Redacción Canal Abierto | El 2019, un año que se esperaba signado por las elecciones que definirían el recambio o no de presidente, comenzó con una denuncia que involucró al poder judicial, los medios y los servicios de inteligencia y que salpicó al gobierno, entonces al mando de Mauricio Macri.
La denuncia del empresario Pedro Etchebest contra el espía Marcelo D’Alessio, el fiscal Carlos Stornelli y el periodista Daniel Santoro, dejó al descubierto y aportó pruebas sobre una práctica que venía siendo denunciada por la entonces oposición: el uso de la justicia para armar causas judiciales contra sectores de la oposición.
Este entramado fue investigado por la periodista María Belén Bartoli y recientemente publicado en el libro Espiados, que se presentará el próximo 10 de mayo en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. En diálogo con Canal Abierto, la periodista cuenta que la denuncia hecha por Etchebest en el Juzgado Federal de Dolores a cargo de Alejo Ramos Padilla abrió una caja de Pandora que reveló este entramado que iba más allá de la práctica extorsiva.
“Cuando Ramos Padilla realiza el allanamiento en la casa de Marcelo Sebastián D’Alessio descubre que el delito de extorsión era uno de los tantos que llevaba adelante este espía. Ahí es donde se empieza a destrabar y a conocer públicamente quién era realmente D’Alessio y cuáles eran estos contactos: jueces, fiscales federales, funcionarios de primer nivel. Y también conexión con los medios de comunicación que le permitían investigar, hacer espionaje, que nadie le hiciera denuncias y que si esas denuncias ocurrían quedaran archivadas. Así fue creciendo y avanzando en un gobierno como fue el de Mauricio Macri, que permitió y financió el espionaje”, revela Bartoli.
La autora refiere que estas situaciones fueron posibles a partir de algunas de las primeras medidas instrumentadas por Macri al llegar a la presidencia. “El 24 de diciembre de 2015, a 14 días de asumir y mientras todos estábamos esperando la Nochebuena firmó el DNU por el que los fondos de la AFI vuelvan a ser reservados cuando antes la sociedad tenía una idea en que se destinaba la inteligencia”, recuerda.
Y agrega que “de la misma manera, cede la oficina de escuchas como se conoce a la Corte Suprema de la Nación esto entonces nos permite entrever que no fue un loquito al azar, un cuenta propista Marcelo D’Alessio sino que estaba enmarcado dentro de un Estado que lo permitió y que lo avaló”.
Bartoli destaca que “lo que tiene de particular esta causa es que es la primera de espionaje ilegal contra el gobierno de turno. Hoy hablamos de espionaje ilegal que ocurrió durante la gestión de Mauricio Macr,i pero tenemos a otro color político al frente. En la causa reflejada en Espiados se investiga a Mauricio Macri siendo presidente y a María Eugenia Vidal siendo gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Y encima en un año tan sensible para la Argentina como fue 2019 donde hubo un cambio de gobierno todo ese contexto particular”
Acerca del trasfondo que develó esta causa, Bartoli plantea que “es la nueva forma de hacer terrorismo de Estado. A veces se habla mucho del concepto de lawfare, que es cuando el gobierno de turno ejerce una especie de guerra judicial y lo que yo cuento es que hoy tenemos un gobierno que fue electo democráticamente, que es débil en algunos aspectos y en otros no, que intenta confrontar con ciertos sectores y termina perdiendo, pero si hay algo que podemos coincidir es que no está llevando adelante una guerra judicial y mucho menos un lawfare”.
Y alerta que “esa oposición sigue con el pre armado de causas y sigue teniendo ese poder en Comodoro Py. Por eso digo que es mucho más grave lo que pasó y que fue una especie de terrorismo de Estado. Por eso como sociedad tenemos que volver a fijar nuevos límites y nuevas normas para que no se vuelva a avanzar para que esto no vuelva a pasar en caso de que un gobierno más afín a todo este tipo de situaciones, lo intente hacer”.
“Es en la sociedad donde va a quedar la palabra final de hasta dónde vamos a permitir que ocurra esto y de alguna manera volver a levantar esa bandera del Nunca Más y y volver a fijar límites y decir hasta dónde vamos y hasta dónde llegamos. Esa es una responsabilidad ciento por ciento de la dirigencia política, pero 110% si querés del sistema judicial que tiene que entender que no puede hacer justicia en base al gobierno de turno, que tiene que haber cierta independencia porque de lo contrario debilitamos el sistema democrático y es lo que siempre, por lo menos en lo personal voy a defender”, concluye.