Redacción Canal Abierto | Este jueves se inaugura al público la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Como todos los años, la sede de la Rural en Palermo albergará durante un mes al evento que congrega a la industria editorial y que marca el momento en la que ésta hace un balance y presenta su estado de situación respecto al cierre de la última entrega.
Este año la Feria se da en un contexto de contracción económica general, donde la actividad editorial no sólo no puede escapar a esa coyuntura, sino que es de las primeras en padecerla.
Así lo explicó en diálogo con Canal Abierto Juan Manuel Pampín, presidente de la Cámara Argentina del Libro, entidad participante en la organización: “la producción de libros en papel para el sector comercial bajó un 24% respecto de 2019, momento prepandemia, y un 40% respecto de 2016. Y tenemos una baja de ventas en librerías cercana al 40%. Pero más allá de eso, las editoriales pyme en Argentina como toda pyme estamos acostumbrados a resistir, así que intentamos por lo menos preparar el mejor modo”.
En tal sentido apuntó que “el libro es un bien de consumo, que está quizás en tercero, cuarto orden. Uno primero tiene que comprar comida, pagar el alquiler y los servicios y finalmente después si sobra algo vemos el resto. Entonces, si vemos en las noticias que cayó la venta de alimentos de la canasta básica, el que hoy deja de comprar comida, dejó de comprar libros hace rato”.
“Y ahí es donde estamos viendo esta caída muy fuerte caída de ventas en librerías. No tenemos todavía el relevamiento estadístico, lo vamos a tener de acá de un tiempo. Pero por lo que se deja entrever, no son buenas las expectativas”, lamentó.
Consultado acerca de si más allá del impacto que la caída general de la actividad genera en el universo editorial, alguna de las medidas implementadas desde el 10 de diciembre echó más leña al fuego en la actividad en particular, Pampín contó que en la primer versión de la Ley Bases se incluía la derogación de la Ley 25.542.
Se trata de la legislación que establece un precio de venta único para los libros en todo el país y que fue tomada de la Ley Lang de Francia. El nombre lo da Jack Lang, el ministro de cultura que impulsó la norma en ese país en 1981. La ley establece que un mismo libro debe venderse al mismo precio en todas las librerías del país.
“En una librería de La Quiaca, en una librería de Córdoba, en un local de cadenas de Trelew o de Neuquén, en un supermercado o Mercado Libre ese libro tiene que venderse al mismo precio. Este precio está determinado por el editor o el importador o quien sea el representante oficial de la marca si fuese una marca extranjera. Es una ley por la que nosotros nos estuvimos moviendo un montón en el mes de diciembre y enero porque la están queriendo drogar y básicamente lo entendemos como sumamente perjudicial para nosotros”, detalló el editor.
Y detalló que “esta legislación rige en países como Colombia, Perú, México en Chile que tomaron como modelo nuestra ley porque la consideran una ley virtuosa. También rige en Inglaterra, que en algún momento se quiso sacar y cuando se sacó a la realidad es que en un periodo de cinco años cerraron el 30% de las librerías. Entonces, lo que estamos queriendo es evitar eso. Queremos proteger el ecosistema que está conformado por muchísimas pequeñas editoriales y librerías que tienen un equilibrio muy finito. Nosotros pretendemos que ese equilibrio que siga sosteniendo”.
La ley fue sancionada en 2001, tras ser impulsada por las cámaras de editoriales y librerías. “Es una ley nosotros armamos y que el Estado nos ofrece un marco regulatorio en el año 2001, cuando se promulgó esta ley, que fue pedida por todo nuestro ecosistema”, recordó Pampín.
“La realidad es que hoy ni las grandes librerías, ni las grandes editoriales, ni las pequeñas librerías ni las pequeñas editoriales están de acuerdo con que se derogue. Además es una ley que por otro lado tampoco tiene ningún costo para el Estado. La única explicación que se trate de un lobby de las plataformas”, planteó.
Otro análisis que aventuró es que “lo hacen por una cuestión pura y meramente ideológica la realidad es que digamos no se entiende de otra forma. Leyeron que había precios fijos y se asustaron”.
Y recalcó que “editoriales como Siglo XXI y el Fondo de Cultura Económica y Pengüin Random House, que es el grupo editorial más importante del mundo, están a favor de esta ley. Y si te metés en el sitio de Cúspide te vas a encontrar con un cartel que dice `No a la derogación de la Ley 25.542´. Y es Cúspide, no te hablo de Casa del Sol en Lanús o Casa Lorenzo en Villa del Parque. No es que sólo las librerías pequeñas, sino que también las grandes la ven como una ley propicia para el mercado”, añadió.
“Nos ayuda a que nosotros compitamos pero no solamente por el precio porque entendemos que esa no es la única manera de competir, porque se puede competir por servicio, por calidad y por otro montón de cosas. Y lo que hoy creemos es que se va a ver afectada la bibliodiversidad, algo que es necesario en cualquier ecosistema”, concluyó.