Redacción Canal Abierto | Vanessa Gómez es joven, peruana, enfermera, madre de tres hijos pequeños y a principios de febrero de este año ya llevaba quince años viviendo en la Argentina cuando la policía fue a buscarla a su casa. Tres días después, luego de dejarla detenida junto a su hijo de 2 años sin explicaciones, la Dirección Nacional de Migraciones la deportó a su país natal.

“Vanessa cumplió una condena en el año 2014. Luego de ese paso por la prisión muy breve, se dedicó a estudiar. Se recibió de técnica superior en Enfermería, tomó varios cursos y empezó a trabajar. También es madre de tres hijos, los tres son argentinos y tienen 2, 5 y 14 años”, relata Juan Villanueva, abogado de la joven.

Sus hijos mayores quedaron en la Argentina, separados de su mamá. “La mayor está teniendo algunos problemas para hablar en función de esta situación. El más chiquito piensa que su mamá está trabajando y pregunta todos los días cuándo vuelve”, cuenta el defensor.

Frente a esta situación, Villanueva, junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), Amnistía Internacional y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de medidas cautelares en favor de Vanessa, y sus tres hijos.

“El objeto de esta cautelar es evitar el daño irreparable a sus derechos a la integridad y a la protección de la familia y al derecho a la identidad de los niños, producto de la situación grave y urgente que enfrentan a causa de la expulsión del país de Vanessa Gómez Cueva y su hijo menor, con la subsiguiente separación de la familia”, explica el comunicado emitido por las organizaciones.

El mecanismo de medidas cautelares se encuentra previsto en el artículo 25 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y permite que la Comisión solicite que un Estado adopte medidas ante situaciones de gravedad y urgencia que presenten un riesgo de daño irreparable a las personas. Su utilización ha servido para evitar daños a la vida e integridad personal de las personas como sujetos de derecho internacional de los derechos humanos.

“El Estado debe levantar la prohibición de ingreso de Vanessa al territorio de la República Argentina, dejar sin efecto toda orden de expulsión en su contra, y garantizar la reunificación familiar -a través de su retorno y el de su hijo menor al país- y el acceso de Vanessa a la regularización migratoria”, sostiene su abogado.

La expulsión de Vanessa y su hijo menor se enmarca en un contexto regresivo en materia de derechos de las personas migrantes en la Argentina. En enero de 2017 se formalizó en el país una reforma en la política migratoria a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/17, mediante el cual se modificaron algunos aspectos de la Ley de Migraciones N° 25.871. Este DNU estableció un procedimiento sumarísimo que vulnera las garantías procesales y el derecho de defensa. En particular, estableció una limitación a la dispensa por unidad familiar incluida en el artículo 29 de la referida ley.

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