Redacción Canal Abierto | El caso de Sarah Everard, la joven londinense brutalmente asesinada por Wayne Couzens en marzo de este año, conmocionó al Reino Unido. Couzens, agente de la unidad de élite de protección diplomática de la policía de Londres, reconoció el secuestro, violación y asesinato, y fue condenado a cadena perpetua.
Desde el femicidio de Sarah, se contabilizaron 81 mujeres muertas en manos de hombres en todo el Reino Unido. “Es absolutamente ridículo que sepamos esto por mi trabajo, una mujer al azar en el este de Londres, no el gobierno, no el Consejo de Jefes de Policía Nacional. Cada una de estas mujeres habrá muerto de terror y dolor, al igual que Sarah. Cada una deja atrás a amigos y familiares afligidos por quienes la pérdida durará toda la vida. Es significativo que Sarah fuera asesinada por un oficial de policía en servicio, pero desearía que el sufrimiento de estas mujeres y la angustia de quienes las amaban no fueran aceptados como algo normal e inevitable”, escribió la periodista de The Guardian, Karen Smith.
Estos 81 femicidios en 28 semanas perpetúan el crecimiento de un flagelo que no discrimina sociedades. Este país del primer mundo registró 117 mujeres muertas en 2019, 147 en 2018 y 147 en 2017.
En Argentina, este viernes 8 de octubre se cumplen cinco años del femicidio de Lucía Pérez. El horror detrás de su muerte provocó el primer paro de mujeres bajo el grito de Ni Una Menos en el país.
Te puede interesar: Un paso más cerca de obtener justicia para Lucía Pérez
Lamentablemente, más allá de las leyes, de las luchas, del grito en las calles, los femicidios siguen el alza. Los observatorios MuMaLá y Lucía Pérez hicieron públicas sus cifras para los primeros nueve meses de este año. Para el primero, se produjo una muerte violenta de una mujer o una travesti cada 26 horas. Para el segundo, cada 30. Se trata de entre 216 y 246 femicidios y travesticidios en lo que va de 2021.
Según el Observatorio MuMaLá, estas muertes provocaron que 168 niños, niñas y adolescentes se queden sin su madre. Al igual que el caso de Londres, el informe también detalla que el 9% de los femicidios fueron cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad -policías, militares, servicio penitenciario, activos o retirados-, donde en el 23% de los casos los femicidas utilizaron su arma reglamentaria.
En el informe del Observatorio Lucía Pérez se incluyó el padrón de funcionarios públicos denunciados por violencia de género que sistematiza los datos de una muestra de 153 casos. “Las denuncias involucran a todos los poderes del Estado argentino y recorren todos sus estratos, incluidos los más altos. Los 153 casos no significan la totalidad de los funcionarios denunciados. Es apenas una muestra confeccionada con informaciones periodísticas no desmentidas y de los últimos años”, señalaron.
Y si de femicidios se trata, México lidera el ranking de esta forma de violencia contra las mujeres. Tan solo en 2020 se registraron 3.723 muertes violentas de mujeres en ese país, de las cuales 940 fueron investigadas como femicidios por las 32 entidades federativas del país, sin que exista una sola entidad libre de femicidios.
El informe realizado por Amnistía Internacional documentó cuatro casos emblemáticos de femicidio precedidos de desaparición, analizando específicamente las deficiencias en las investigaciones penales de los mismos. A su vez, el escrito demuestra que las autoridades estatales no inspeccionan correctamente el lugar de los hechos, no resguardan de forma apropiada las evidencias recolectadas, y no realizan pruebas periciales o diligencias, causando la pérdida de datos, objetos o sustancias y testimonios.
“Las investigaciones sobre femicidios precedidos de desaparición, realizadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), presentan graves deficiencias por la inacción y negligencia de las autoridades, lo que ha llevado a la pérdida de evidencias, a que no se examinen todas las líneas de investigación y a que no se aplique correctamente la perspectiva de género. Esas insuficiencias obstaculizan el proceso judicial y aumentan las probabilidades de que los casos queden impunes”, sentenció Amnistía.
