Redacción Canal Abierto | La intervención del Astillero Río Santiago durante el gobierno de María Eugenia Vidal fue denunciada por malversación de caudales públicos, peculado y otros cargos. Los hechos ocurrieron en 2017, durante la gestión del macrismo, que al tiempo impulsaba una campaña mediática contra los trabajadores de la fábrica naval.
La denuncia fue presentada por la diputada provincial del Frente de Todos Susana González y alcanza al interventor Daniel Capdevila y al director de Recursos Humanos y de Seguridad, Ricardo López, quien además era agente de la AFI.
La presentación también involucra a funcionarios de la Procuración de la Corte bonaerense. Desde su titular Julio Conte Grand hasta el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta y los funcionarios de la Procuración Miguel de Lezica, Max Perkins y Francisco Pont Vergés.
La denuncia recayó en el juzgado federal Nº 1 de La Plata cuyo titular es el Dr. Alejo Ramos Padilla y se basa en dos ejes: por un lado el que investiga la posible comisión de actos de corrupción con perjuicio económico para la empresa estatal. Y por otro el entramado judicial.
El aspecto judicial es anterior y se inicia con una denuncia de Capdevila contra ATE Ensenada por supuestas irregularidades en la administración del comedor que entra durante el turno de Condomí Alcorta. «Él fue uno de los brazos ejecutores de Conte Grand. Cuando empieza a investigar, no lo hace con instructores judiciales, lo hace con personal de la Procuración y los peritos no son de la Asesoría Pericial o de la Corte, son de la Procuración», relata Susana González a Canal Abierto.
En dicha pericia se encuentran con una irregularidad por 95 millones de dólares. Se trataba del encargo por parte de White Sea S.A. de la construcción de cuatro embarcaciones. «Es una empresa offshore cuyo gerente general se llama Ricardo López. Sí, como el responsable de Recursos Humanos y Seguridad nombrado por Vidal», agrega la legisladora denunciante.
González advierte que el contrato por el que se encargan estas embarcaciones era bastante atípico. «No hay ningún tipo de licitación, no hay ningún tipo de plano de obra ni nadie que certifique esas actuaciones. Además, por ese trabajo el Banco Provincia emite cuatro cartas de crédito de importación por la suma de 95 millones de dólares que son depositadas Open Like, que es una empresa cuya sede está en Florida y que fue este disuelta voluntariamente el 20 de diciembre del 2017, o sea que cuando se labran las cartas de crédito de importación, la empresa ya no existía».
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La diputada provincial cuenta que «a partir de allí, todo el informe pericial que hace la Prefectura Naval Argentina consta tanto que no solo no existen esas chapas ni esos perfiles, sino que no existe nada de lo que dice la orden de compra que se encuentra en el Astillero Río Santiago».
Lo curioso es que esta misma denuncia termina volviendo en contra de quien la presentó. «En vez de investigar todas estas pruebas que le son acercadas por los propios peritos que él designó, lo que el fiscal hace es imputar a los dirigentes de ATA Ensenada por un faltante de facturas en la compra de mercadería del comedor, y dice respecto de esto que, si bien es relevante, entiende que no existe reproche penal en esa instancia. Así que las archiva y no investiga», subraya González.
A partir de la investigación, González no descarta que la cadena de responsabilidades culmine en el interventor del astillero. «Hay otra causa que hizo el doctor Llermanos en la que aparece un depósito en la cuenta personal de Capdevila del Banco Ciudad por una suma de mil millones de pesos. Nosotros queremos que se investigue esta situación, o sea, la malversación que se da, no solamente con funcionarios provinciales, sino con agentes del Agencia Federal de Inteligencia que son encubiertos nada más ni nada menos que por el fiscal Condomí Alcorta, que dentro de la estructura de la Procuración es uno de los fiscales que más elige el procurador Conte Grand para archivar causas o para instar causas que generalmente son armadas», manifiesta la diputada.
Y recuerda que al tiempo que esto ocurría, desde el gobierno de María Eugenia Vidal y el propio Mauricio Macri se iniciaba una campaña estigmatizante contra el astillero, al que el Presidente sugirió «dinamitar». «La gobernadora decía que era la única empresa que daba pérdida e hicieron un operativo mediático con el diputado Castello y Jorge Lanata para mostrar que en el astillero eran todos vagos y que no se trabajaba», concluye González.
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