Redacción Canal Abierto | En la noche del 4 de septiembre de este año se confirmaba el amplio triunfo del Rechazo al plebiscito constitucional que se gestó luego del estallido social chileno en octubre de 2019 y que pretendía enterrar para siempre la Constitución de Pinochet.
Al día siguiente, Gabriel Boric se comprometía a “construir en conjunto con el Congreso y la sociedad civil un nuevo texto que interprete a la gran mayoría ciudadana”. Ahora, luego de 98 días de negociaciones entre gran parte de las fuerzas políticas y movimientos sociales, Chile comienza un nuevo proceso constituyente.
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Para el llamado “Acuerdo por Chile”, desde la izquierda a la derecha tradicional han acordado un mecanismo diferente al de la Asamblea que, en 2021, intentó remover la matriz institucional heredada de la dictadura (1973-90). A diferencia de aquella experiencia, el camino será mucho más limitado.
Según reza el acuerdo, el proceso comenzará en enero y estará a cargo de un Consejo Constitucional de 50 miembros elegidos por voto popular que tendrán por único objeto discutir y aprobar una propuesta de texto de nueva Constitución y una Comisión Experta designada por el Congreso.
Dicha Comisión deberá presentar un anteproyecto al Consejo Constitucional, que será votado en abril. El Consejo se instalará el 21 de mayo y debe entregar el proyecto el 21 de octubre para ser validado un mes más tarde en las urnas.
Del acuerdo también se desprende que el 26 de noviembre o el 1 de diciembre del año próximo se realizará un plebiscito de salida obligatorio. En él se decidirá si el proyecto de Carta Magna se ratifica o no.
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La nueva Constitución partirá de algunas certezas compartidas que han sido remarcadas en el acuerdo: “Chile es un Estado social y Democrático de Derecho, cuya finalidad es promover el bien común; que reconoce derechos y libertades fundamentales; y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal; y a través de instituciones estatales y privadas”.
Además, en su primer punto subraya: “Chile es una República democrática, cuya soberanía reside en el pueblo”. Las bases constitucionales deben elaborarse a su vez sobre el reconocimiento de los pueblos originarios como parte de la nación chilena, “que es única e indivisible”.
En este sentido, se estableció que el Consejo Constitucional deberá ser paritario y tendrá representación de los pueblos indígenas en escaños reservados que serán asignados en base a la cantidad de votos recibidos, dándole al Consejo un número mayor a los 50 consejeros antes mencionados.
