Redacción Canal Abierto | En la administración Cambiemos, la expulsión de inmigrantes fue en aumento. Gracias al decreto 70/2017 que impulsó el presidente Mauricio Macri en enero de este año, el procedimiento se facilitó al punto que no requiere estar condenado. Esto contradice abiertamente la Ley de Migraciones, la Constitución y múltiples tratados internacionales. Pero eso no lo detiene.
“Lo que es grave de este decreto es que facilita la expulsión de inmigrantes por haber cometido delitos, por haber estado involucrado en delitos o por haber sido denunciado, porque no se requiere la condena firme para la expulsión. Con lo cual una persona que está procesada pero no ha llegado al fin de su juicio puede ser expulsada por decisión del Poder Ejecutivo”, explica Lucía Galoppo, abogada de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), una de las organizaciones que impulsó un amparo para impugnar el decreto y lleva adelante la campaña #SerMigrante no es delito.
Según un informe publicado recientemente por Infobae, en 2015 sólo hubo dos inmigrantes deportados del país; en 2016, el número llegó a 33; y en lo que va de 2017, ya son 65 los extranjeros expulsados. Esto representa un aumento del 3.150% en dos años. Sin embargo, sólo el 6,2% de la población carcelaria es migrante y es muy poco significativa la participación en delitos de este colectivo. Entonces, ¿por qué las expulsiones?
“Cuando hay un contexto de crisis siempre es lo más sencillo culpar a la minoría, sobre todo aquella minoría que no tiene derecho a voto”, asegura Galoppo.
En esta entrevista, qué significa el DNU 70/2017, por qué las organizaciones de derechos humanos lo consideran inconstitucional y cuáles son las verdaderas razones del Gobierno para impulsarlo.