Redacción Canal Abierto | Luis Pilquimán es mapuche, es lonko de la comunidad Wefu wechu, asentada en un pequeño valle verde en la estepa patagónica rionegrina, del Paraje Cerro Alto en Pilcaniyeu, allí donde comienzan las primeras estribaciones andinas, a 150 kilómetros de Bariloche. Desde 2019 ocupa la vicepresidencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que por primera vez en la historia es desempeñada por un miembro de una comunidad originaria.
Al frente del Instituto, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se encuentra la rionegrina Magdalena Odarda, ex senadora nacional y candidata a gobernadora en un par de oportunidades por el ARI y por una fuerza provincial.
Pilquimán es también parte del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro y debido a sus deberes como funcionario reparte su tiempo entre la Patagonia y visitas periódicas a la capital, donde sostuvo esta entrevista con Canal Abierto.
El pasado 25 de agosto se realizó en San Carlos de Bariloche el Foro Consenso Bariloche, un consenso al que las comunidades originarias no fueron convocadas. ¿Qué lectura hacés de esta iniciativa que se convoca según los organizadores “para una Patagonia sustentable y en paz”?
-Este encuentro es una instancia local de organización que tiene como antecedente algunas marchas que se han generado en la región, de clara expresión anti-mapuche, anti reclamos territoriales, con movilizaciones y hechos bastante violentos en algunos momentos. Ellos llaman a esto consenso pero sólo se reúnen los que opinan y ven la cosa de una manera. Tiene sus limitaciones el planteo ya que tanto el Parlamento Mapuche, las comunidades mapuches y otras instancias de organización regionales y provinciales no fueron convocadas. No tienen una idea de consenso y tienen una posición tomada frente al reclamo territorial histórico y político del pueblo mapuche y otros sectores en relación a la distribución de la tierra.
Hubo personajes como el ex senador (Miguel Angel) Pichetto con posiciones muy racistas y xenófobas, planteando un debate –para nosotros ya superado– sobre la idea de que los mapuches vienen de aquel lado de la cordillera o si son de este lado, y eso genera situaciones de confrontación, de cizaña, profundiza el desencuentro entre partes de esta sociedad.
Nosotros queremos el reconocimiento de nuestra existencia como pueblo y de los derechos colectivos que nos asisten tanto en el marco constitucional como en los tratados internacionales.
¿Qué intereses estuvieron representados en este Foro?
-Estuvo el gobierno provincial, en la persona de la gobernadora Arabela Carreras; el gobierno de Chubut, a través del ministro de Seguridad Federico Massoni, tristemente célebre por las represiones a los grupos anti mineros y de los reclamos sociales. De Chile, estuvo presente el presidente de una cámara empresaria de la Araucanía (Patricio Santibáñez Carmona), relacionada a la explotación forestal y otras actividades extractivas. Todas expresiones muy peligrosas porque vinculan las luchas sociales, de derechos, con el narcotráfico o con ideas de un presunto separatismo, de que queremos subdividir el país y crear un estado aparte; situaciones que están alejadas de la realidad política y social a la cual todos los estados deberían atender de manera más profunda.
¿El prolongado conflicto por la recuperación de tierras de la lof Winkul Lafquen Mapu en Villa Mascardi es utilizado para fogonear este encono? ¿La dilación, por parte del gobierno provincial, para encontrar una solución abona el malestar de todos los sectores?
-Lo del (lago) Mascardi, lo de la Pu Lof (en resistencia Cushamen, en la zona de Esquel, Chubut, la zona donde Santiago Maldonado sufrió la desaparición forzada seguida de muerte) o la lof Paillaco en el Parque Nacional Los Alerces (Chubut), son expresiones mapuches de comunidades de hermanos que han vuelto a su territorio reivindícandolo y luego de largos reclamos y falta de respuestas por parte de los estados provinciales y el nacional. El Estado debe hacer un abordaje más profundo y con una mirada compleja de las reivindicaciones históricas y ancestrales, no son demandas coyunturales. Querer atender la cosa muy puntual es no tener la voluntad de atender la cuestión de fondo. Eso, con el tiempo, puede hacer que la situación sea más compleja.
