Redacción Canal Abierto | Con 128 votos contra 114, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Alquileres con las modificaciones que había enviado el Senado. ¿Qué significa esto para los inquilinos? ¿Cómo calcular de cuánto serán los aumentos?
La modificación más saliente de la ley es que los contratos entre propietarios e inquilinos se mantendrán por tres años y tendrán una actualización semestral, en lugar de una anual como establecía la norma hasta ahora.
Su valor deberá ser estipulado “en valor único en moneda nacional y por períodos mensuales sobre el cual podrán realizarse ajustes con periodicidad a intervalos no inferiores a seis meses”.
Cómo se calculan las actualizaciones
El cálculo para establecer esas actualizaciones se basa en el índice Casa Propia, que se define como “un coeficiente conformado por la menor variación que surja de comparar el promedio del 0,9 de la variación del coeficiente de variación salarial (CVS) publicado por el INDEC y la variación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), publicado por el BCRA”, sostiene el texto de la ley.
El CER se computa a partir de la tasa de variación promedio-diario del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes previo.
Así que, en otras palabras, los ajustes del valor del alquiler se realizarán teniendo en el menor indicador que resulte de comparar el 90% del promedio de variación salarial y el de inflación del último año.
El índice Casa Propia ya se utiliza desde 2021 para la actualización de las cuotas para los diferentes créditos que se enmarcan dentro del Programa Federal Casa Propia y Procrear II. De acuerdo con información suministrada por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, esta fórmula promueve una mayor estabilidad en la actualización de las cuotas, ya que contribuye a morigerar el impacto de eventuales hitos en la evolución de los salarios que respondan a períodos puntuales.
Beneficios para propietarios
Por otro lado, la ley también apunta a promover la oferta de viviendas en alquiler, ya que en su último párrafo sobre el artículo 9 determinó que “los ingresos provenientes de locación de hasta dos inmuebles estarán exentos del pago del monotributo”.
También exenta a los inmuebles en alquiler de ser contabilizados en el pago de bienes personales que realicen sus propietarios, quienes tampoco pagarán el impuesto al cheque en las cuentas bancarias destinadas a cobrar los contratos que se encuentren “debidamente registrados” ante la AFIP. Además las partes “podrán deducir del Impuesto a las Ganancias la suma equivalente al 10% del monto anual del contrato de locación”.
La iniciativa se aprobó con los votos del Frente de Todos —fuerza que la impulsaba—, del Movimiento Popular Neuquino, dos de Identidad Bonaerense, dos socialistas, un voto de Córdoba Federal, uno de Juntos por Río Negro, dos del Frente de la Concordia y cuatro de izquierda.
Mientras que recibió los votos en contra del bloque de Juntos por el Cambio, de los tres libertarios que responden a Javier Milei, uno de Juntos por Río Negro, uno de Identidad Bonaerense y uno de Córdoba Federal.
Repercusiones
Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, manifestó al respecto: “la pelea que dimos las organizaciones inquilinas contra el lobby del mercado inmobiliario fue enorme pero dio resultados”.
“Es un triunfo de la organización de las inquilinas y los inquilinos; ahora hace falta que se haga cumplir la norma, que la difundan de manera masiva, que haya ámbitos de denuncia y una política habitacional para que el alquiler sea un modo digno de acceso a la vivienda”, sostuvo por su parte el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) a través de su cuenta en la red social X (ex Twitter).
Por su parte, desde el sector inmobiliario, la presidenta del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba), Marta Liotto, explicitó un “enérgico rechazo a esta Ley de Alquileres que se sancionó esta madrugada” y adelantó que los contratos que se encuentran vigentes “hay que cumplirlos, hay que terminarlos”.
“Las leyes siempre son para adelante, esta reforma hay que publicarla en el Boletín Oficial y después entra en vigencia”, sostuvo en declaraciones a la agencia Télam.
Se calcula que esta ley repercute en la vida de 8 millones de personas, que son inquilinas.