Redacción Canal Abierto | “Estamos seguros que el desarrollo del futuro será verde o no va a ser. Asumimos una política activa de promoción de la economía circular que incluye un plan de inversiones para erradicar basurales a cielo abierto, mejorar la disposición final de los Residuos Sólidos Urbanos y las condiciones de trabajo de los recuperadores urbanos”, dijo el lunes el presidente Alberto Fernández en su discurso de apertura de sesiones del Congreso Nacional.
La mención cargó de visibilidad a la tarea que desplegó el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación desde la llegada de Juan Cabandié, cuyo foco estuvo orientado a reemplazar basurales por espacios públicos y a fortalecer la gestión de los residuos urbanos con inclusión social y generación de empleo.
En ese contexto, Canal Abierto dialogó con Sergio Federovisky, biólogo, periodista especializado, escritor, conductor del programa televisivo Ambiente y Medio por el cual ganó dos premios Martín Fierro y actual secretario de Control y Monitoreo Ambiental del ministerio nacional, que tiene en su órbita el Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto, que brinda, entre otras cosas, apoyo a las organizaciones de recuperadores.
“Durante los cuatro años del gobierno anterior tuvimos un Estado nacional que miraba de costado el tema”, lamenta el funcionario.
El problema de los residuos -que el Papa Francisco impuso en la agenda global en 2015 con la encíclica Laudato si´ sobre el “Cuidado de la casa común”, y el programa del gobierno argentino para enfrentarlo, en esta charla.
¿En qué consiste el programa de erradicación de basurales a cielo abierto?
-El plan surge de recuperar un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo que había sido gestionado en el 2014, que había tenido su primer desembolso a fines del 2015 y que entre el 2016 y 2019 el gobierno de Macri lo sub-ejecutó a un nivel escandaloso. Recuperamos ese préstamo y lo pusimos en marcha a tal punto que en solo un año comprometimos la inversión de más de 100 millones de dólares en compra de maquinaria, de tecnología para tratamiento de residuos, para separación, para los municipios y en obras concretas de erradicación de los basurales, y a partir de eso ya estamos gestionando con el BID un segundo tramo para el año que viene de cerca de 250 millones de dólares. Eso va a permitir, junto con las obras que ya estamos licitando y llevando a cabo en Formosa, en Concordia, en Quilmes, Moreno, Mendoza, Villa María, Lujan y Chascomus, tener una fuerte presencia en todo el país para erradicar los basurales a cielo abierto y reemplazarlos por sistemas de tratamiento de los residuos que permitan recuperar los materiales y dar trabajo formal, empleo, a las cooperativas que trabajan en cada uno de los municipios.
Este tipo de programas siempre existen a nivel local, provincial y nacional, pero el desarrollo que tuvo el año pasado y el respaldo institucional que le da la mención del presidente en la apertura de sesiones parece darle una dimensión que no había existido hasta el momento…
-La diferencia crucial es conceptual: hasta el momento tuvimos, y fundamentalmente durante los cuatro años del gobierno anterior, un Estado nacional que miraba de costado el tema y que entendía que, como los municipios son originalmente quienes tienen la competencia en la recolección y tratamiento de los residuos, apenas había que asistirlos. Nosotros entendemos que el Estado nacional tiene que involucrarse, porque se trata del principal problema ambiental de la Argentina, que no podemos seguir perdiendo el tiempo para resolver el tratamiento de los residuos que es más un problema del siglo XX que del siglo XXI. Eso supone que el Estado nacional planifique, diseñe, consiga los fondos, invierta y confeccione una política pública a escala federal que permita llegar a cada uno de los rincones de Argentina con una política equivalente en términos de recursos, capacitación y tecnología para poder pasar a otro nivel en el tratamiento de los residuos en todo el país.
¿La basura es el principal problema ambiental del país?
-Yo no tengo la menor duda de eso porque además es un problema soluble, tiene solución, tiene posibilidades de ser enfrentado con éxito, y no hay excusas ni tecnológicas ni políticas, ni de recursos económicos que expliquen que la Argentina tenga 5.000 basurales a cielo abierto casi como manera formal de tratamiento de los residuos.
¿Cuáles son los obstáculos con los que se puede encontrar el desarrollo del programa?
-La verdad es que no me pongo a pensar en eso, los principales obstáculos los teníamos internamente en cuanto al compromiso del Estado nacional y que este gobierno, a diferencia del anterior, entiende que es una obligación ética, porque si hablamos de medio ambiente, hablamos de desarrollo sustentable y tenemos 5.000 basurales estamos escondiendo la basura abajo de la alfombra.
¿Registran el impacto que genera en cada pequeña organización la llegada de la asistencia del ministerio?
-Por supuesto, y también entendemos que es parte del desarrollo de una política, no es apenas la asistencia a una cooperativa, es acompañar una política en la cual las cooperativas son un eslabón central.
