Canal Abierto Radio | El pasado jueves 9 de junio la Cámara Federal de Casación le concedió la prisión domiciliaria al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz, siguiendo la sugerencia del Cuerpo Médico Forense. La decisión de los jueces Ángela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques refiere al expediente sobre el asesinato de Horacio Alejandro Benavides, un militante de 22 años que fue acribillado a metros de Plaza Moreno de La Plata en septiembre de 1976.
Sin embargo, según aclaró en comunicación con Canal Abierto Radio la abogada querellante Guadalupe Godoy, “el fallo por la domiciliaria a Etchecolatz no se hace efectivo porque tiene otras causas en las que tiene prisión preventiva”. En este sentido, la representante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos refirió a la impunidad biológica: “Sabemos que estamos corriendo una carrera contra el tiempo y lo que sucede es que los defensores de los genocidas piden prisiones domiciliarias basándose en cuestiones de salud”.
“Con esta causa pasó que en septiembre del año pasado la Unidad 34 dijo que no estaba en condiciones -algo que después rectificó- y Casación aprovechó la circunstancia y basado en ese informe lanzó esta medida”, explicó al tiempo que aseguró: “Los organismos hemos peleado cuando hay otorgamiento de prisiones domiciliarias que tienen que ver realmente con dar privilegios que no se los darían a quienes están detenidos por causas comunes”.
“Por otra parte, cuando entramos en márgenes de salud y el sistema penitenciario no está preparado para atenderlos entramos en otra complejidad. Lo digo porque es muy simple poner la responsabilidad exclusivamente en el Poder Judicial pero también hay que ver qué otros factores están jugando, y acá hay una responsabilidad de quienes llevan adelante el servicio penitenciario que dieron esa respuesta habilitando a Casación a que tome esta medida”, remarcó.
“El tema es cómo se cubren las condiciones necesarias para que estas personas cumplan su condena en la cárcel. En Campo de Mayo -donde los mandó Mauricio Macri- están en condiciones excelentes y ahora Etchecolatz está internado en una clínica privada de Merlo porque cuando hay una patología que no se puede atender dentro de la unidad se los lleva ahí” describió. A su vez, Godoy, que representó a Jorge Julio López en 2006, señaló que “a 15 años de iniciados los juicios esto sucede todo el tiempo, este caso trasciende porque es él”.
En cuanto a la reapertura de la causa por el “atentado” montonero en la Superintendencia de la Policía Federal, la abogada sostuvo: “Hay que pensar en qué significaba este lugar, porque a veces nos cuesta dimensionar el rol de la Inteligencia de las fuerzas de seguridad y los militares en el genocidio, es como más sencillo ver la responsabilidad de quienes actuaban dentro de los centros clandestinos de detención y nos cuesta mucho más identificar la responsabilidad de aquellos que elegían los blancos. Superintendencia cumplió ese rol además del de alojamiento y tortura, con lo cual yo entiendo ese hecho como un hecho de resistencia al genocidio”.
“Además esto tiene que ver con volver a instalar la teoría de los dos demonios dentro de la escena judicial. En cuanto a lo jurídico, esta fue la causa por la que en 2006 pensamos que era mejor utilizar la categoría de Genocidio que de Lesa Humanidad por lo que había sucedido en nuestro país porque no hay dudas de que un genocidio sólo lo comete el Estado”, aclaró.
Y finalizó: “Si hay algo que reconocerle a la derecha progenocida es su resistencia y que saben, al igual que nosotros, que en los juicios se disputa sentido sobre lo que significó en la dictadura y qué mejor momento que este, con el avance de miradas negacionistas, los discursos de odio y el crecimiento de esta extrema derecha que se autodenomina libertaria, para volver a dar ese debate en la escena judicial”.