Redacción Canal Abierto | Esta mañana fueron allanadas en el conurbano bonaerense cinco viviendas de dirigentes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y un comedor popular de la misma organización del barrio de Saavedra en la Ciudad de Buenos Aires. Con el correr de las horas, según informa a Canal Abierto el diputado nacional y dirigente de la CCC, Juan Carlos Alderete, los operativos se multiplicaron.
Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Federal Nº 2 de San Martín, a cargo de la jueza Alicia Vence, a raíz de lo que la organización considera una causa armada en 2019 durante el gobierno de Mauricio Macri, que ha sido reactivada ahora por este juzgado ante el humor político-mediático y la avanzada contra las organizaciones sociales y la supuesta intermediación en los planes sociales.
“Algunos jueces, aprovechando el momento político reactivaron estas causas. Están avanzando contra las organizaciones”, sostiene Alderete. “Vamos a analizar cómo respondemos a esto que es una provocación enorme”.
El diputado del PTP (Partido de los Trabajadores y el Pueblo) en el Frente de Todos explicó el origen de esta causa: “En el año 2019, algunos compañeros se fueron de la organización y presentaron una denuncia. Los proyectos en esos años, para hacer cursos de capacitación tenías que alquilar un local, tener mesas, sillas, mínimamente una computadora… Lógicamente entre los compañeros tenían que hacer una colecta y que cada uno colabore para solventar ese proyecto y poder cumplir los requerimientos. A partir de eso, algunos compañeros y compañeras que se fueron, presentaron una denuncia de que les sacábamos plata”.
A esa causa, armada al calor del conflicto social durante la gestión Macri, la reactivan oportunamente en este momento. En los operativos se les solicitó a los dirigentes sociales las planillas de altas y bajas en los programas sociales, algo que sólo maneja el Ministerio de Desarrollo; las organizaciones únicamente toman lista de la asistencia.
“Los allanamientos tienen intencionalidad política, hay un malestar tremendo. En estos momentos continúan los procedimientos y los compañeros casi se llegan a enfrentar en La Matanza con la Policía Federal, defendiendo a las compañeras que son muy queridas en el lugar. Nosotros estamos calmando las aguas porque lo que se quiere es que se desmadre la situación social”, comenta Alderete.
Te puede interesar: “Las organizaciones sociales tienen todo el derecho a autogobernarse” | Entrevista a Hugo “Cachorro” Godoy
La CCC denuncia que una de las compañeras allanadas es Julia Rosales, quien fuera víctima de un intento de asesinato a manos de un sicario en 2017. El 28 de agosto de ese año, durante el gobierno de Mauricio Macri, un individuo desde una moto le disparó cinco tiros a quemarropa cuando descendía de su automóvil en la puerta de su domicilio. El atacante huyó luego de los disparos.
Julia, coordinadora de la zona norte de la CABA, salvó su vida al protegerse con los brazos, siendo herida por tres balazos que no dañaron ningún órgano vital. El hecho nunca fue investigado a fondo y fue “cajoneado” por la justicia.
Según testigos de los procedimientos, la causa por los allanamientos de hoy está caratulada como “averiguación de delito”. Desde la CCC señalan que es una acción coordinada a nivel nacional y que la causa armada contra el dirigente chubutense Marcelo Barab en Comodoro Rivadavia va en el mismo sentido. Hubo una avanzada previa hacia el Movimiento Evita en la provincia de La Pampa, pero ya fue desactivada.
Todo indicaría que se trata de un movimiento judicial habitual de persecución a los sectores populares, que podría quedar legitimado públicamente por el debate que desataron las denuncias de la vicepresidenta Cristina Fernández contra algunas organizaciones sociales por lo que ella llamó “tercerización de los planes”.