La articulación con los municipios es fundamental para el desarrollo del programa…
-Más allá de cómo surge la actividad de los recuperadores urbanos y las cooperativas, y de la lectura social que se puede hacer de eso, hoy cumplen un papel central en la implantación de una economía circular. ¿Cómo nosotros podemos colaborar en ese contexto? Básicamente entendiendo que el diseño de una política pública, que tiene que ser persistente y constante en el tiempo en materia de erradicación de los basurales y transformación de los métodos de tratamiento de residuos, tiene que contar con la formalización de los trabajadores, la visibilización de las cooperativas, el fortalecimiento de la actividad, el suministro de tecnología y material para que todo el trabajo que tiene como objetivo aumentar la capacidad de reciclaje, de reutilización de los residuos, tenga más sentido.
Las cooperativas necesitan el apoyo del Estado para hacer rentable la operatoria, pero el Estado de todas formas tiene que pagar por esos servicios…
-Pero más allá de eso hay que aceptar que las cooperativas existen, y necesitan ser fortalecidas, y hay distintos instrumentos para eso. Yo creo que el principal es la visibilización y el trabajo para formalizar la actividad, y a partir de ello todo lo que el Estado pueda proveer tiene que ser considerado como una inversión en la recuperación de los residuos, no tiene que ser visto como un gasto.
¿La experiencia con las cooperativas en el parque de reciclado de CEAMSE de José León Suárez puede tomarse como modelo para replicar? (*)
-Allí lo que debe prevalecer hacia el futuro es la idea de fortalecer esos instrumentos para mejorar la capacidad de recuperación de los residuos, y que no sea simplemente un aporte social que hace el Estado para contener a un sector que está muy comprometido desde el punto de vista de sus ingresos. Porque la confusión lleva a pensar que es una especie de subsidio a la pobreza y no una política integrada al propósito de garantizar un manejo mas sustentable de los residuos.
Para que puedan competir en el mercado con los otros actores de la industria…
-Que puedan ser proveedores de aquello que la industria necesita hoy como insumo. Nosotros participamos de una discusión para el reemplazo del decreto 591, que habíamos derogado cuando iniciamos la gestión, un decreto que aprobó el macrismo para alivianar las exigencias ambientales en materia de importación de residuos destinados a ser insumo para la industria, y hoy nos encontramos con que el gran problema es que la posibilidad de reducir esas importaciones de residuos choca contra que no tenemos todavía una oferta local desarrollada. Quiere decir que la potencialidad en materia de reciclaje o de recolección diferenciada de los residuos, de aporte de esos residuos a una economía circular, todavía está desarrollada muy incipientemente. Entonces nuestro esfuerzo tiene que estar en que las cooperativas, los trabajadores, los recuperadores, sean un eslabón determinante para garantizar oferta local de residuos convertidos en insumos, que hoy la industria los tiene que ir a buscar afuera.
¿Cuáles son las líneas de trabajo para 2021?
-La continuidad de la inversión que iniciamos el año pasado, para concretar el último tramo del préstamo del BID y poder pasar a una nueva etapa. Lo que queremos es consolidar un política que después quede de manera permanente en el tiempo y que todas las provincias puedan articular con el Estado nacional y con los municipios para que sea sustentable y uniforme en todo el país, porque el problema de los residuos tiene la particularidad de que es prácticamente el mismo de norte a sur y de este a oeste, entonces tiene que tener una lógica similar, porque es la misma población, el mismo problema, el mismo impacto socioambiental y por eso la respuesta tiene que ser una política a escala federal.
¿La demanda es alta?
-Si entendemos, como se entendía antes la política respecto de los residuos, en la cual el Estado nacional era simplemente proveedor de dadivas, entonces sí, la demanda se siente como presión, porque viene un municipio y pide una retro-pala, viene otro y pide un camión, etc. En cambio si entendemos al revés, lo que tenemos es una articulación y no una demanda, y eso es lo que tenemos que garantizar a lo largo del tiempo.
* En el Complejo Ambiental Norte III del CEAMSE, ubicado en la localidad de José León Suarez, funciona el Reciparque, un predio en el que nueve cooperativas y asociaciones civiles reciben los residuos de más de 50 municipios bonaerenses y la Ciudad de Buenos Aires, los separan, clasifican y venden a la industria del reciclado. Las organizaciones reciben un pago mensual por parte del organismo por la tarea de disminuir la cantidad de basura que termina en el relleno sanitario. Además, por fuera de los terrenos de CEAMSE, en San Martín y Tres de Febrero existen otras plantas de recuperación que también tienen convenios similares con el organismo estatal. Una de ellas, Plaza Libertador, recibió en diciembre al Ministro Cabandie y el secretario Federovisky, junto al intendente de San Martin Fernando Moreira y la subgerenta de CEAMSE Marcela Pozzuoli, para la entrega de maquinaria otorgada por el Plan de Erradicación de Basurales (foto abajo). Además, todas las agrupaciones cuentan con el acompañamiento de un Equipo de la Facultad de Ciencias Sociales de UBA que brinda apoyo en cuestiones sociales, sanitarias, educativas, laborales, técnicas y comerciales.
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Fotos: Argentina.gob.ar