Redacción Canal Abierto | La movilización popular logró una marcha atrás sin precedentes en Mendoza: empujar la decisión de Rodolfo Suárez, flamante gobernador, de no reglamentar la ley 9209, que modificó la 7722, de protección contra la megaminería contaminante. Pero las luces de alerta se encendieron, porque la norma que generó un gran rechazo popular, en rigor, sigue vigente.
En respuesta, los senadores Andrea Blandini y Bartolomé Robles presentaron un proyecto de ley para derogar la 9209, con un pedido expreso al Poder Ejecutivo de Mendoza para que “haga suya la iniciativa”, ya que la Legislatura se encuentra en sesiones extraordinarias y sólo trata los proyectos que provienen de la Gobernación.
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Entre los fundamentos, el proyecto sostiene que “tan grande es el rechazo de la sociedad (a la reforma), que los días 22 y 23 de diciembre, en Mendoza, se vio una de las manifestaciones populares más grandes de su historia (sólo comparable con el recordado Mendozazo) en donde miles de familias mendocinas, más de 80.000 personas, partieron en caravana desde el interior de toda la provincia, especialmente del Valle de Uco y manifestaron en Casa de Gobierno su repudio a la modificación de la Ley 7722”.
“Nosotros hemos reafirmado nuestra posición, e invitamos al gobernador a que dé inicio a la derogación, no sólo a la suspensión de la reglamentación, porque entendemos que esto deja un vacío legal: la 9209 sigue vigente y sin reglamentación, lo que es aún más grave porque eso habilitaría a ningún tipo de control. Si mañana se quisiera instalar una minera, lo podría hacer y no le estaríamos poniendo impedimento de seguridad alguno”, detalló Blandini, una de las autoras del proyecto y única senadora mujer que votó en contra de la reforma, en diálogo con Canal Abierto.
La guardiana del agua
La ley 7722 es conocida en Mendoza como “la guardiana del agua”, y fue impulsada en las calles, allá por 2007. El mismo lugar donde se defendió pacíficamente las últimas semanas, a pesar de lo cual las fuerzas de seguridad reprimieron a quienes manifestaban en la capital.
Sin embargo, fue la reacción popular la que forzó a Suárez a no reglamentar la norma. Pero la sospecha de los asambleístas de que el gobernador sólo buscaba ganar tiempo para realizar la inminente Fiesta de la Vendimia sin sobresaltos generó que muchos departamentos amenazaran con no presentar sus reinas en la fiesta nacional.
“Ésta no es una decisión nuestra, es que el pueblo de Mendoza está expresando que no es no –agrega Blandini-. Entendemos que derogar la ley es lo más sano para la política mendocina y para la democracia. Esto ha sido un error de los que somos legisladores, una división entre el mundo representado y los representantes. Porque hay mucha voz del pueblo que dice ‘la 7722 no se deroga’ y se sostiene tal cual es, como una guardiana del agua contra las sustancias contaminantes».