Redacción Canal Abierto | La crisis desatada en Perú tras la destitución y encarcelamiento de Pedro Castillo no cesa y las movilizaciones populares continúan.
En diciembre pasado, miles salieron a la calle para exigir la renuncia de la presidenta designada -otrora vice de Castillo- Dina Boluarte y de los miembros del Parlamento. Durante aquellas jornadas se desató una ola represiva que dejó un saldo de al menos 60 personas muertas, cientos de heridos y numerosas violaciones a los Derechos Humanos que fueron constatadas por una Misión Internacional.
Incluso la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas pidió explicaciones a Boluarte por el accionar de las fuerzas armadas e instó al Ejecutivo a investigar y responder por los abusos.
Los manifestantes reclaman, además, la convocatoria a una Asamblea Constituyente que resuelva la disputa de poder que enfrenta al Ejecutivo y el Legislativo, y que en los últimos siete años significó la caída de seis presidentes.
A tres meses del derrocamiento del Gobierno elegido mediante el voto popular, todas las encuestas revalidan el sentimiento de descontento expresado en la calle: casi el 80% pide la renuncia de Boluarte y el adelanto de elecciones parlamentarias. “Quieren aparentar que todo se normalizó, pero ese no es el sentir de la ciudadanía: hay una convicción de que la crisis es profunda y se necesita un nuevo pacto social”, señala en diálogo con Canal Abierto la socióloga Anahí Durand, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú desde el comienzo del gobierno de Pedro Castillo, a mediados de 2021, hasta el 2 de febrero de 2022, cuando la segunda crisis ministerial se llevó puesto a casi todo el gabinete.
“Fueron 15 meses de gobierno en los que no dejaron hacer nada, fue un boicot permanente por parte de una elite peruana que ya tenía decidido sacarse de encima a Castillo desde el momento en que fue electo: primero, con denuncias de fraude electoral a sabiendas de que no lo hubo; y luego, con una maquinaria burocrática que se encargó de bloquear iniciativas como el referéndum sobre una reforma constitucional o la asistencia a las personas afectadas por la pandemia”, apunta.
El equilibrio de poderes en Perú se encuentra roto hace tiempo y mucho tiene que ver la Constitución impuesta por Alberto Fujimori en 1993. Para Durand, se trata de una normativa con la que los poderes fácticos aseguran el control del Ejecutivo por parte del Parlamento, impidiendo así cualquier intento de cambio impulsado por el voto popular y perpetuando el actual régimen de corte neoliberal. “Seis presidentes en siete años, sólo dos de ellos elegidos por mandato popular y el resto vía maniobras parlamentarias; es una crisis sistémica por donde se lo mire”, analiza.
La ex ministra califica al modelo económico vigente en Perú como “extractivista, sin beneficios para las grandes mayorías y cuantiosas ganancias para una pequeña clase dominante”: “la pandemia, que tan duro nos golpeó como país, fue una gran catalizadora de estas inequidades, pero también la posibilidad de un cambio de fondo que llevó a tener esta oposición tan férrea a la presidencia de Castillo”.
Cuesta encontrar analistas que no coincidan sobre este punto: con este marco institucional y reglas de juego, continuará repitiéndose la historia de un Congreso sacando y poniendo presidentes. Ante la consulta sobre una posible modificación de la actual Carta Magna peruana, Durand es contundente: “El texto vigente se ha reformado tanto que ya es un engendro, por eso pedimos un proceso constituyente que renueve de forma colectiva la carta constitucional; y que lo haga con la participación de todos, mujeres y poblaciones originarias”.
La Fiscalía de Perú acaba de pedir 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente y dos de sus ministros por presuntamente liderar una organización criminal. “Es cierto que ante un adelanto de elecciones, los sectores populares, democráticos y progresistas estamos frente al problema de no tener una figura a nivel nacional, por eso este gobierno antidemocrático se empeña en neutralizar a Castillo”, explica la socióloga, que de todas maneras mantiene la esperanza respecto al “surgimiento de liderazgos territoriales que nacieron con las protestas, es un momento de reconfiguración de la clase política”.
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Entrevista: Diego Leonoff