Se vence nuevamente la ley 26.160 que establece el relevamiento territorial de comunidades indígenas, sancionada en 2006 en respuesta a la situación de emergencia territorial de las comunidades del país. El relevamiento se ha hecho, cuando se hizo, a cuentagotas. ¿Qué les depara a las comunidades después de noviembre?
-En noviembre, por tercera vez se vence la prórroga de la ley, y se crea este clima de incertidumbre, ya que cada vez se va enrareciendo más la situación política en torno al tema del territorio. Hay en las comunidades una movilización creciente para impulsar la prórroga de la ley.
Durante el último período, estos cuatro años –dos de ellos bajo la gestión del macrismo–, se avanzó muy poco. La prórroga de la emergencia se aprobó a regañadientes y sin presupuesto lo que imposibilitó realizar nuevos relevamientos.
En esta gestión, nos dedicamos a cerrar las carpetas que habían quedado de 2015 y 2016 (N. de R.: se refiere a las Carpetas Técnicas que se abren ante el pedido de reconocimiento de la ocupación actual, tradicional y pública de las comunidades, para legitimar esta ocupación de ancestral de hecho frente al Estado); hicimos algunas intervenciones en el territorio con el equipo centralizado del INAI como el caso de la lof Buenuleo y la lof Quijada y otros territorios donde había una alta conflictividad. Estas intervenciones generaron repercusiones políticas; el Consenso Bariloche puede ser una respuesta a esta intervención del estado nacional.
Yo creo que la prórroga se volverá a dar. En este tiempo van a comenzar a surgir distintas expresiones de sectores indígenas a nivel nacional ya que la ley ha logrado parar varios desalojos y si se crea un vacío eso generaría mucha preocupación.
El otro aspecto es seguir fortaleciendo este instrumento legal. El relevamiento reconoce, releva la ocupación actual, tradicional y pública y hay que dar un paso siguiente hacia la propiedad comunitaria o el territorio indígena comunitario.
La propiedad comunitaria de la tierra
“No existe la propiedad comunitaria. Existe la declaración como derecho en el marco del artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, pero no está instrumentado el mecanismo de registro de esa propiedad. Si alguna comunidad lo quisiera hacer no tiene los instrumentos nacionales ni provinciales para lograrlo”.
La participación indígena en el INAI
“Hay una necesidad de trabajar la participación indígena tanto en el INAI como en la política en general. Nosotros entendemos que tiene que ser en todos los aspectos de la política pública: en la idea y el proyecto, en la aplicación y en la ejecución, en todo lo que implique nuestros derechos. El INAI está teniendo un vacío en este sentido. Estamos trabajando en recuperar vínculos con organizaciones indígenas, lo que puede ayudar a potenciar y ordenar las demandas, a jerarquizarlas. Hay una gran dispersión, pero hay una necesidad de dejar de lado las miradas sectoriales para avanzar en visiones más colectivas. Esa política debería estar acompañada por el INAI”.
“Necesitamos sumar más hermanas y hermanos al instituto, los profesionales indígenas deben tener mayor participación de manera de poder incorporar ese conocimiento cultural y técnico que han adquirido. Ese es un desafío para adelante”.
“Los gobiernos deben reconocer a la población indígena”
“Yo creo que hace falta que tanto el gobierno nacional como los provinciales reconozcan que en sus territorios, en su población, hay población indígena. Poblaciones que tienen particularidades políticas, cosmogónicas, que tienen derechos consagrados. No se puede seguir haciendo política sin tener en cuenta estas particularidades culturales porque eso genera fuertes choques y el crecimiento de las organizaciones indígenas van a generar mayores repercusiones”.