Redacción Canal Abierto | Como preludio a la publicación del decreto presidencial que anuncia un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno vino trabajando para instalar dos ideas en la opinión pública. La primera, que el préstamo ya es un hecho. La segunda, que la nueva deuda no es tal.
Ambas afirmaciones responden a necesidades distintas, que en la práctica son la misma: calmar a los mercados asegurando que el dinero ya está, y disponer de los dólares lo más rápido posible para que no vuelvan a intranquilizarse. Esto último, lo lograría salteándose la obligatoriedad constitucional de que cualquier nueva deuda sea aprobada por el Congreso.
A la pregunta ¿por qué la urgencia?, las primeras ocho páginas de un decreto de diez tratan de explicarlo, sin éxito. Los economistas arriesgan otras respuestas.
¿La última carta?
“Un nuevo acuerdo con el FMI parece ser la última carta del Gobierno para llegar a las elecciones sin una crisis externa”, asegura el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), dirigido por Andrés Asiain.
Según su análisis, la gestión Milei-Caputo logró terminar 2024 pudiendo hacer frente a los vencimientos de deuda sin tener acceso al mercado a través de dos mecanismos: la acumulación de reservas (gracias a una recesión que bajó el nivel de importaciones, a la postergación del pago de una parte de las mismas y a la emisión de BOPREALES), y el blanqueo de capitales.
Pero en 2025 hay vencimientos por más de US$ 15 mil millones, una cifra que podría incrementarse si, por ejemplo, se comienza a cancelar el swap con China o si el Banco Central continúa utilizando dólares para contener la brecha cambiaria. De esta manera, una inyección de divisas provenientes del organismo internacional de crédito parece ser la única salida para sostener este modelo, aunque tampoco está exenta de contradicciones.
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“Históricamente, las políticas del Fondo se opusieron a los esquemas de apreciación cambiaria y a la utilización de reservas para contener el precio del dólar. También al cepo cambiario. Desarmar este andamiaje y/o devaluar para acceder a dólares frescos significaría un recalentamiento de los precios, caídas más pronunciadas de los ingresos, y un efecto negativo en las elecciones —aseguran desde el CESO—. Caso contrario, dilatar el acuerdo con la intención de recibir fondos adicionales sin devaluar, corre el riesgo de que esos fondos no lleguen a tiempo para enfrentar las necesidades de financiamiento mencionadas y el apoyo del mercado a este modelo se termine de disipar”.
Una mirada similar arriesgan desde la consultora Vectorial, dirigida por Eduardo Hecker y Federico Sánchez. De acuerdo con su último informe, la presión para cerrar con “con cada vez mayor premura” el acuerdo con el FMI viene de los malos datos del balance cambiario.
“El sinuoso camino atravesado en el comercio de bienes y servicios, y ante una negativa del Gobierno de revisar la regla cambiaria, obliga a la administración de Milei a depender de ingresos exógenos de divisas, como ser el acuerdo con el FMI, y quizás en un plano ideal de grandes inversiones vía RIGI (que aún no llegan) para detener la caída en las reservas brutas que durante este 2025 no han dado indicios de reversión —plantea la consultora—. No obstante, de no corregirse estos desequilibrios con un salto exportador o, en el caso menos deseable, con un salto discreto del tipo de cambio, el tiempo ganado podría ser demasiado efímero”.
Es deuda
Por su parte, el economista Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular y fundador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) hace hincapié en desarmar el planteo de que no se trata de un nuevo endeudamiento. “Argentina sigue debiendo lo mismo y hoy se apresta a incrementar la deuda con el organismo y a mantener la supervisión y control del FMI sobre la política económica del país”, advierte.
Luego agrega: “Es un crédito geopolítico cuyo objetivo es mantener control sobre la política económica de la Argentina a efectos de evitar que los vínculos comerciales y económicos con China se profundicen”.
Durante la gestión de Mauricio Macri, también con Luis “Toto” Caputo al frente del Ministerio de Finanzas, el país tomó deuda con el FMI por US$ 44.900 millones de dólares. Hasta el momento, lleva pagados US$ 12.600 millones, pero la deuda de la Argentina con el Fondo sigue siendo de US$ 41.400 millones.
“El tema de fondo no fue nunca que Argentina pague —asegura Lozano—. El crédito se otorgó durante el gobierno de Macri, pero con la clara intencionalidad de que el gobierno que siguiera, sea cual fuese, tuviera que seguir discutiendo su rumbo con el FMI y, concretamente, con los Estados Unidos. A estas ilegalidades se agrega ahora la decisión de Milei de pretender aprobar por DNU un nuevo acuerdo con el organismo. El FMI no es solución, es parte del problema. Las deudas se pagan, las estafas no”.
En la misma línea opina el CESO, cuyo estudio afirma que un nuevo préstamo significa que el FMI vuelva “a tener el rol de juez del futuro de nuestro país”.
En tanto, el Foro Economía y Trabajo —del que forman parte reconocidos economistas como Horacio Rovelli, Ricardo Aronskind, Raúl Dellatorre, Marisa Duarte, Roberto Feletti, Felisa Miceli, y José “Pepe” Sbatella, entre otros— advirtió que “las condiciones de ese acuerdo no se hacen conocer pues implican la cesión de importantes activos nacionales, y profundizarán el ajuste económico impuesto por el actual gobierno para acelerar una brutal transferencia de recursos de los trabajadores, jubilados y familias hacia las grandes corporaciones financieras; las grandes exportadoras, importadoras y oligopolios formadores de precios; y los comisionistas u operadores que pudieran estar vinculados”.
Ilustración: Marcelo Spotti