña en 2017.
Si bien los grandes medios aún no se han hecho eco de lo las denuncias, el tema de los aportantes truchos (en el que la lista incluye a familias de bajos recursos) ha despertado el enojo de gran parte de la sociedad, de aportantes ficticios e incluso una causa judicial que tramita el juez Sebastián Casanello.