Redacción Canal Abierto | Este jueves 14 de noviembre en tres audiencias, distintas organizaciones sociales, de derechos humanos y sindicales expondrán sobre los retrocesos en políticas públicas. Memoria, verdad y justicia, prevención, sanción y erradicación de las violencias de género, y políticas sociales y alimentarias son los principales ejes de los reclamos.
En un hecho inédito para la Argentina, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió tres audiencias temáticas para escuchar la información que diversas organizaciones de la sociedad civil reunieron sobre la vigencia de los derechos humanos en el país. Durante las audiencias, que son parte del 191° Período de Sesiones de la CIDH y se realizarán en Washington, el gobierno de Javier Milei deberá responder sobre el estado de las políticas de memoria, verdad y justicia; la situación de las políticas sociales y alimentarias, y los programas para la erradicación de las violencias de género y la promoción de la salud reproductiva.
Las audiencias temáticas fueron solicitadas por distintas alianzas de organizaciones de derechos humanos, políticas, feministas, sociales, académicas, sindicales y religiosas. Y en todas está citado el gobierno argentino.
La primera comenzará a las 13 (hora argentina) y tratará sobre el “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular en Argentina”. Con más de la mitad del país bajo la línea de la pobreza y un millón de niños y niñas que se van a dormir sin cenar, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) junto con el CELS y Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando (WIEGO), una ONG internacional, expondrán sobre la grave situación que están viviendo los sectores más pobres a partir de la destrucción de las políticas alimentarias y sociales.
La UTEP pidió audiencia luego de que el Gobierno nacional ignoró ocho fallos judiciales que le ordenaron al ministerio de Capital Humano repartir los alimentos que mantuvo capturados en los galpones de Villa Martelli (Buenos Aires) y Tafí (Tucumán).
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A las 16 será el turno de la audiencia “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género en Argentina”. Referentas del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Amnistía Internacional, la Fundación Mujeres x Mujeres, la FUNDEPS y el CELS expondrán sobre el estado precario de las políticas públicas destinadas a atender y erradicar la violencia de género y a garantizar el acceso a servicios de salud, especialmente de salud sexual y reproductiva. Concretamente, informarán sobre el desmantelamiento institucional, la reducción de personal y los recortes presupuestarios en programas, dispositivos e insumos, lo que afecta directamente a niñas, adolescentes, mujeres y diversidades.
La tercera y última audiencia será a las 18 y abordará el “Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos en Argentina”. Fue solicitada por organismos de derechos humanos, con decenas de adhesiones de un amplio arco de organizaciones de distinto tipo, universidades, sindicatos, clubes.
En Washington van a participar Estela de Carlotto y otras integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo, Paula Litvachky del CELS, Verónica Torras de Memoria Abierta y el escritor y profesor Martín Kohan. Desde la Casa por la Identidad, en Buenos Aires, van a participar de la audiencia en forma remota Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, y Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S Capital. También estará presente Graciela Lois de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, y por la sociedad civil se sumará un rector en representación del Consejo Interuniversitario Nacional.
Durante la audiencia, hablarán sobre el ataque a las políticas de memoria, verdad y justicia que la Argentina construyó con insistencia desde la recuperación democrática. También sobre el desfinanciamiento de áreas sensibles del Estado, el cierre de programas que contribuían con información a las causas abiertas por delitos de lesa humanidad, el despido de personal especializado, la modificación de normativas.
“Estas y otras medidas tomadas en menos de un año atentan contra un proceso en el que estaban comprometidos los tres poderes del Estado y que es reconocido a nivel internacional. Estas medidas se dan en medio de discursos oficiales negacionistas, relativistas y reivindicatorios de la violencia estatal durante la dictadura”, advierte el Centro de Estudios Legales y Sociales.
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Fuente: CELS